La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) precisa entre US$ 6 y US$ 7 millones por mes para hacer frente a sus obligaciones y cubrir su presupuesto, según dijeron autoridades de la institución. Cuenta con ese dinero hasta aproximadamente julio-agosto de este año y si bien recibirán una asistencia financiera por parte del Estado, ya el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, adelantó que no será un “salvataje”.
Si bien Oddone tiene claro que la situación de la Caja es de “emergencia” y por tanto, es una “prioridad” para el equipo económico, advirtió que intentará “poner la menor cantidad de dinero posible” porque son recursos que podrían ser destinados a atender otros temas “relevantes para el país”.
En ese sentido, el jerarca del MEF dijo este miércoles en rueda de prensa que si bien el Estado “es responsable” de que el sistema previsional “honre sus compromisos” con los contribuyentes, se trata de un “colectivo específico” por lo que serán parte de la solución de la Caja pero aclaró que la negociación en torno al alcance de esa ayuda, “está abierta”.
La semana pasada, las autoridades de la Caja se reunieron con el director nacional de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Leonardo Di Doménico y el asesor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ariel Cancio. En esa primera reunión, las autoridades del gobierno solicitaron al directorio de la Cjppu información en detalle sobre la situación de la institución, así como estudios actuariales y proyecciones de diferentes escenarios financieros.
“Vinimos a presentarnos y a fortalecer vínculos institucionales en la búsqueda de una solución efectiva a la situación de desequilibrio financiero de la Caja. Estamos absolutamente confiados de que en un plazo perentorio vamos a tener una solución legal para estabilizar la función financiera de la Caja y darle certezas a todos los afiliados de que el instituto se mantiene en funciones respetando su autonomía y el principio de la solidaridad”, dijo Di Doménico tras la reunión, según consignó Montevideo Noticias.
En la misma línea, el presidente de la Cjppu, Daniel Alza, calificó la reunión como “muy fructífera” y destacó que la institución cuenta con “una garantía del Poder Ejecutivo de que van a mantener una asistencia financiera al instituto” para solucionar su situación “a corto y mediano plazo”.
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Daniel Alza, presidente de la Caja Profesional
Foto: Inés Guimaraens
Sin embargo, la interna del directorio de la Caja ha estado dividida en dos claros grupos respecto a cuáles son las mejores alternativas para solucionar la crisis de la institución, así como tampoco hay consenso en que el Estado tenga que brindarles una asistencia financiera.
“Ha quedado demostrado que (en el directorio de la Caja) hay dos sectores diferenciados” y no hay una postura “unificada”, por lo que “pedimos estar representados en esa mesa de negociación” con el gobierno, dijo uno de los directores de la institución, Fernando Rodríguez Sanguinetti en una sesión de directorio del mes de febrero.
“No es dádiva ni es gracia. Esta institución ni ha recibido -ni tiene por qué recibir- limosna. Ni del Estado, ni de la sociedad, ni de los ciudadanos ajenos a ella”, dijo semanas atrás en una sesión de directorio el representante de los jubilados, Odel Abisab, quien además reconoció que la institución no ha cumplido “a cabalidad” con la “responsabilidad ineludible” en el marco de la gestión de la Caja.
Si bien ni el Poder Ejecutivo, ni el directorio tienen claro de cuánto sería la asistencia financiera que el Estado le daría a la institución, el director Rodríguez Sanguinetti dijo a El Observador que la Caja precisa entre $ 250 millones y $ 300 millones (unos US$ 6 a 7 millones aproximadamente) al mes para poder cubrir su presupuesto.
“Eso es lo que nos falta por mes. Hasta julio, agosto, aproximadamente tenemos cubierto el presupuesto con fondos propios pero después ya no”, señaló el director.
Tras la reunión entre Di Doménico y Cancio, Alza dijo a El País que se definió que la Caja elaboraría un anteproyecto de ley con medidas específicas, en el plazo de un mes, y que lo haría junto con el equipo técnico del Poder Ejecutivo. Sin embargo, Rodríguez Sanguinetti negó que en la reunión con las autoridades de Trabajo y Economía se hubiera llegado a esa definición.
“Estamos todos asombrados porque la postura de Alza no la conocíamos. En la reunión no se trató nada de eso que él dijo en los medios. Hubo un fuerte intercambio en el directorio por eso. No se dijo ni que en un mes se iba a elaborar un proyecto de ley, ni que había cosas que ya estuvieran descartadas. Quizás se lo dijo a él de forma individual, pero en la reunión en la que estábamos todos, no se definió eso, solo se pidió información”, advirtió Rodríguez Sanguinetti.
Según un documento que la Caja preparó para los partidos políticos durante la campaña electoral, este año el déficit de la institución ya estará entre US$ 70 millones y US$ 90 millones, y a ese ritmo seguirá creciendo hasta alcanzar en el 2026 los US$ 110 millones.
“Todo lo que este directorio podía hacer, ya lo hizo. Ahora está en manos del Poder Ejecutivo”, había dicho Alza el año pasado.
En 2023, el Ejecutivo había enviado un proyecto de ley de reforma al Parlamento pero fue rechazado por los legisladores. Ya sea una reedición de la “ley exprés” presentada por la Caja al inicio de su gestión, o una “ley de shock” como la han llamado algunas autoridades del Ministerio de Trabajo, en los próximos meses el directorio de la Caja y el Poder Ejecutivo deberán encontrar una alternativa para la institución.
