La empresa que lidera el proyecto para la instalación de una planta de producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos en Paysandú, HIF Global, está afín a renegociar con el nuevo gobierno el acuerdo que firmó con las autoridades anteriores, para devolverle al Estado la posibilidad de participar como socio del proyecto.
En diciembre del año pasado, el Grupo Ancap firmó un acuerdo de implementación con HIF en el que -tras un exhorto del Ministerio de Industria, Energía y Minería- renunció al derecho de participar del negocio, una posibilidad que tenía la estatal y de la que podía hacer uso más adelante cuando el proyecto estuviera más avanzado, o de lo contrario, también podía desistir de esa opción.
La decisión de renunciar a ese derecho no fue compartida por las autoridades del Frente Amplio, quienes entienden que las empresas públicas deben tener la posibilidad de participar del negocio. Así lo había afirmado a El Observador, la actual ministra de Industria, Fernanda Cardona y este martes lo confirmó el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.
La anterior administración, "de manera inconsulta con nosotros, estableció quitar una cláusula del contrato con la empresa HIF que era la opción del Estado de poder participar del proyecto. Nosotros queremos participar. Nos parece que nuestras empresas públicas tienen que formar parte de este cambio de la matriz energética", dijo el secretario de Presidencia.
La renuncia al derecho de participación “fue una torpeza de negociación porque el Estado cedió una carta de antemano y ahora el que tiene el comodín es HIF. La empresa le va a pedir cosas al Estado”, señalaron fuentes al tanto de las conversaciones entre el gobierno y los privados.
Ante esta postura del nuevo gobierno, fuentes asociadas al proyecto de HIF dijeron a El Observador que “desde el inicio, la empresa estuvo abierta al diálogo y esa impronta se mantiene”, por lo que afirmaron que “la renegociación del derecho de participación del Estado uruguayo en el proyecto de HIF Uruguay, está abierta a través de la modalidad que el gobierno actual considere conveniente”.
La exhortación del anterior Ejecutivo -liderada por la entonces ministra de Industria, Elisa Facio e impulsada principalmente por el vicepresidente de Ancap, Diego Durand-, tenía que ver con que no consideraban conveniente por “cuestiones filosóficas” que Ancap participara en ese tipo de negocios e inversiones.
Además, argumentaban que por la forma en cómo estaba redactado ese acuerdo, el Estado uruguayo quedaba comprometido y obligado a invertir junto a los privados.
De forma contraria, el expresidente de Ancap, Alejandro Stipanicic había defendido que lo que la estatal firmaba con HIF Global era un derecho “sin condicionamientos”, que no generaba compromisos ni obligaciones para el Estado y que tenía potencial de ser comercializado. Lo mismo afirmaban los asesores legales de Alur, el estudio Brum & Costa, a través de un informe al que accedió El Observador.
La renegociación con el actual gobierno
¿Cuáles son los elementos que pueden formar parte de la renegociación con el actual gobierno? ¿Qué le puede pedir a cambio la empresa HIF para “devolverle” a Ancap ese derecho a participar?
Fuentes al tanto de las negociaciones que se llevaron adelante entre el Estado y la empresa, dijeron a El Observador que uno de los aspectos clave que puede formar parte de la renegociación es el acuerdo de HIF con UTE.
En las primeras etapas del proyecto, la empresa necesitará comprarle energía a UTE hasta que logre autoabastecerse con sus propias fuentes de generación. El precio del megavatio y otras discrepancias en torno al proyecto en sí, trancaron durante meses la negociación entre UTE y HIF y finalmente no hubo acuerdo entre las partes.
“Se venía trabajando pero al no estar cerrado (el acuerdo) totalmente, se entendió que debía ser un tema de transición” entre los gobiernos, dijo a El Observador una fuente de la empresa estatal.
En esa línea, durante los últimos días de gestión como directora por el Frente Amplio en UTE, Cardona le había pedido a la presidenta de la estatal, Silvia Emaldi “no innovar” y que dejaran en pausa las decisiones que pudieran “perjudicar” al gobierno entrante.
Sobre ese punto, Cardona había remarcado la importancia de que ese tipo de decisiones "grandes" pudieran "atar económicamente y jurídicamente al Estado uruguayo", por lo que pidió a las autoridades salientes que "no tomen esas decisiones ya que van a tener consecuencias importantes para el país".
