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La trayectoria de este penal estuvo marcada por la controversia, no solo por las demoras en su construcción, sino también por los aspectos relacionados con su financiamiento. Esta cárcel fue parte de un conjunto de instituciones penitenciarias que fueron adjudicadas por la administración de Néstor Kirchner en 2003, cuando Horacio Rosatti ocupaba el cargo de Ministro de Justicia. Este proceso generó un expediente en la Justicia Federal debido a presuntas irregularidades.
Finalmente, en 2008, el proyecto fue relanzado. “En ese momento, se tramitaron las tierras y recién en el 2015 se empezó a ejecutar con el gobierno de Mauricio Macri. En el gobierno de Alberto, atravesado por la pandemia del coronavirus, estuvo prácticamente parada o se avanzó muy poco”, explicó Curi.
“Ellos querían terminar esta cárcel con fondos de ACARA. Bueno, nunca lo pudieron hacer, no lo pudieron hacer y la dejaron así tirada. Si bien a nosotros nos costó porque todavía había obra que hacer, en menos de un año la terminamos. Antes no se había terminado porque no querían poner la plata, porque no tenía la decisión política", afirmó el funcionario. Cabe destacar que antes de la administración de Milei, el Servicio Penitenciario Federal estaba bajo la supervisión del Ministerio de Justicia.
En este contexto, se destacó la firmeza y determinación de Patricia Bullrich: “La cárcel se termina por el impulso de Patricia. Fue uno de los objetivos que nosotros nos pusimos en la gestión, tiene que ver con el plan de seguridad que estamos desplegando, con el Plan Bandera, los pabellones de alto riesgo y todas las políticas de seguridad que estamos implementando en Rosario”. A pesar de ello, es importante señalar que, por el momento, el penal no albergará a detenidos de alto perfil, como líderes del narcotráfico.
Asimismo, se subrayó que “desde Ezeiza a Chaco no había ninguna cárcel federal”. Por tal motivo, consideró que “era necesario para el centro del país un establecimiento penitenciario que tomara las necesidades tanto de Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos”.
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“Es un penal que se emplazó en la ciudad de Coronda, que está a 50 kilómetros de Santa Fe capital y en un punto neurálgico, casi en frente del río Paraná. Tiene cerca Rosario y Corrientes”, añadió al referirse a su ubicación, que se considera "estratégica".
El nuevo centro penitenciario no dispondrá de módulos de alto riesgo, pero la creación de más espacios es crucial para el sistema penitenciario. “Como tenemos 464 plazas más, tenemos más nivel de rotación internos y vamos a recibir presos federales que estén en cárceles provinciales”, explicó el Secretario. Además, resaltó que “esto va a desagotar las comisarías y va a permitir que la Policía pueda salir a hacer su trabajo de prevención comunitaria”.
“Una vez que nosotros tengamos a los internos, vamos a hacer una categorización y los que sean complicados no van a esta unidad. Porque además es una política penitenciaria nuestra alejar al delincuente peligroso. No estamos hablando de un ratero, sino de aquel que tenga la capacidad de operar desde la cárcel o corromper al servicio penitenciario o a la población penitenciaria. Si un interno presenta estas características, lo vamos a llevar a nuestras cárceles de máxima seguridad”, indicó.
La nueva cárcel estará compuesta por cuatro módulos: dos de ellos contarán con celdas compartidas y los otros dos con celdas individuales. Además, incluirá patios internos para actividades recreativas y un espacio educativo que contará con seis aulas dedicadas a la capacitación de los reclusos.
Trabajo en las cárceles
El secretario de Asuntos Penitenciarios abordó la controversia surgida a raíz de un anuncio reciente del Gobierno sobre el trabajo no remunerado llevado a cabo en las prisiones federales. Esta situación derivó de una resolución firmada por Bullrich que fue publicada en el Boletín Oficial.
A partir de ahora, los reclusos tendrán la obligación de realizar labores de limpieza y mantenimiento en las instalaciones penitenciarias donde se encuentren. En caso de no cumplir con esta responsabilidad, se enfrentarán a sanciones que les limitarán el acceso a ciertos beneficios.
En esta ocasión, Curi precisó que “la Ley de Ejecución Penal entiende que el trabajo en contexto de encierro tiene una finalidad de reinserción social. Entonces, vos tenés que ofrecer trabajo y el interno cobra porque así lo dice la Constitución y los tratados firmados. Pero, al mismo tiempo, el artículo 111 de la Ley establece claramente que el interno debe comprometerse con el mantenimiento y la conservación del lugar que habita”, señaló.
Y siguió: “Lo que van a hacer es lo que hice yo, lo mismo que hiciste vos y lo que hacemos todos, que es ordenar nuestra casa, limpiarla, lavar el baño, etc. Vos tenés que colaborar en el mantenimiento del lugar donde vos estás y, además, las cárceles deben ser sanas y limpias. Por supuesto, que el kirchnerismo abandonó todo eso: la cárcel estaba llena de ocio, no los obligaban a hacer nada porque había una concepción muy de victimizar al delincuente”.
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“Lo que nosotros venimos a hacer es decir, por un lado: ‘Miren, muchachos, nosotros estamos comprometidos en darles trabajo productivo, como dice la ley. Por ejemplo, que fabriquen los uniformes del personal en los talleres de confección y costura”, detalló. Además, agregó que el mobiliario de la nueva prisión fue fabricado en una carpintería del Servicio Penitenciario. “No se compró nada de afuera”, afirmó.
“Otra parte -siguió- es el mantenimiento de del lugar donde vos vivís. O sea, nosotros estamos en contra de la cultura tumbera, de vivir con todo desordenado”, continuó.
“Cuando llegamos, cambiamos la historia criminológica. Porque esa idea de dejar de lado a los internos, dejarlos sin hacer nada, tenía como contrapartida que por el solo hecho de estar presos, cumplían las etapas del tratamiento penitenciario", aseguró.
“Nosotros hacemos una evaluación de la readaptación que el interno hace en relación al delito cometido, la comprensión del delito y la necesidad de reinsertarse para progresar. El progreso, tiene beneficios y, para alcanzarlos, tiene que tener buena conducta. Si vos no limpias tu lugar, si vos no colaboras, si vos te negás a hacer lo que tenés que hacer, no progresas en el tratamiento penitenciario y no accedés cambiarte de pabellón para estar mejor o a un trabajo remunerado, entre otros beneficios", añadió. “Es un cambio de paradigma en el que, además, estamos poniendo en otro lugar a la fuerza”, expresó.
“El guardia tiene el deber de informar que el interno no colabora y no es sencillo. Nosotros estamos imponiendo en alto riesgo restricciones a las comunicaciones, restricciones a las visitas, restricciones a lo que el interno puede tener en la celda. Imagínate la inquietud que tenía el personal, pero ¿qué hicimos? Lo firmamos desde el Ministerio, lo firma la Ministra, lo firmo yo. Y bueno, y así nos ha ido con los hábeas corpus, hemos ganado todos. ¿Por qué? Porque lo hacemos dentro de la ley. O sea, nosotros no vamos a hacer nada que la normativa vigente no nos autorice", concluyó.
