En enero se procesarán los últimos ajustes contemplados dentro de los acuerdos firmados en el actual período de gobierno
El mes de enero es una época del año en que los salarios de la mayoría de los trabajadores tienen un ajuste, en función de lo estipulado en cada uno de los acuerdos que se negocian en los ámbitos de negociación colectiva.
Esto incluye, por ejemplo, a las remuneraciones de los funcionarios públicos, que tienen una corrección anual que se hace efectiva en el pago que se cobra en febrero.
Las condiciones del ajuste fueron acordadas en el correr del 2022, y es el último que se activará durante el actual período de gobierno.
El convenio que está vigente para los funcionarios de la Administración Central dice que en enero de 2025 habrá un ajuste por inflación esperada para el año, y en caso que corresponda, un correctivo por inflación de 2024.
Con las proyecciones vigentes, el aumento por inflación futura en la Administración Central sería de 4,7%. Esa es la última estimación vigente para 2025 que está incluida en la Rendición de Cuentas. Aunque todavía resta saber si el Comité de Coordinación Macroeconómica -integrado por el Ministerio de Economía y el Banco Central- mantendrá ese guarismo o realizará algún cambio como ya pasó el año anterior.
También podría corresponder el pago de un pequeño correctivo por inflación pasada, en la medida que el Índice de Precios Al Consumo (IPC) de 2025 termine por encima del 4,9%, que fue el aumento dado en el presente año por parte del Poder Ejecutivo.
Los términos de este convenio también abarcan a los funcionarios de los organismos regidos por el artículo 220 de la Constitución, y que son representados por la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE).
A principio de 2024 el aumento otorgado a los funcionarios públicos (4,9% por inflación más 0,5% de recuperación) generó críticas desde ese sindicato. Esto porque el Poder Ejecutivo bajó a último momento su proyección de inflación para el año, en casi un punto desde el 5,8% previsto inicialmente.
En el sector de los bancos oficiales, hay un convenio colectivo vigente hasta setiembre próximo. El texto establece que en enero de 2025 corresponde realizar un ajuste que se basa en la proyección oficial de inflación para el año entrante (hoy 4,7%).
También hay previsto un correctivo por inflación pasada en caso de ser necesario.
En 2024 los trabajadores del sector tuvieron un ajuste salarial de 5,95%, que incluyó 1% para completar la recuperación del salario perdido en 2021.
A diferencia de ramas como Administración Central, Educación y Poder Judicial que tienen convenio, los entes autónomos y servicios descentralizados no tienen actualmente un convenio vigente con el gobierno, donde se establezcan las condiciones de los ajustes salariales. La falta de acuerdo sobre el ingreso de personal a las empresas públicas fue una de las diferencias centrales que marcaron las negociaciones en el presente quinquenio.
En ese contexto, es muy probable que el Poder Ejecutivo opte por algo similar a los ejemplos mencionados en esta nota, es decir, un ajuste por inflación proyectada para 2025.
