Una marcha organizada para protestar contra el ajuste a los jubilados, a la que se sumaron hinchas y “barrabravas” de distintos equipos de fútbol así como a organizaciones de izquierda, culminó en serios disturbios en los alrededores del Congreso.
Debido a un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad, los manifestantes no pudieron congregarse en el lugar previsto, lo que permitió que grupos violentos entraran en confrontación con la policía y gendarmes, quienes respondieron dispersándolos con gas lacrimógeno y disparos de balas de goma.
Pocas horas después de ser aprehendidas en los disturbios ocurridos durante la manifestación en el Congreso, Karina Andrade, jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15, ordenó la liberación de 94 personas, aunque quedaron imputadas.
Un total de 71 hombres y 23 mujeres fueron detenidos por la Policía de la Ciudad. La gran mayoría de ellos fueron arrestados por cargos de atentado y resistencia a la autoridad.
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Hubo decenas de detenidos durante los incidentes en el Congreso
“A raíz del pedido de la defensa, he analizado la información que fue brindada y entiendo que respecto de las detenciones informadas se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión, en un día como hoy donde se convoca desde los sectores más vulnerables de nuestra Nación como son los adultos mayores protegidos convencionalmente, desde el Poder Judicial corresponde atender a ello especialmente", expuso Andrade en su decisión.
La jueza añadió: “Considero que, sin perjuicio de no emitir opinión respecto de la aplicación del derecho de fondo, o a la investigación que podrá continuar la fiscalía, la complejidad de derechos en juego para informar y determinar la existencia de una conducta penal impide la aplicación del trámite de flagrancia. Por lo tanto, para darle mayor celeridad a la ejecución de la resolución, se adelanta este extracto y dispongo la inmediata soltura de los detenidos informados con relación a los sucesos en el Congreso de la Nación”.
Tras la decisión de Andrade, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expresó su descontento por la liberación de la mayoría de los detenidos la noche anterior. “Debe funcionar la aplicación de la ley con más dureza y si detienen a 130 o 140 personas y a las pocas horas una jueza dice que estaban defendiendo derechos y los libera. Es muy difícil combatir la violencia organizada”, afirmó.
Afirmó que “hay movimientos políticos orientados a desestabilizar al gobierno”. Según él, estos están respaldados por opositores y los relacionó con el kirchnerismo y la izquierda. En la noche, se llevó a cabo una movilización hacia la Plaza de Mayo para exigir la liberación de los detenidos y expresar su rechazo a la represión policial.
El jefe de Gabinete aclaró: “La policía trabaja en la identificación de las personas que participaron, porque claramente hay filmaciones de todo. Van a intentar identificar a los violentos para proceder a su detención, a la denuncia y procesos que correspondan judicialmente".
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Daños a un vehículo estacionado en las inmediaciones del Congreso
En un comunicado emitido por el Ministerio de Seguridad, se brindaron detalles concretos sobre las personas detenidas y lesionadas durante el operativo de seguridad. Las Fuerzas Federales arrestaron a 25 individuos, mientras que la Policía de la Ciudad detuvo a 99. Como resultado de los enfrentamientos, 26 agentes resultaron heridos, incluyendo a uno que sufrió una herida de bala que necesitó cirugía. Asimismo, el SAME reportó que 20 manifestantes estaban heridos, con algunos siendo llevados a los hospitales Argerich y Ramos Mejía, donde uno de ellos se encuentra en estado grave.
Patricia Bullrich, estuvo atenta a la manifestación y, al caer la noche, expresó su preocupación: “Lo de hoy es de una gravedad inigualable. Muchas de las personas que vinieron a esta marcha, barras, agrupaciones de izquierda, miembros de agrupaciones kirchneristas, distinta gente que se nuclea políticamente para voltear al gobierno, vinieron preparados para matar”. El jefe de gobierno, Jorge Macri, estuvo supervisando el operativo, pero separado de la ministra de Seguridad.
El SAME comunicó posteriormente que, debido al “enfrentamiento entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, 6 personas debieron ser trasladadas a diferentes hospitales”, incluidos el Ramos Mejía y el Argerich. Por su parte, el Ministerio de Seguridad detalló que las fuerzas de seguridad registraron un total de seis heridos, tres de la Policía Federal y tres de la Prefectura Naval. También se informó que “se incautaron dos armas de fuego de tipo tumbera, dos cartuchos de escopeta calibre 12 y un arma blanca, un cuchillo de tipo carnicero”.
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que se produjeron daños en seis vehículos y dos patrullas, cada uno de estos tiene un valor de 55 mil dólares. Asimismo, los manifestantes causaron vandalismo en cestos, contenedores y veredas, por lo que calculan que la cifra necesaria para restaurar el mobiliario dañado durante la protesta asciende a aproximadamente $275 millones.
