El Banco Central (BCU) sancionó al agente de valores Towerkop con una multa económica de 100.000 unidades indexadas (UI), (unos US$ 14.000 aproximadamente) por múltiples infracciones a la normativa.
Al ser inspeccionada por el regulador, se constató que la empresa no tenía instalada su mesa de operaciones en Colonia, donde figuraba su domicilio, y que su operativa se realizaba desde Argentina.
Para un período determinado de tiempo marcado por el BCU, la firma tampoco presentó contratos con clientes y en otros casos, de presentarse, no registraban las fechas en que fueron firmados.
Asimismo, el regulador "constató la existencia de saldos negativos en las cuentas de terceros a nombre del intermediario, tanto de valores como de fondos disponibles, evidenciando la afectación de saldos de unos clientes para operaciones de otros", indicó la resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) del Central.
De la inspección surgió también que el agente de valores tenía en sus balances "una serie de errores contables" que dejaron en evidencia "falencias de control interno" en la empresa; así como también indicaron que la firma operaba solo con Banco Santander Suiza y Banco Safra Nueva York, "no consultando precios con otras contrapartes, situación no informada –por lo menos formalmente– a los clientes".
En la resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) del BCU, se señaló además que la empresa realizó pagos en 2023 a uno de sus clientes "sin contar con un contrato donde se detallen los servicios prestados", sin delimitar las responsabilidades asumidas por las partes y sin establecer la forma de retribución de las comisiones por servicios.
Por otro lado, el BCU también sancionó a la empresa porque no informó sobre una firma vinculada, Compañía General de Valores Mobiliarios —ubicada en Buenos Aires—, "en tanto comparten accionista y personal superior, además de presentar operativa con clientes de dicha entidad extranjera".
Otras de las infracciones cometidas por Towerkop fueron la falta de envíos de estados de cuenta a los clientes; la falta de formularios de perfil inversor; la no existencia de comunicación sobre las actualizaciones o modificaciones del tarifario, entre otras.