La noticia de que el gobierno electo está evaluando la posibilidad de implementar un Impuesto al Valor Agregado (IVA) personalizado, ha generado un debate, aunque tardío, intenso y necesario. Este planteo pone sobre la mesa cuestiones centrales sobre los enfoques de justicia tributaria, eficiencia recaudatoria y, en el fondo, el rol del sistema tributario en el desarrollo del país y su contrato social.
Como en botica, hay de todo. Algunos sectores han celebrado el intento de innovar, otros la han recibido con escepticismo, en parte debido al sesgo de statu quo que a menudo paraliza cualquier intención de cambio estructural, y otros directamente se han manifestado abiertamente en contra. Todo lo anterior sin siquiera tener un anteproyecto que indique por dónde podrían ir los cambios y cómo podrían implementarse.
El IVA es la principal fuente tributaria de recaudación fiscal en Uruguay. Como impuesto indirecto, grava el consumo sin considerar la capacidad contributiva del individuo. Este diseño ha llevado a que el IVA sea criticado por su aparente regresividad: al recaer de manera proporcionalmente mayor sobre los sectores de menores ingresos, puede perpetuar desigualdades.
En efecto, estos sectores tienden a consumir todo lo percibido, mientras que los sectores más pudientes logran ahorrar una parte de sus ingresos, acumulando riqueza a lo largo de su vida. Por tanto, el pago de IVA tendría una ponderación mayor sobre ingresos en los sectores más postergados que en los sectores de mayor poder adquisitivo.
Sin embargo, la regresividad no es una característica inevitable del IVA, sino una cuestión de diseño. Las tasas diferenciadas, las exoneraciones a productos básicos y ahora la idea de un IVA personalizado, pueden mitigar este efecto y acercar el sistema tributario a un modelo más progresivo.
Recordemos que en nuestro país ya existe una incipiente aplicación de este tipo de ideas a través de la Tarjeta Uruguay Social (TUS) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), o la asignación familiar a través de tarjetas otorgadas por el Banco de Previsión Social (BPS), o quienes decidan cobrar asignaciones del plan equidad a través de la billetera electrónica Tuapp.
Hay literatura también en contrario, en economías con mayores niveles de informalidad se pone en duda la regresividad de este tipo de impuestos, dado que los sectores más vulnerables podrían llegar a consumir sus ingresos en ambientes o comercios informales donde por definición, no hay incidencia del IVA. Claramente, los niveles de informalidad no deberían ser estadios deseados y, por tanto, coyunturales a superar.
En Uruguay, el IVA representa casi el 50% de la recaudación de la DGI. Esta alta dependencia de impuestos indirectos contrasta con los países desarrollados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) donde los sistemas fiscales se apoyan mayoritariamente en impuestos directos, como el impuesto a la renta personal y corporativa. Esta diferencia refleja no solo distintas estructuras económicas, sino también prioridades políticas y niveles de desarrollo institucional.
Cambiar esta realidad en Uruguay implicaría rediseñar el sistema tributario en su conjunto, algo que inevitablemente genera tensiones y resistencias. Siempre es una cuestión de preferencia de política y técnica tributaria, bajo el entendido de que modificar la estructura de recaudación tendría elevados costos políticos que difícilmente se asuman.
Esto, en buen romance, sería modificar la carga para que la tributación recaiga más en impuestos directos sobre la renta y menos basados en impuestos indirectos o al consumo. Uno altera “el recibo de sueldo” o el ingreso nominal del hogar, por lo tanto, de hipersensibilidad; los otros se pagan a la hora de tomar la decisión de consumir, momento en el cual no siempre se es consciente de la cadena de impuestos que deviene con el bien consumido o el servicio contratado.
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Impuesto al Valor Agregado (IVA)
El sesgo de statu quo, esa tendencia psicológica y social a preferir el estado actual de las cosas por sobre alternativas inciertas, está muy presente en el debate fiscal. Cualquier cambio en la estructura tributaria enfrenta una inercia poderosa: la resistencia al riesgo y la dificultad de visualizar potenciales beneficios de largo plazo. Implementar un IVA personalizado no solo desafía esta inercia, sino que también requiere un alto grado de sofisticación técnica y administrativa. Será clave definir cómo se instrumentará el sistema, cómo se garantizará la equidad y cómo se evitará que este nuevo mecanismo se convierta en una fuente de inequidades o ineficiencias.
Es interesante observar cómo países desarrollados han manejado la transición hacia sistemas tributarios más progresivos. En muchas economías de la OCDE, el IVA sigue siendo una fuente relevante de ingresos, pero coexiste con un impuesto a la renta más robusto y sistemas de transferencias que corrigen desigualdades. Este equilibrio permite recaudar de manera eficiente sin comprometer la equidad. En Uruguay, la alta dependencia del IVA y la relativamente baja incidencia de los impuestos directos hacen que cualquier reforma sea particularmente desafiante.
Además, cualquier discusión sobre impuestos inevitablemente despierta sensibilidades. En nuestro país, hablar de cambios fiscales a menudo se ha convertido en tema tabú. Pero evitar el debate no es una opción sostenible. Las políticas tributarias son esenciales para financiar los bienes y servicios públicos, redistribuir recursos y promover comportamientos deseables. Deben ser dinámicas.
En este sentido, un IVA personalizado podría convertirse en una herramienta innovadora para reducir la regresividad sin sacrificar eficiencia. La pregunta central es si como sociedad estamos dispuestos a enfrentar los costos de transición que un cambio de esta magnitud conlleva.
La discusión no puede limitarse a la técnica; también debe abordar cuestiones éticas y políticas. ¿Queremos un sistema tributario que trate por igual a quienes son diferentes? ¿Estamos dispuestos a invertir en la infraestructura administrativa necesaria para hacer posible un IVA personalizado? ¿Podremos superar el sesgo de statu quo y aceptar el costo político de emprender reformas?
El debate sobre el IVA personalizado no solo es relevante por su impacto fiscal inmediato, sino también porque obliga a reflexionar sobre el tipo de sociedad que queremos construir. La equidad tributaria es un componente esencial de la justicia social y cualquier medida que busque avanzar en esta dirección merece ser explorada con seriedad y valentía, en un debate que profundice nuestra esencia democrática. Quizás esta sea una buena oportunidad de abordar un tema que ha sido esquivo a lo largo de la campaña electoral.
