Tras la negativa del Poder Ejecutivo a que Ancap haga uso de su derecho a participar en el proyecto de hidrógeno verde de HIF Global, esta tarde el directorio de la estatal decidió acatar el exhorto de las autoridades y desistir de formar parte del negocio.
La decisión fue adoptada por mayoría, en sesión extraordinaria, pero tuvo el voto en contra del presidente de la estatal, Alejandro Stipanicic y la ausencia por licencia médica del director en representación del Frente Amplio, Vicente Iglesias.
El presidente de la estatal dejó constancia escrita en el acta —a la que accedió El Observador— que el Poder Ejecutivo “incurre en un error conceptual severo” por suponer que el acuerdo a firmar con HIF” implica, “en el presente, la asunción de riesgo económico, o de ningún otro tipo, referido al proyecto”.
En la resolución del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) del jueves 12 de diciembre, el Poder Ejecutivo había exhortado a Ancap “a efectos de que instruya a sus representantes en el directorio de Alur para que proceda a la modificación del acuerdo, desistiendo del Derecho de Participación contemplado, por entender que no corresponde a Ancap o Alur asumir los riesgos económicos sobre dicha actividad que será de exclusiva responsabilidad de HIF Uruguay S.A.”, según informó Búsqueda.
La firma del acuerdo entre Ancap (a través de Alur) y HIF tiene como fecha límite el próximo 27 de diciembre, por lo que la decisión de si la estatal haría uso de su derecho de participación en el proyecto debía tomarse antes de esa fecha.
“Son derechos. No son obligaciones, no generan compromisos”, explicó Stipanicic en su argumentación escrita y dijo que “se trata de derechos potestativos exclusivamente y sin condicionamientos”.
En este sentido, el presidente de la estatal dijo que “es importante” mantener los derechos —de hasta un 30% en este caso—, porque estos tienen “un valor económico potencial significativo: si el proyecto no se llegara a concretar el valor será cero, hasta tanto eso se defina tiene un valor especulativo, pero en caso de concretarse, en caso de definirse como rentable, el valor del derecho adquiere el valor de la participación comprometida y, por tanto, de los flujos futuros libres equivalentes”.
Para Stipanicic, el Poder Ejecutivo incurre en un “error” cuando instruye a Ancap a desistir del derecho de participación porque “confunde valor del derecho con el monto de la inversión a realizar en el caso de decidir ejercer ese derecho”.
Si bien el presidente de la estatal dijo estar de acuerdo con que el Estado “no puede participar en inversiones de riesgo”, afirmó que no comparte que ese argumento sea usado en esta oportunidad ya que lo que se está discutiendo en el presente “es definir si se conserva o no un valor económico” y por lo tanto, un activo de intercambio en el vínculo con HIF.
“No encuentro razones técnicas, económicas o jurídicas para desprenderse de un derecho sin una contraprestación clara. En rigor, la pérdida del derecho de participación solo puede fundarse en esta circunstancia por una decisión política de orden superior que debe ser acatada por Ancap”, concluyó Stipanicic.
