El frenteamplista Yamandú Orsi asumirá la presidencia de Uruguay en marzo de 2025, tras imponerse como ganador en las elecciones del domingo 24 de noviembre.
En esta nota se realiza una selección de las principales medidas económicas y sociales que planea poner en práctica el gobierno del Frente Amplio.
Las medidas mencionadas fueron elegidas a solicitud de El Observador por el equipo asesor del área económica que en el nuevo gabinete tendrá como ministro a Gabriel Oddone.
Medidas para impulsar el crecimiento económico
En el gobierno electo se considera que retomar “tasas más vigorosas” de crecimiento - entre 2,5% y 3% anual- es “imprescindible para mejorar el bienestar de la sociedad”.
1-) Fomento, atracción y retención de inversiones. Se plantea “revitalizar” el Instituto Uruguay XXI, integrando al sector privado en su Consejo de Dirección y facilitando los trámites a inversores a través del desarrollo de la Ventanilla Única de Inversiones. Además, se identificarán oportunidades de mejora en el régimen de incentivos de la Comap, priorizando inversiones con “mayor impacto dinámico”, y se promoverá la conexión entre la generación de conocimiento, la formación de recursos humanos y los negocios en sectores como las TIC, las ciencias de la vida y la producción sostenible.
2-) Fomentar innovación y desarrollo de ciencia y tecnología. Se propone articular el ecosistema de Ciencia y Tecnología para coordinar y liderar la agenda de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). Esta medida busca “fortalecer” los vínculos con el sector privado, desarrollar instrumentos de promoción y definir prioridades estratégicas en CTI. Su objetivo es atraer inversiones extranjeras, aumentar la productividad y desarrollar el capital humano necesario para impulsar el crecimiento del país.
3-) Reducir costos y carga burocrática para las mipymes. Se ofrecerá acceso gratuito al sistema de facturación electrónica a microempresas y trabajadores independientes. Esta medida beneficiaría a un universo potencial de 182.000 microempresas y 18.000 profesionales independientes que facturan menos de $ 50.000 mensuales, evaluando el acceso según la capacidad económica y el volumen de facturación. Asimismo, se propone reducir la carga burocrática que enfrentan las mipymes mediante la estandarización de un único trámite en línea para las habilitaciones de las intendencias. "Esto permitirá una relación más ágil con la administración, adoptando un enfoque de control ex post que facilite la interacción con el Estado y promueva un entorno más eficiente para los pequeños negocios”, señalan desde el FA.
4-) Mejorar el transporte público en la zona metropolitana. Se plantea impulsar la construcción de ejes troncales rápidos de transporte público en la zona metropolitana de Montevideo. “Mejorar el transporte público en esta área es crucial para hacerlo más atractivo, reducir la congestión causada por otros medios de transporte y recuperar espacios para la convivencia, la integración y el esparcimiento, como arbolado, parques y movilidad activa”, explicaron.
5-) Mayor asociación entre industrias y centros de investigación. Se propone la creación de fondos no reembolsables para fomentar la colaboración entre el sector productivo y los institutos tecnológicos y universidades. El objetivo es impulsar el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación aplicadas a los procesos productivos, agregando valor a la producción y alineando las capacidades nacionales de generación de conocimiento.
Medidas para “fortalecer” la matriz de protección social
Las medidas abarcan desde la primera infancia hasta la juventud, con especial énfasis en mujeres jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad social.
Según explicaron, “se busca igualar oportunidades mediante políticas que garanticen el acceso y la permanencia en la educación, especialmente en los niveles inicial y medio, incrementando la cobertura y el tiempo en el aula”.
Además, se propone “fortalecer” el sistema de cuidados para facilitar la participación laboral femenina y promover empleos de calidad para los jóvenes.
El paquete de medidas de protección social tiene un costo estimado de alrededor del 0,5% del PIB, “con impactos directos en la reducción de la pobreza infantil y mejoras en las oportunidades a lo largo de la vida, que eleven las condiciones de vida de las personas contribuyendo a mejorar su inserción laboral a corto y mediano plazo”, se indicó desde el Frente Amplio.
1-) Aumentar en 50% el monto de la Tarjeta Uruguay Social (TUS) y del Bono Crianza. Esto para hogares de mayor vulnerabilidad económica, mientras se rediseña el esquema de transferencias. Esta medida “atenderá la emergencia social” desde el primer día y beneficiará a cerca de 100.000 hogares.
2-) Apoyo de $ 2.500 a familias con niños en centros de educación inicial (CAIF y otros), jardines y escuelas de la ANEP al inicio de clases. Con ello se busca “garantizar” el derecho universal al acceso a la educación, incluyendo a capas medias, y se “promueve la equidad en condiciones de acceso para fomentar la permanencia en lugar de premiar el resultado”.
3-) Becas para estudiantes de enseñanza media. Se plantea multiplicar por cinco la cantidad de becas Butiá en centros públicos, y multiplicar por 2,5 el monto. La cobertura aumenta de 14.700 a 70.000 estudiantes y el monto se eleva de $ 10.000 a $ 25.000 anuales, según se explica. La medida “ataca uno de los principales problemas de la educación media que es la permanencia, en lugar de premiar el resultado”. La cobertura de becas aumenta de 1 de cada 20 estudiantes a 1 de cada 4.
4-) Duplicar cobertura de niños en jardines y escuelas de tiempo completo, con foco en los primeros dos quintiles. Esta medida “mejorará” la alimentación, socialización y aprendizaje de los niños más vulnerables, “reduciendo” la brecha educativa con el sector privado y “moderando” la brecha de género al facilitar la inserción laboral de mujeres. Actualmente, solo cerca de un cuarto de la matrícula de primaria asiste a escuelas de tiempo completo, argumentaron.
5-) Programa de empleo para 12.000 jóvenes de 18 a 24 años. Este programa ofrecería empleo formal con un salario de $ 18.500 por 30 horas semanales durante 12 meses, además de formación dual, acompañamiento e incentivos tributarios para la recontratación en el sector privado. La medida busca “combatir” el desempleo, que afecta al 29% de los jóvenes, y la informalidad, que afecta al 32%. Hay 120.000 jóvenes con “problemas severos” de empleo, y “un primer empleo decente favorece su trayectoria laboral futura”, sostienen desde el Frente Amplio.