La fiscal del caso Astestino Sabrina Flores, pidió a la Justicia el sobreseimiento de los excónsules en Rusia Stéfano Di Conza y Gustavo Piegas, ambos imputados a pedido de la entonces fiscal Gabriela Fossati por la expedición de pasaportes uruguayos con documentación adulterada.
Cumplido el plazo de un año que la fiscal había pedido para continuar la investigación llegó a la conclusión de que no se pudo probar que hubieran tenido participación en el caso, informó El País y confirmó El Observador, según surge del dictamen de Flores presetando a la Justicia.
En el dictamen por el que pidió sobreseer a ambos diplomáticos que cumplieron funciones en la embajada de Rusia, entre 2013 y 2018 (Di Conza), y de 2019 a 2022 (Piegas), apuntó a una funcionaria que había sido contratada en Moscú en 2007 y en 2013 había sido nombrada oficial de Cancillería y era quien hablaba el idioma ruso.
Si bien los trámites llevaban la firma digital de los cónsules que se encontraban en el ejercicio de sus funciones, la fiscal Flores concluyó que no se los puede responsabilizar por su participación en los hechos, como plantearon sus defensores, los abogados penalistas Florencio Macedo (Di Conza) y Marcelo Domínguez (Piegas).
Flores afirmó que de las pericias a los celulares, tampoco surgieron elementos que los involucren. A Piegas le incautaron el celular al ser detenido y no se encontraron datos relevantes a la investigación. En el caso de Di Conza, el celular se le incautó tiempo después y de la pericia surge, en base a videos y fotos, que en varias oportunidades en que se utilizaba el sistema informático con su usuario y su clave, se encontraba en otro punto de la ciudad o incluso en el extranjero.
La denuncia fue realizada por la Dirección Nacional de Identificación Civil luego de constatar que se estaban expidiendo pasaportes en base a documentación apócrifa. La Fiscalía pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores en junio de 2023 documentación que había sido archivada en el consulado de Moscú. Esa documentación fue enviada por valija diplomática y recibida el 11de julio.
La maniobra consistía en adulterar la transcripción del ruso sirilico al español de tal forma que en los datos de los ascendentes (abuelos o padres) se implantaba a un nacional uruguayo, y paralelamente se obtenía la documentación uruguaya. Un ejemplo es el de un testigo que declaró en forma anticipada y manifestó desconocer a sus supuestos ascendentes de nacionalidad rusa, dijo que nunca había estado en Rusia ni se había relacionado con personas de esa nacionalidad.
Los trámites se realizaban con los usuarios y firma digital de los imputados Stefano Di Conza y Gustavo Piegas respectivamente. En total se presentaron 122 trámites, de los cuales se logró identificar 84 personas mayores de edad con domicilio y datos factibles.
La artífice de la maniobra que desapareció
De la investigación la fiscal Flores concluyó que mientras los imputados no hablaban el idioma ruso, la oficial de cancillería Victoria Rodríguez es quien habla el idioma y también el español, por lo que oficiaba de traductora de los cónsules. Era ella quien recibía la documentación presentada así como quién se comunicaba con los gestionantes que se presentaban en el consulado, y finalmente era ella quien recababa firmas, fotos y huellas dactilares.
Rodríguez iniciaba el trámite y enviaba la documentación a la Dirección de Identificación Civil quien realizaba el control y expedía el pasaporte. La última aprobación se realizaba con el usuario firmante del cónsul.
Un perito caligrafo analizó 18 constancias presuntamente firmadas por Di Conza y 52 constancias presuntamente firmadas por Piegas y señaló que se observan "discordancia y diferencias inexplicables”.
¿Cómo se enteraban los rusos de que podían obtener el pasaporte uruguayo en el consulado?, ¿quién los asesoraba al respecto?, ¿con quién se contactaban?, ¿cuánto les costaba el trámite y a quién le pagaban?, ¿de qué forma realizaban el pago?, ¿intervenían Di Conza o Piegas en este trámite?
La fiscal Flores se hizo esas preguntas pero no las pudo contestar. Tampoco pudo la cancillería, ya que inició una investigación administrativa, en marzo de 2023, pero en ese momento la funcionaria de la embajada presentó la renuncia y despareció.
Según contaron a El Observador fuentes del caso, cuando se la llamó desde el teléfono de la embajada no contestó. En una oportunidad en la que se llamó de otra línea, desconocida para ella, atendió y al hacérsele saber que era de la embajada cortó repentinamente. Nunca más se la pudo ubicar.
La fiscalía solicitó la indagatoria en calidad de indagada de Rodríguez y de otros dos ciudadanos rusos, que participaron en 16 pasaportes como gestores dentro del consulado, se requirió la incautación de los celulares y pericias. Hasta el momento no se ha obtenido información respecto de las medidas solicitadas.
