En una nueva edición del ciclo de charlas “Ampliando Perspectivas”, Marcelo Pérez, director ejecutivo de la consultora AIC Economía, profundizó en las necesidades que Uruguay tiene en materia de infraestructura para el período 2025-2029. A lo largo de su disertación, abordó los desafíos y oportunidades de los sectores transporte, energía, real estate, recursos hídricos e infraestructura social.
En materia vial, el director ejecutivo habló de la importancia del mantenimiento de las rutas. Según las estimaciones de la consultora, es necesaria una inversión de entre US$ 360 y US$ 458 millones anuales para mantener la red vial del país. En el caso de la caminería rural, la estimación es de US$ 55 millones al año y en lo que refiere al transporte ferroviario, proyectan que se requieren US$ 350 millones para mejorar la red. En el transporte fluvial, entender la dinámica general e impulsar su integración con el sistema ferroviario, constituyen algunos de los principales desafíos, según Pérez.
Asimismo, desde AIC consideran que en los próximos años será fundamental optimizar la movilidad urbana y para ello, señalaron que en esta área se requieren obras y ajustes integrales del sistema en torno a corredores troncales, con vehículos de gran capacidad y líneas alimentadoras.
“Se requiere una nueva institucionalidad o entidad que permita generar una coordinación entre todos los actores clave”, destacó Pérez.
Además, detalló que actualmente la diferencia de tiempo de viaje entre un auto y el transporte público en Montevideo es de 45 minutos, una demora que consideró bastante elevada en comparación con las de otros países de la región.
En materia de recursos hídricos, en el evento se abordó la necesidad de ampliar las fuentes de abastecimiento, generar represas multiprediales para riego, avanzar en un plan de universalización de saneamiento y en la implementación de un plan de gestión de aguas pluviales urbanas.
En lo referido al real estate, Pérez destacó el rol de la Ley de Vivienda Promovida como un pilar de este tipo de obras y manifestó que el próximo gobierno busca hacer foco en la reactivación de programas sociales, así como en la implementación de una política nacional de alquileres, el fortalecimiento del Fondo Nacional de Vivienda y Urbanismo y la Comisión Asesora de Vivienda.
A su vez, se proyecta eliminar las cargas impositivas a la inversión en los programas de vivienda social con financiamiento público, disminuir la existencia de viviendas y terrenos vacíos, y promover la participación privada en el financiamiento del desarrollo del sector.
En relación a obras vinculadas con energía, el director de la consultora mencionó la importancia de mantener la capacidad instalada y habló de la oportunidad que implica el hidrógeno verde. En tanto, en el área de infraestructura social, desde AIC mencionaron que los requerimientos de las escuelas de tiempo completo y el hacinamiento en las cárceles son los principales temas a abordar.
La mirada de los protagonistas del sector
"Estamos en una meseta muy buena de desarrollo institucional e industrial y tenemos que ir al próximo estadío de desarrollo”, sintetizó Marcos Taranto, presidente de la constructora Stiler, sobre el momento que atraviesa la industria. En este sentido, reconoció que los recursos son finitos y que las prioridades son la educación, la salud y la seguridad, “por lo que la que siempre termina sufriendo es la infraestructura”.
“Las necesidades (de inversión en infraestructura) son mucho más grandes que la capacidad fiscal que pueda tener cualquier gobierno que esté actuando en Uruguay, por lo que esto requiere dos cosas: creatividad y trabajar mancomunadamente”, sostuvo Taranto.
En este escenario, en materia de infraestructura, el presidente de Stiler dijo que "siempre se termina invirtiendo lo que queda y no lo que se debería", y enfatizó en que durante los últimos períodos de gobierno, Uruguay ha hecho un gran esfuerzo pero el porcentaje de inversión en esta área ha sido insuficiente.
En cuanto al cambio de gobierno, el presidente de Stiler mencionó que a pesar de que pasen los gobiernos, las políticas de infraestructura tienen que quedar y desarrollarse más allá de los énfasis de cada administración.
Por su parte, Fabián Ibarburu, gerente general de CAF-AM, analizó las bases programáticas del Frente Amplio (FA) en lo relativo a inversiones e infraestructura.
En materia de cadenas productivas, repasó las propuestas de investigación y desarrollo de las biorrefinerías, la limitación de la forestación a suelos de prioridad forestal y la potenciación del Instituto Nacional de Colonización (INC) a efectos de fortalecer las políticas de adquisición de tierras. Esto último, estimó, podría impactar en el valor del mercado de la tierra. “Los flujos futuros de INC pueden ser securitizados para adquirir nuevas tierras”, adelantó.
Por otra parte, en lo que refiere a energía renovable, mencionó el impulso que se prevé a este sector, algo que se viene dando a lo largo de todos los gobiernos. Además, sostuvo, la próxima administración menciona en sus bases programáticas la importancia de regular el hidrógeno verde y destacó la potencialidad de Uruguay en este sector.
En política fiscal y tributaria, Ibarburu repasó que el programa del FA menciona que la atracción de capitales debe basarse en la generación de auténticas ventajas competitivas y prevé perfeccionar los mecanismos de promoción y exoneración de inversiones.
Uno de los puntos que no se menciona en el programa, sostuvo Ibarburu, es lo referido a las relaciones fronterizas, por ejemplo qué se hará en la Laguna Merín y qué pasará con el proyecto de la hidrovía.
