Un retroceso en las relaciones laborales. Esa es la percepción que tiene el sector empresarial sobre el proyecto del gobierno con modificaciones al último decreto que regula las ocupaciones de los lugares de trabajo. Casi dos décadas después de una primera reglamentación, el tema continúa dividiendo aguas y reedita una vieja discusión sobre la legitimidad de la ocupación como una extensión del derecho de huelga.
Durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez en 2006, el decreto 165 reguló la ocupación del lugar de trabajo en ejercicio del derecho de huelga. Ese texto y la ley 18.566 de negociación colectiva para el sector privado de 2008 generaron varias rispideces en el mundo del trabajo con dos bandos bien definidos. Por un lado, los sindicatos -a favor de los los textos- y por otro, los empresarios que no compartían el concepto oficial sobre las ocupaciones y tampoco algunos artículos de la ley.
El cortocircuito escaló y el sector empresarial -representado por la Cámara de Industrias y la de Comercio- presentó una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que -reconocida en parte- todavía sigue sobre algún escritorio del organismo establecido en Ginebra. La aspiración de los empleadores era que se contemplaran de la misma manera el derecho de huelga, el de propiedad y el del trabajo, todos garantizados en la Constitución. Pero la postura era clara: la ocupación no forma parte de una huelga.
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Movilización del PIT-CNT (Foto archivo)
Diego Battiste
El gobierno de Luis Lacalle Pou introdujo dos variantes que fueron en ese sentido. El artículo 392 de la Ley de Urgente Consideración (LUC) establece que el Estado garantiza “el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente”.
Posteriormente, en 2020, apuntó otra vez a las ocupaciones a través del decreto 281. Allí señala que el Ministerio de Trabajo puede intervenir -a pedido del propietario de la empresa- en una ocupación e incluso solicitar el desalojo de los trabajadores que la efectúan de manera inmediata y en cualquier momento.
Ahora, el gobierno retoma el concepto de que la medida sindical es una modalidad del derecho de huelga. En ese escenario, el Ministerio de Trabajo remitió un proyecto a Presidencia con modificaciones al último decreto de 2020.
El planteo es que el ministerio no puede estar facultado para desocupar un lugar de trabajo si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 392 de la LUC. Es decir, si durante la medida se respetan los derechos de los trabajadores que no la acompañan y de los propietarios de la empresa, la ocupación puede desarrollarse sin sobresaltos por ser una extensión del ejercicio de huelga. Y eso retoma las discusiones de hace casi 20 años.
La visión de los empresarios
“Desde mi visión, la ocupación no es una extensión del derecho de huelga”, dijo a El Observador el presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido.
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Foto de archivo. Huelga en Montevideo Gas
Desde la Cámara de Industrias (CIU) se puso énfasis en el respeto de derechos. “Ya le habíamos dicho al ministro de Trabajo (Juan Castillo) que la defensa de la propiedad privada nos parece primordial”, aportó el titular de la gremial, Leonardo García.
Los dos empresarios coincidieron en que las modificaciones previstas marcan un retroceso en las relaciones laborales. “No creemos que sea una buena señal para el sector empresarial. Estos son temas que afectan la inversión y la confianza”, dijo el presidente de los industriales.
Para Lestido, retomar la discusión sobre la legitimidad de la ocupación es mirar hacia atrás y dejar en segundo plano temas más importantes para el país. En ese sentido mencionó algunos comentarios que realizó el ministro de Economía, Gabriel Oddone, sobre la necesidad de acelerar las tasas de crecimiento, tras una década donde la actividad tuvo una expansión de 1% en el promedio anual.
“Lo que se necesita es discutir sobre las cosas que hay que hacer para crecer, no sobre las ocupaciones. Eso no genera crecimiento”, afirmó Lestido.
García expuso que una posible flexibilización en la regulación de las ocupaciones de los lugares de trabajo podría ser un escenario para que se repitieran medidas que ocurrieron en el pasado.
“Todavía recordamos cuando en una ronda de Consejos de Salarios (2011) se ocuparon las industrias. Ese hecho fue muy nocivo para el sector y para la imagen del país”, expresó. La mención se refirió a una movilización impulsada por la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra) que incluyó una huelga y ocupaciones de manera simultánea.
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El PIT-CNT logró convencer al gobierno de cambiar las pautas. D. Battiste
Lestido remarcó que la huelga es un derecho que se tiene que respetar, pero añadió que la ocupación es un paso adicional. “Se pasa a otro nivel y erosiona las relaciones laborales. Volver a hablar de estos temas da pena”, dijo.
La posición de Orsi
El presidente Yamandú Orsi fue consultado sobre el proyecto que plantea cambios para las ocupaciones de los lugares de trabajo. “La sociedad precisa señales. Cuando una fuerza política llega al gobierno tiene que cumplir con los compromisos asumidos, pero sin dramatismos”, señaló.
El mandatario agregó que los cambios se deben procesar “en el marco de un país que necesita inversión, trabajo y que necesita que los trabajadores recuperen el poder del salario. Todos los caminos que conduzcan a eso tenemos que allanarlos”, agregó.
