La Cámara de Casación Penal acaba de emitir un fallo de más de mil páginas que condena a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. La decisión, de dos votos a uno, no refleja que uno de los jueces estuviera en desacuerdo, sino que solicitó una condena aún mayor: doce años, como en su momento había propuesto el fiscal Diego Luciani.
Mientras la sociedad argentina debate cómo fortalecer la institucionalidad y proteger la división de poderes, surgen preguntas incómodas. ¿Qué significa defender una democracia si no hay puntos en los que confiar? Este fallo, que debería ser un acto de justicia, parece desnudar un sistema roto en el que la confianza se ha perdido. Hoy, la Cámara de Casación, máxima instancia penal antes de la Corte Suprema, confirma lo sentenciado en un juicio oral, en el que participaron varios jueces y fiscales. Y aun así, estamos en la duda.
Desde hace años, el caso gira en torno a la figura de Lázaro Báez, quien, sin experiencia en obra pública, se convirtió de un día para otro en receptor de concesiones millonarias. Los jueces encontraron que este empresario recibió contratos modificados mediante decretos presidenciales, en un esquema que permitió desviar fondos y defraudar al Estado en miles de millones de pesos. Uno de los jueces de Casación, Gustavo Hornos, ha sostenido que Cristina Kirchner formaba parte de una asociación ilícita junto a otros implicados.
Pero este fallo, con sus más de mil páginas y los argumentos de tres instancias judiciales, genera una fractura en nuestra democracia. ¿Cómo es posible que una sociedad siga discutiendo si esta sentencia es legítima o una “persecución”? Los simpatizantes de la ex presidenta y quienes están en su contra interpretan los hechos a su manera. Pero si después de todas estas instancias judiciales seguimos hablando de conspiraciones, la verdad de los hechos parece volverse irrelevante.
¿Persecución o justicia?
El argumento de persecución, que figura en las declaraciones de muchos dirigentes y periodistas, como Axel Kicillof y Roberto Navarro, plantea que la condena contra Cristina Kirchner es fruto de una campaña impulsada por sectores judiciales, políticos y mediáticos para proscribirla. Kicillof calificó el proceso como un “juicio armado por el Partido Judicial”, mientras que Navarro afirmó que “todos los empresarios, periodistas y políticos saben que Cristina es inocente”, y que la población cree en su culpabilidad solo porque los medios lo han instalado.
Si la respuesta es esta, ¿dónde queda la justicia? La posibilidad de recurrir a la Corte Suprema sigue vigente, y es importante recordar que Cristina Kirchner no irá presa de inmediato. Sin embargo, los defensores de la ex presidenta sostienen que el fallo está “escrito de antemano” y que los medios de comunicación colaboraron en montar una causa política, al igual que en los procesos que se siguieron contra otros dirigentes populares de América Latina, como Lula da Silva en Brasil.
Hoy, muchos argentinos ven las noticias o escuchan la radio según su postura ideológica. De un lado, se ve a la ex presidenta como una “chorra y corrupta”, y en otro canal, esta idea es impensable. Este fallo, lejos de generar certeza, solo acentúa la división y deja a la ciudadanía en un limbo de interpretaciones.
La fragilidad de la democracia ante un fallo inapelable
El problema es profundo. Después de leer el fallo, quedan las mismas preguntas: ¿puede esta sentencia sanar nuestras fracturas? Desde el poder judicial, en una primera instancia, en un juicio oral y ahora en la Cámara de Casación, se determinó que la ex presidenta fue culpable de delitos de corrupción que resultaron en un inmenso desfalco para el Estado. Pero ante la disparidad de opiniones y el rechazo a las conclusiones de las investigaciones judiciales, ¿cómo seguimos?
El gobernador Kicillof afirma que el fallo es una “condena sin pruebas”, en la misma línea que Juan Grabois, quien responde en tono belicoso a las críticas con frases como “no estás a la altura de Cristina ni en puntitas de pie”. Sin embargo, mientras algunos insisten en que es una persecución, otros celebran la sentencia como un acto de justicia y rescate institucional. Mauricio Macri y Patricia Bullrich destacan que la condena refuerza la idea de un país que respeta las instituciones y la justicia.
Ante este escenario, resulta difícil “creer” en algo. La democracia como sistema debería proveer a la ciudadanía un mínimo punto de apoyo. Sin embargo, el fallo no parece traer claridad, sino profundizar la división. Lo que debería ser un cierre judicial en torno a un caso de corrupción de alta relevancia se convierte en una duda, que se discute a gritos en redes sociales y que pone en juego la confianza en la justicia y en el sistema democrático.
