La obligación de cobrar una tasa para financiar el nuevo sistema de control fronterizo en los puertos de Montevideo y Colonia enfrenta desde hace varios meses a las empresas Buquebus y Colonia Express con el gobierno.
Los juicios de Buquebus
La empresa Buquebus presentó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) dos recursos de nulidad contra resoluciones del Poder Ejecutivo.
Uno de esos juicios busca la anulación de la resolución oficial que aprobó el pliego del llamado a licitación.
En esa instancia, el TCA intimó a Veridos a informar si practicaron y en caso afirmativo, a entregar estudios, análisis o evaluaciones sobre costos estimativos de la ejecución del contrato, así como sobre rentabilidades e ingresos que implicaría el contrato.
También le pidió información sobre sus antecedentes en el rubro licitado, e informar quiénes son las personas físicas que componen sus autoridades estatutarias, totalidad de accionistas y beneficiarios finales.
La empresa adjudicataria respondió que las informaciones solicitadas no podían ser suministradas por tener carácter confidencial, amparadas por el secreto comercial y el derecho de confidencialidad, según el escrito público fechado el 30 de mayo al que accedió El Observador y que lleva la firma de Fernando José Mañe, apoderado legal de Veridos.
Fuentes judiciales explicaron a El Observador que como en ese juicio el adjudicatario es un tercero y no es parte, no está obligado a que reporte la información que se le pidió.
El otro juicio que lleva adelante Buquebus busca la nulidad del acto de adjudicación de la oferta a la empresa Veridos que proveerá el servicio de control migratorio.
En ese juicio, Veridos es codemandado junto con la administración y según explicó a El Observador el abogado Daniel Ochs , “todas las partes tienen el deber de colaborar con el tribunal”, por lo que Buquebus “volverá a pedir la misma información como prueba”.
Por otro lado, la empresa Buquebus iniciará una tercera demanda contra el decreto 51/024 del Poder Ejecutivo que fijó el precio a cobrar.
El abogado ha señalado, entre otros argumentos, que existe un "problema de razonabilidad gigantesco", bajo la premisa de que el Ministerio del Interior "nunca calculó cuánto cuesta" el sistema y no justificó la razón del monto de US$ 2,10 más IVA por pasajero.
Por otro lado, Ochs dijo que como el cobro de la tasa “va a generar una enorme cantidad de perjuicios”, se le pidió al TCA que suspenda la ejecución del decreto, como medida cautelar. El fallo se debería conocer en un plazo de entre 60 y 90 días.
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Archivo, llegada del Buquebus al puerto de Montevideo
Diego Battiste
Una historia de larga data
Según consta en el expediente del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 4° turno al que accedió El Observador, el gobierno contestó a fines del año pasado tras una intimación de Buquebus que todos los números surgen de las estimaciones originales de la iniciativa privada del pasado quinquenio.
La licitación surge a partir de una iniciativa privada de Dafiway SA durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, lo que inició un proceso plagado de recursos administrativos presentados por las empresas competidoras que cuestionaban la ventaja que el gobierno confería al privado por su condición de proponente inicial del sistema. Al asumir al frente del Ministerio del Interior, Jorge Larrañaga la dejó sin efecto, pero el nuevo gobierno reabrió el proceso dos años más tarde.
Pese a que Dafiway corría con ventaja, fue la firma Veridos México quien ganó la nueva licitación en 2023. El proceso tuvo nuevamente recursos por parte de privados interesados y observaciones en el Tribunal de Cuentas, algo que motivó un pedido de informes y cuestionamientos del senador del MPP, Charles Carrera, según consignó entonces La Diaria.
El Ministerio del Interior justificó allí que "el pliego y el procedimiento fueron conforme a derecho, y esa fue la razón por la cual se reiteró el gasto bajo su responsabilidad”, informó El País.
Dudas prácticas sobre cómo cobrarlo
La tasa regirá para los ingresos y egresos que se hagan en el país desde el 15 de febrero de 2025, por lo tanto su cobro deberá incluirse en todos los pasajes que se comercialicen para luego de esas fechas.
Fuentes del sector consultadas por El Observador indicaron que en la práctica si alguien hoy compra un pasaje en cuotas para utilizarlo luego del 15 de febrero de 2025, ese extra de US$ 2,10 más IVA se debería pagar el día del viaje. En tanto, si se compra un pasaje también para después de esa fecha, pero se paga al contado, el extra de US$ 2,10 ya se debería cobrar y retener por parte de la empresa.
Sin embargo, señalaron que el instructivo de aplicación “no es claro” y se solicitó información ampliatoria a las autoridades correspondientes sobre cómo ejecutar el cobro, porque genera dudas de carácter administrativo y contable, por ejemplo, a partir de la moneda con que pagan los clientes (pesos argentinos, pesos uruguayos y dólares).
También mencionaron a modo de ejemplo que si se venden cuponeras que tienen vencimiento posterior al 15 de febrero de 2025, no está claro si el cliente debe pagar la tasa por todos los pasajes que compra y si luego se le devuelve el importe por los tickets que utilice antes de esa fecha.
