“No nos vengan a hablar de desindexación a trabajadores que vimos cómo se achicó nuestro salario durante todo este período”, dijo la semana pasada el secretario de organización del PIT-CNT, Enrique Méndez en un acto de la central sindical.
En las puertas de una nueva ronda de negociación colectiva y a pocos días que asuma el gobierno del Frente Amplio, la organización dejó nuevamente en claro su rechazo tajante a cualquier innovación que implique algún tipo de riesgo para el poder de compra de los salarios. La inclusión del tema como parte del discurso en un día de paro no fue casualidad.
También se pronunció en contra el próximo secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, minutos después de visitar una carpa de los sindicatos industriales. Hasta ahora la idea de desindexar fue solo un planteo personal del designado ministro de Economía, Gabriel Oddone. El economista manifestó su intención que la próxima pauta oficial que guiará la negociación entre sindicatos y empresarios explore ese camino al menos en algún sector de actividad o franja de ingreso.
Hasta la fecha, las rondas de negociación entre privados han incluido mecanismos de salvaguarda con salarios que siempre terminan atados a la evolución de la inflación. Ese tipo de seguro o blindaje ha sido defendido por el PIT-CNT, y está precedido por una historia con niveles de inflación en torno a 8% anual e incumplimiento de las metas oficiales fijadas por las autoridades la mayor parte del tiempo.
Ajustes nominales, rechazo del PIT y diferencias a la interna del gobierno
Luego de un intento frustrado que experimentó el Ministerio de Economía en la administración de José Mujica para que los trabajadores aceptaran ajustes de salarios nominales –en lugar del viejo esquema de un porcentaje de crecimiento más un correctivo por inflación pasada–, esa postura logró imponerse como la única alternativa de negociación que encaró el segundo mandato del presidente Tabaré Vázquez en 2015. Esto no sin antes generar algunos cortocircuitos y fuertes discusiones entre los ministerios de Economía, que lideraba Danilo Astori, y de Trabajo comandado entonces por Ernesto Murro.
Los lineamientos que rigieron para esa sexta ronda de negociación tuvieron como novedad la incorporación de ajustes nominales decrecientes en función de la realidad de cada sector de actividad. Si bien ese mecanismo de ajuste no eliminaba la indexación de los salarios a la inflación, los correctivos se colocaban a 24 meses en acuerdos a dos y tres años de duración. Tradicionalmente los correctivos se aplicaban cada seis meses o un año, de forma que el trabajador no viera deteriorado su nivel de ingreso real por un período mayor cuando la inflación superaba el centro del rango meta (entonces 5%).
Uno de los objetivos era combatir la inercia inflacionaria que se entendía que era reproducida por la existencia de un componente de inflación en los ajustes salariales. Y era parte de una pauta más moderada que anteriores, en línea con el enfriamiento de la economía, que buscaba priorizar el mantenimiento del empleo.
Esos lineamientos fueron un blanco de crítica por parte del PIT-CNT desde el comienzo. El primer punto de discrepancias era que se consideraba que todavía había margen para que el salario siguiera creciendo, y el segundo que con la inflación cercana a 10% no era posible dejarla de lado como base de los ajustes.
Así, el PIT-CNT reclamaba variantes, tanto en los porcentajes de ajustes nominales como en los plazos de aplicación de los correctivos. Ese reclamo sindical chocaba con la posición de una parte del gobierno, y con datos económicos que reflejan un contexto desfavorable que se observaba, por ejemplo, en el deterioro del mercado laboral.
Ya en la etapa de elaboración de las pautas se habían planteado diferencias entre Trabajo y Economía. En ese momento, el director Nacional de Trabajo, Juan Castillo admitió a El Observador que su cartera tenía "diferentes miradas y posiciones". Incluso el semanario Búsqueda informó que el tema ameritó una acalorada discusión entre el ministro Murro y el entonces director de la Asesoría Macroeconómica, Andrés Masoller. Según trascendió, esa vez Masoller le reprochó a Murro dejar a Economía por fuera de una reunión del Consejo Superior Tripartito.
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Los ministros Danilo Astori y Ernesto Murro durante una conferencia de prensa en 2016.
Foto: Presidencia:
Concesiones de último momento y un revés en la apuesta por desindexar
Durante el primer año y medio de la ronda, el MEF se mostró inflexible a introducir modificaciones. Sin embargo, en febrero de 2016 y en un escenario marcado por presiones inflacionarias persistentes que no ayudaban al clima de la negociación, el ministerio de Trabajo abrió la puerta a hacer cambios en los lineamientos salariales. Por ese entonces, el ministerio resolvió pedir informes técnicos para luego llevar la discusión a Economía, según consignó una nota de El Observador que citaba como fuente a Castillo.
Meses después, y ante una incipiente ola de conflictividad sindical que ya estaba distorsionando el normal funcionamiento de la economía del país y con trancazo en la segunda etapa de la ronda de la negociación en los Consejos de Salarios, el gobierno accedió a otorgar el trofeo más preciado de la reivindicación de la central sindical: correctivos por inflación pasada cada un año. Antes el PIT-CNT ya había recibido del presidente Tabaré Vázquez un compromiso personal de buscar alguna solución para destrabar la negociación.
El cambio al que accedió el Poder Ejecutivo sorprendió a los analistas porque a esa altura la inflación venía nuevamente a la baja y no había riesgos que el salario real de los trabajadores pudiera verse comprometido. También lo marcaron como un revés en la apuesta por desindexar y un punto negativo para la credibilidad.
Diez años después, el tema de los salarios y la inflación vuelve a estar encima de la mesa. Como era de esperar el PIT-CNT marcó su rechazo, y dentro del nuevo gobierno el tema se perfila como parte de la pulseada por el manejo de la política económica.
