El ecosistema tecnológico y los abogados especializados en activos virtuales esperan ahora por la reglamentación de la ley
Blockchain Summit Global
En setiembre de este año, el Parlamento uruguayo dio un paso significativo y esperado por el ecosistema tecnológico y financiero al aprobar la ley que regula los activos virtuales.
El sector privado, el Banco Central (BCU) y los abogados especializados en el sistema financiero, coincidieron en que tener una normativa es positivo, en la medida en que brinda certidumbre en los negocios, aunque afirmaron que para determinar si la ley favorece o no al desarrollo del ecosistema fintech, se deberá esperar a la reglamentación donde entienden que realmente “se juega el partido”.
La conversación entre los diferentes actores del ecosistema se dio ayer en el marco de la sexta edición del Blockchain Summit Global, un evento que reunió a empresarios, referentes tecnológicos, reguladores y emprendedores de proyectos vinculados a criptomonedas y blockchain.
Sobre los potenciales efectos de la regulación trató un panel conformado por la intendenta de Regulación Financiera del BCU, Patricia Tudisco; el co-fundador de Cryptotrust, la primera fiduciaria del país especializada en activos digitales, Martín Larzábal; la abogada especializada en derecho bancario e instituciones financieras y socia de Dentons Jiménez de Aréchaga, Mariela Ruanova; y el abogado especializado en regulación financiera, compliance y prevención de lavado de activos del estudio Brum & Costa, Juan Diana.
Al ser consultada por las fechas tentativas para la publicación de la reglamentación, la intendenta del BCU confirmó que dado que la ley se aprobó después del 31 de agosto —la fecha límite que manejaba el regulador en sus proyecciones—, no estará pronta este año aunque sí indicó que a partir de 2025 se irá avanzando por fases.
“Hay muchas expectativas, demasiadas y hay que manejarlas”, señaló Tudisco sobre la reglamentación que espera el ecosistema.
De acuerdo con la jerarca del BCU, con la regulación en activos virtuales “se genera certidumbre y confianza”, lo que a su vez impulsa a quienes quieran “arriesgar o invertir en un negocio” porque le “asegura ciertas condiciones que van a permanecer”.
Para Tudisco, la aprobación de la normativa es una “gran oportunidad” para desarrollar negocios porque le da a los privados “un marco claro y certezas de hacia dónde va a ir” el sector, lo que a su vez permitirá más inversiones y un “derrame” en la economía general y en el desarrollo del mercado.
No obstante, la jerarca admitió también que este tipo de regulaciones “siempre tienen un costo monetario implícito”, pero llamó a los actores privados a verlo como “una oportunidad más allá de los costos” y como una “inversión”.
La ley aprobada por el Parlamento y elaborada por el BCU, modifica la carta orgánica del regulador al darle potestades para regular a las empresas que se dedican a prestar servicios de activos virtuales y también modifica la normativa del mercado de valores.
En términos generales, el proyecto reconoció formalmente a los activos virtuales, los equiparó en términos regulatorios a los valores escriturales e incluyó a los proveedores de servicios sobre activos virtuales (PSAV) dentro del ámbito regulatorio del BCU, con lo cual esas empresas serán supervisadas por la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) del Central.
“A nivel del desarrollo del mercado financiero local, como en todo negocio, tener las reglas claras ayuda”, afirmó Larzábal sobre la ley aprobada acerca de la cual dijo también que fue “un gran avance” para el país.
“Otros países han aprobado (leyes en similar sentido) y empezaron a liberarse y a pasar un montón de cosas, pero es en la regulación donde se juega un partido muy importante entre la innovación y la estabilidad del sistema financiero, sopesando el cuidado del inversor y del consumidor”, reflexionó Larzábal.
Sobre la importancia de la reglamentación y de cuidar ese equilibrio innovación y estabilidad del sistema, el co-fundador de Cryptotrust dijo que la forma en que se encare ese abordaje es lo que va a determinar que el sector blockchain en Uruguay “se desarrolle mucho o que no crezca tanto; la ley per se hace una diferencia respecto a los países que no la tienen, esa primera valla ya la saltamos”, indicó.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) —que busca combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a nivel mundial— fue el primer organismo internacional en reconocer la existencia de los activos virtuales y en exigir la regulación de los proveedores de servicios de este tipo de activos, con el objetivo de mitigar los riesgos de lavado.
Al ser consultado sobre cómo está Uruguay en este sentido, Diana explicó que actualmente el país está en incumplimiento por no tener "regulación cripto", dado que aún no hay reglamentación. Si bien el abogado reconoció que el país está en ese camino, dijo que "se tiene que ir preparando el terreno" para cuando Uruguay sea evaluado nuevamente en 2030.
"Las consecuencias de no cumplir con eso es la exclusión del sistema financiero por métodos de presión indirecta. ¿Quiere decir que por no regular las cripto vamos a entrar en la famosa lista negra? En principio no, porque el GAFI te mete en esa lista no por una irregularidad sola sino por un conjunto de irregularidades. ¿Estamos en incumplimiento? Si, ya vamos a salir. Pero lo que más le interesa al GAFI es la efectividad", dijo Diana y llamó a tener el tema "saneado" en la práctica "y no en papel", de cara a 2030.
La socia de Dentons Jiménez de Aréchaga, contó que a partir de la aprobación de la ley de activos virtuales se generó una "inquietud permanente" por parte de clientes, abogados de otros países y potenciales clientes para conocer de cerca las implicancias de la normativa.
"El aluvión más grande de consultas estuvo cuando el BCU se empezó a pronunciar sobre el tema y cuando se aprobó el proyecto también", dijo Ruanova.
Entre las principales inquietudes, la abogada contó que la figura que generó más preguntas fue la del proveedor de servicios de activos virtuales y sobre todo, querían saber qué ocurría con las plataformas que operan criptomonedas, cómo quedaban alcanzadas por la regulación, si precisaban licencia del Central para operar o no y cómo podían estructurar su negocio a partir del nuevo marco.
