En el informe titulado "El rol de la supervisión en la efectividad de los sistemas antilavado: lecciones de Uruguay, Colombia y España", Buela dijo que en el caso uruguayo se destaca como un hecho negativo y como un "posible indicio de la baja calidad de los ROS", el índice entre la cantidad reportada por los sujetos obligados a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la que ese organismo remite a Fiscalía, en torno al 3% en promedio en los últimos años.
No obstante, Buela señaló que esos problemas en el control también pueden estar provocados por la "falta de recursos humanos y tecnológicos en el área de análisis operativo de la UIAF", así como también por "una falta de recursos en todo el sistema antilavado". A su entender, "la escasez de personal ha limitado la capacidad de implementar medidas efectivas de prevención y detección".
Los sistemas de Uruguay, España y Colombia
En el artículo publicado por la WCA, Buela comparó la situación de Uruguay con la de dos países con sistemas de control "bien distintos": Colombia y España.
De acuerdo con el contador, al igual que Uruguay, Colombia no cumple con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la efectividad del sistema de control, pese a que fue pionero en la región en aplicar el enfoque basado en riesgos (una metodología hecha por el GAFI para combatir el lavado de activos).
En tanto, en el caso de España, el país "logró resultados positivos" en su última ronda de evaluación, tanto en el cumplimiento técnico como en la efectividad del sistema. Fue en el caso español además, según Buela, que se inspiró la legislación uruguaya en términos de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
El caso de Colombia
En Colombia, los sujetos obligados del sector no financiero presentan varios inconvenientes, según Buela. "A nivel regulatorio, el primer tema es la definición que tiene de los sujetos obligados no financieros. Tanto el sector inmobiliario, los comerciantes de metales preciosos, servicios jurídicos, contables, la construcción y el sector de activos virtuales, no están definidos en base solo a la descripción de sus actividades, sino que tienen un umbral por encima del cual quedan abarcados por la normativa", explicó.
En ese sentido, se estima que aproximadamente por debajo de US$ 11 millones de activos o de ingresos totales, la normativa no los considera como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas. Asimismo, según Buela, "la definición de actividad de cada sector no coincide siempre con la que da el GAFI", lo que lleva a que la cantidad de sujetos obligados en dichos sectores sea muy baja".
Para ejemplificar la situación, el contador detalló que en ese país hay 28 agencias inmobiliarias que son sujetos obligados, cuando se estima que el universo total es de 1.000. Lo mismo en el caso de servicios jurídicos, 10 sujetos en un universo de 280 mil o en las sociedades de servicios contables en las que hay nueve registradas en un universo de 250mil.
Asimismo, la normativa que contempla a los sujetos obligados del sector no financiero, no está centralizada sino que "está desagregada en varias circulares dependiendo del sector", además de que la supervisión se realiza por varios organismos, lo que según Buela dificulta el control de esos sectores.
"La consecuencia de esta atomización" es "la dificultad para la supervisión de los sectores y también para la emisión de normas, estándares y capacitación. Asimismo, la diferencia en la normativa por sector tiene otras consecuencias como ser la falta de uniformidad en la definición del concepto de beneficiario final. La información está descentralizada y no es de fácil acceso", señaló el contador en el artículo.
En términos de cantidad de ROS, Colombia ha superado los 15 mil en los últimos años, una cifra que según Buela es considerada adecuada a nivel global pero indicó que "el porcentaje de los que pasan de la UIAF a Fiscalía no llega nunca ni al 1%". Por ese motivo, en documentos de evaluación emitidos por Colombia "se considera que la utilidad de los ROS termina siendo muy baja".
El caso de España
La situación en el sistema de control y supervisión de España "es bien distinta" a la de Colombia, aseguró el contador, dado que en ese país existe un único organismo regulador y supervisor, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), que cumple "un doble papel", por un lado de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y por otro lado, es también el supervisor antilavado de todos los sectores, financieros y no financiero.
En el sistema español, Buela detalló además que se "utiliza un criterio de evaluación en base a riesgos para realizar la supervisión, concentrándose en los sectores y operaciones de mayor riesgo".
En relación a la cantidad de sujetos obligados no financieros registrados en España, la cifra era "similar" a la de Uruguay. "A finales de 2021 eran 13.841 incluyendo a inmobiliarias, contadores, notarios, registradores de propiedad de bienes muebles, abogados, casinos, comerciantes de joyas, piedras y metales preciosos", detalló el informe.
Mientras que a finales de 2023 en Uruguay había unos 13.677 sujetos obligados registrados ante la Senaclaft.
Sin embargo, el nivel de ROS presentados llegó a superar los 2.000 por año en España, mientras que en Uruguay el nivel "no ha llegado nunca a los 100" en el caso del sector no financiero, dijo Buela. A su entender, "no solo la cantidad es alta en España, sino que la tasa de crecimiento de los mismos se incrementa en forma sostenida año a año".
En el caso español, los subsectores que lideran la presentación de ROS son los notarios, los registradores de propiedad de bienes muebles y el sector de casinos y juegos de azar.
A pesar de eso, el porcentaje de los ROS que se traducen finalmente en informes de inteligencia financiera remitidos a la Justicia "es bajo", según Buela, en torno a un promedio de 0,53% en los últimos cinco años. "Sin embargo, la UIAF envía un importante número de informes a otros organismos estatales, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. En promedio, el 60% de los ROS se destina a las fuerzas de seguridad y el 15% a la autoridad tributaria, evidenciando un aprovechamiento muy importante de la inteligencia financiera para alimentar las investigaciones de estas dependencias", explicó el contador.
Por otro lado, Buela también destacó del sistema español al Órgano Centralizado de Prevención en el Consejo General del Notariado, cuya función es la de coordinar y supervisar la actividad antilavado de todo el sector, lo cual incluye desde "impartir formación, hacer análisis de riesgos, mantener lazos con las autoridades y ser receptor de los ROS generados por sujetos obligados para analizar y si corresponde presentar al Sepblac".
Uruguay "en un punto medio" entre Colombia y España
Tras el análisis comparativo de los sistemas de control de los tres países, Buela concluyó que Uruguay se puede ubicar "en un punto medio entre la realidad de Colombia y la de España", aunque destacó que "la existencia de una normativa organizada y centralizada y la existencia de pocos organismos de control (lSenaclaft y UIAF) ubican a Uruguay más cerca de la realidad española que de la colombiana".
El registro de beneficiarios finales y tener la normativa alineada a las recomendaciones del GAFI son, según Buela, "elementos que le permitieron a Uruguay tener una buena evaluación" por parte del Gafilat en términos del cumplimiento técnico.
No obstante, el contador señaló que Uruguay tiene el desafío de "lograr mejorar la efectividad del sistema". Para poder hacerlo, deberá cumplir múltiples objetivos como unificar las estructuras de control, otorgarles más recursos e independencia tanto a la UIAF como a Senaclaft, mejorar el acceso a la información que tiene la Dirección Nacional de Registros e incluir nuevos sujetos obligados, explicó Buela quien dijo que a eso apunta la Estrategia Nacional que aún está pendiente de aprobarse.
"Asimismo, se deberá intensificar la supervisión, la capacitación y el trabajo conjunto con los distintos sectores integrantes del sector no financiero, con el objetivo de aumentar su percepción de riesgos y fortalecer el cumplimiento de sus obligaciones antilavado, procurando una mejoría significativa en la calidad y cantidad de ROS", concluyó Buela.
