El Observador realizó una verificación de algunos datos económicos manejados por los presidenciables Álvaro Delgado y Yamandú Orsi durante el debate presidencial del domingo pasado. Estos están vinculados a inflación, salario real, riesgo país, grado inversor y tarifas de combustibles.
Los puntos elegidos se clasificaron en cuatro categorías: "verdadero", en caso de que el dato sea cierto, "depende", en caso de que el dato sea cierto, pero que haya otros que demuestren lo contrario, "impreciso", en caso de que el dato no sea verdadero por falta de precisión, y "falta contexto", en caso de que el dato sea cierto, pero que un panorama acompañado de otros datos de contexto cambien su significado.
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"Recibimos un país con cifras todas bajando, todas en declive, con una inflación de casi dos dígitos", Álvaro Delgado: IMPRECISO
El gobierno asumió en marzo de 2020. La medición previa de inflación había sido de 8,32% en el año cerrado a febrero que es el último mes de gobierno del Frente Amplio.
El indicador estaba fuera de la meta oficial (entre 3% y 7%) hace casi dos años, y en un nivel de cercano a 8%, rango donde se ubicó la mayor parte del tiempo durante los últimos 20 años. Aun así estaba a casi dos puntos de los dos dígitos.
En la segunda administración del Frente Amplio hubo inflación de dos dígitos, entre febrero y julio de 2016.
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"Recibimos un riesgo país enorme, a punto de perder el grado inversor (…) Ordenamos la economía y estamos con números más sólidos. La nota económica más alta de la historia y el riesgo país menor de América Latina", Álvaro Delgado: VERDADERO
Las perspectivas económicas y de la nota de deuda tienen reflejo en el índice de riesgo país.
El gobierno del Partido Nacional asumió en febrero de 2020 con un riesgo país en el eje de 180 puntos, según el Emerging Markets Bonds Index. Estaba por encima en comparación a los niveles actuales que se ubican en el eje de 80 puntos básicos, su nivel más bajo en los últimos 10 años.
Por otro lado, en octubre de 2018 la calificadora Fitch Ratings había mantenido la nota de deuda en el mínimo (BBB-), pero había revisado la perspectiva de estable a negativa. En ese entonces, durante el gobierno del Frente Amplio, la agencia destacó que la revisión era reflejo de déficit fiscales persistentes, y una alta y creciente deuda pública que “erosionaba” el espacio de políticas para enfrentar los shocks. Ello en un contexto de condiciones financieras globales más estrictas y un entorno macroeconómico desafiante para la región.
En los últimos dos años las tres principales calificadoras de riesgo mejoraron la nota de la deuda uruguaya, luego de casi una década: Moody´s (Baa1), S&P (BBB+) y Fitch (BBB). En todos los casos la perspectiva de la nota es estable.
Hoy Uruguay destaca como el de menor riesgo país entre 16 países de América Latina.
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"El grado inversor se consiguió con el gobierno del Frente Amplio, por allá por el 2013 todas las calificadoras nos habían devuelto", Yamandú Orsi: VERDADERO
Uruguay recuperó el grado inversor con la calificadora Moody´s en agosto de 2012 (Baa3), lo había perdido en mayo de 2002 (Ba2). Con S&P volvió a ser grado inversor en abril de 2012 (BBB-), y lo perdió en febrero de 2002 (BB+). Con Fitch Ratings volvió a ser grado inversor en marzo de 2013 (BBB-) y lo perdió en marzo de 2002 (BB+).
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“Este propio gobierno sinceramente dijo: ‘el salario del año 2019 se va a lograr en el 2024’. Se está cumpliendo, o sea que tuvimos 4 años con una caída del salario estrepitosa”, Yamandú Orsi: FALTA CONTEXTO
La crisis generada por la pandemia a comienzos de 2020 derrumbó la actividad económica e hizo que la prioridad en ese momento fuese la conservación del empleo, dada la delicada situación que atravesaba el mercado laboral en la mayoría de los sectores.
En ese contexto, el gobierno propuso con el aval de los empleadores y del PIT-CNT que era presidido por Fernando Pereira, una fórmula salarial para el sector privado –ronda puente– que aseguraba la pérdida de poder de compra, porque al correctivo por inflación se le debía restar la tasa de caída del Producto Interno Bruto (PIB) (ver acta oficial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) .
A nivel de los trabajadores públicos también se vio afectado el poder de compra, aunque en menor medida.
La recuperación del salario real comenzó a procesarse lentamente desde el 2022 y se consolidó en 2023 y 2024 para la mayoría de las actividades que negocia en los consejos de salarios. Un punto clave para esa dinámica fue la desaceleración de la inflación.
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“Miren, estos son los sobrecostos en el precio de los combustibles, tarifa del 2012 al 2019 US$ 907 millones de sobre costos en combustibles para financiar la caja de Ancap o la regasificadora (…) Cuando cambiamos el sistema de precios de combustible, ahorramos US$ 420 millones por usar el precio paridad de importación”, Álvaro Delgado: DEPENDE
El candidato nacionalista utilizó este ejemplo para mostrar que la actual administración no recurrió a las tarifas públicas para recaudar y hacer caja, a diferencia de lo ocurrido en gobiernos del Frente Amplio. Así lo avalan los cálculos que Ancap ha hecho públicos en varias ocasiones.
Y en la segunda parte de la afirmación, el candidato quiso mostrar que sistemáticamente los combustibles al público se vendieron más baratos que lo que marcaban los precios teóricos de importación calculados por Ursea.
Efectivamente en estos años hubo un “ahorro” a favor de los consumidores que pagaron menos como se refiere Delgado, pero que no fue por usar la regla de PPI.
La diferencia de US$ 420 millones se da porque el Poder Ejecutivo continuó con un manejo discrecional de las tarifas de los combustibles, aún cuando creo una regla para hacer los ajustes mensuales que pretendía disminuir esa práctica.
Desde el gobierno se argumenta que aún cuando la gente pagó menos porque lo que decía el PPI nunca se aplicó a “tapa cerrada”, los resultados de Ancap dieron ganancia entre 2021 y 2023.
