¿Significa que invertir en ganado no es seguro? Distintas fuentes consultadas dijeron a El Observador que la amplia mayoría de las empresas cumple con los pagos a los que se compromete y en los plazos acordados.
También destacaron que son contados los casos de fraude o estafas que han trascendido. Ese tipo de situaciones se ha dado, según señalan, con empresas no establecidas o de poca trayectoria que se posicionan rápidamente con grandes campañas de marketing en distintos medios de difusión masiva. Como ejemplo mencionaron la investigación que está en curso por parte de la Justicia y que involucra a Grupo Larrarte.
El grupo Larrarte ofrecía invertir en ganado con una renta fija anual, pero desde mediados de este año comenzó a registrar problemas con el pago de esas rentas. Los inversores ponían cifras que iban desde los US$ 50 mil en adelante y la empresa prometía una rentabilidad anual del 11,3%. Las denuncias presentadas ascienden a cerca de US$ 4 millones y los abogados estiman que el monto seguirá creciendo a medida que se presenten nuevas denuncias.
Además, un grupo de inversores que había firmado contratos por la posesión de ganado, averiguó con el Ministerio de Ganadería por ese ganado y se enteraron de que no tenían animales a su nombre, pese a lo que había dicho la empresa y lo que decían los contratos.
“Zona gris”, autorregulación y “captación” de ahorro público
Abogados especializados en temas financieros consultados por El Observador dijeron que “hay una zona muy gris” entorno a la actividad promocionada.
Según destacaron, algo que “está claro” es que en todos los casos existe captación del ahorro público, de recursos financieros, en muchos casos en forma generalizada a un público indeterminado, accediendo a personas que no conocen nada del negocio y sus riesgos.
“Podría decirse que es un primo hermano de una oferta pública de valores. Hay casos que claramente caen como oferta pública de valores, como quienes incorporan a los inversores como accionistas. Otros gozan de buena creatividad y reflejan la inversión mediante contratos de capitalización de ganado, intentando alejarse del concepto de valor”, apuntaron.
¿Debería haber una regulación específica para ese tipo de empresas y productos que dé otro tipo de garantías o seguridades a todas las partes?
Las fuentes jurídicas consultadas respondieron de manera afirmativa a esa pregunta.
También señalaron que en la medida en que el panorama regulatorio “no es nada claro”, esto “conspira” con una mayor profundidad de desarrollo del negocio.
“Parece forzado interpretar que no es una actividad financiera, hay colocaciones financieras a cambio de una rentabilidad, se hace invitación al público. Y como es sabido, el rol del BCU va más allá de la intermediación financiera, alcanzando la actividad financiera, por ser de interés público. Es mejor tener reglas claras. Hoy la discusión se centra en si hay o no un negocio financiero detrás”, explicaron.
¿Qué implica invertir en un instrumento autorregulado?
Según explicaron, los instrumentos autorregulados como los mencionados en esta nota, pueden ser “muy sólidos”, incluso más que los que pasan por el BCU, debido a que este “no asegura el éxito” y tampoco da una garantía, sino que lo que hace es un control de la legalidad, pero no se pronuncia acerca de la conveniencia.
Sin embargo, explicaron que pasar por el examen de registro previo, tener exigencias de información veraz, oportuna y transparente, prospectos, controles de calificadoras e información de factores de riesgos que se asumen, entre otros, implica tener una revisión adicional respecto a quien no recorre ese proceso.
¿Por qué el BCU no regula y controla a estas empresas?
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Banco Central
Ante la consulta realizada por El Observador, desde el Área de Comunicación del BCU, explicaron que mientras el negocio se trate “exclusivamente” de cría y engorde de ganado, o sea un negocio de capitalización de ganado, las empresas que ofrecen inversiones en ese rubro no están sujetas a la regulación y supervisión del Central, ya que no se encuentran comprendidas en el artículo 34 de la Carta Orgánica de la institución, “en tanto no se trata de un negocio financiero, sino de una inversión en la economía real”.
En ese sentido, agregaron que si – bajo la apariencia antes referida – se encubriera captación masiva de recursos financieros, a través del llamado general e impersonal a eventuales inversores bajo promesa de devolución de esos recursos a cierto plazo y con cierta rentabilidad, entonces la actividad “podría asimilarse” a la captación masiva de depósitos (reservada a empresas de intermediación financiera) o debería realizarse a través del mercado de valores, ofreciendo públicamente los valores que sirven de título al inversor y cumpliendo los requisitos de registro e información que impone la ley.
Actuaciones de BCU y solicitudes de información a empresas
En ese sentido, el BCU afirmó que la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF), ha realizado varias actuaciones a efectos de verificar que el negocio que realiza cada inversor fuera efectivamente una inversión en ganado y no “un depósito encubierto” o una oferta pública de valores sin el debido registro del valor y su emisor.
Según el banco, a la fecha se han realizado actuaciones en 11 firmas que ofrecían inversiones ganaderas, en las cuales se solicitó información de la empresa (societaria y contable), listados de clientes, copias de contratos tipo y, además, información completa de una muestra de cinco clientes (copia de contratos efectivamente firmados con los clientes, guías de ganado, liquidaciones por venta de ganado, entre otras cosas).
En esos casos, explicaron, se analizó la documentación para tratar de determinar si más allá de los textos de los contratos, efectivamente se estaba ante un negocio de inversión en ganado, para lo cual resultaba relevante determinar si efectivamente los clientes adquirían las guías de propiedad y si el inversor corría con los riesgos del negocio en algún grado (mortandad, baja de precios, etcétera.).
El banco añadió que en los casos donde se entendió que la documentación proporcionada “no aseguraba” que se estaba ante una inversión en ganado, sino que se asimilaba a un “llamamiento general e impersonal para la realización de una inversión financiera”, se instruyó a las empresas a que se abstuvieran de realizar publicidad llamando a inversores. Estas resoluciones fechadas entre 2018 y 2023 son públicas y se encuentran disponibles en la página web de la entidad.
Tras esas actuaciones, algunas de esas empresas modificaron su negocio y volvieron a presentar sus contratos, “salvando” las observaciones formuladas por la SSF, relataron desde la institución. En tanto, hay una de esas empresas que recurrió la resolución de la SSF e inició una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que aún no cuenta con sentencia definitiva.
Rentabilidades aseguradas y “atractivas” en dólares
¿Cómo una empresa puede asegurar rentabilidades fijas en dólares y muchas veces a tasas tan atractivas -llegan a ser de hasta dos dígitos-, cuando hay productores que haciendo lo mismo y a veces hasta en campos de su propiedad no consiguen acercarse esos números?
“Esa es una gran pregunta”, dijo a El Observador Rodrigo Álvarez de Neurona Financiera. “Si se le pregunta a un productor te dice que son un (esquema) Ponzi, y si se le pregunta a una de las empresas te dice que los productores tradicionales no saben trabajar bien el campo y que tienen pérdida de costos por falta de optimización. No siendo experto en el tema, me quedo con el punto medio de ambos caminos”, señaló.
Otra fuente con conocimiento del rubro ganadero que prefirió no ser mencionado, dijo a El Observador que las rentabilidades reales y “limpias” que se prometen en algunos casos, “no pueden salir exclusivamente” de explotaciones ganaderas.
Según explicó, hay varios organismos que se dedican al fomento rural y a asesorar productores que anualmente presentan carpetas con números de establecimientos “prolijos”, y las rentabilidades de los campos “no son buenas”. “Acá somos pocos, nos conocemos y magos no hay, está todo inventado”, dijo.
Otra fuente consultada expresó que al margen de las dudas que pueden generarse sobre cómo se llega a las rentabilidades ofrecidas, la mayoría de las empresas “cumple” con los inversores.
También apuntó a que “hay gente que se encandila, se marea, y compra todo ese ruido que es tentador”. En ocasiones, sin tener idea del rubro e incluso sin entender cómo funciona el negocio y qué riesgos presenta.
Por otro lado, destacó que los negocios de capitalización de ganado tienen una larga tradición en Uruguay, pero en ellos las partes pueden “ganar o perder”. “No se aseguran rentas de nada, porque es alocado hacerlo. (...) Hay demasiados factores de riesgo que pueden pesar, como una seca, una guerra o una pandemia”, resumió.
“País ganadero” y riesgo “no visibilizado”.
Álvarez apuntó que cuando un mecanismo de inversiónpaga un rendimiento fijo, se parte de la base que el negocio subyacente es “predecible” o que en caso de haber condiciones externas desfavorables, hay una garantía o un respaldo financiero que pueda hacerse cargo de las obligaciones.
“Dependiendo del contrato que se firme con la empresa, muchas veces no existe la garantía tal cual, es un contrato de capitalización, y eso repercute en que puedan darse manejos a la hora de rescatar el dinero”, dijo.
“En lo personal creo que hay que separar las aguas. Por un lado está esta historia de que somos un país ganadero, cosa que es real, pero eso va en otra vía que es medir el riesgo de estos negocios. (…) Si la inversión libre de riesgo hoy paga en el entorno de 5%, que es el bono de EEUU, pensemos que un 10% de rentabilidad representa un riesgo considerable que no vemos con esta idea de que ‘Uruguay es un país ganadero", afirmó.
