La Administración Nacional de Puertos (ANP) elaboró una nueva reglamentación y dejó sin efecto la anterior
Puerto de Montevideo
Diego BattisteAutoridades portuarias aprobaron una nueva reglamentación para el atraque de buques en el puerto de Montevideo que espera ahora la promulgación del Poder Ejecutivo. El texto mantiene la prioridad que le había otorgado a Terminal Cuenca del Plata (TCP) hace tres años.
En 2021, el gobierno firmó con Katoen Natie la extensión de la concesión de TCP (propiedad mayoritaria de la empresa belga con participación estatal) hasta 2081. De manera complementaria se redactaron dos decretos: uno que estableció la ampliación de la concesión y otro que otorgó a la compañía la prioridad de atraque para barcos de carga.
Uno de los textos estableció que la ANP deberá priorizar el atraque de buques y barcazas portacontenedores en la terminal especializada y solo podrá movilizar las embarcaciones a los muelles públicos en caso que TCP se encuentre ocupada durante las 24 horas siguientes.
La prioridad otorgada despertó las críticas de Montecon, principal competidor de la terminal y que opera contenedores en áreas públicas del puerto de Montevideo. La empresa se presentó ante la Comisión de Defensa de la Competencia para denunciar prácticas anticompetitivas en el puerto de Montevideo, responsabilizando a la ANP, el Ministerio de Transporte (MTOP), Katoen Natie y TCP.
Sin embargo, las acciones fueron desestimadas por el Ministerio de Economía (MEF) por entender que la actividad portuaria era una actividad de interés general, relacionada con el desarrollo del país y, por tanto, las decisiones al respecto debía tomarlas el Poder Ejecutivo.
En paralelo, los dos accionistas de Montecon -la canadiense ATCO y la chilena Neltume Ports- presentaron arbitrajes contra el Estado uruguayo a principios de este año ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.
Las demandas se sustentan en que el acuerdo de extensión de TCP viola los tratados de inversión que Uruguay tiene firmados con Canadá y Chile. Las acciones son por aproximadamente US$ 900 millones.
Previo a la ampliación de la concesión, Montecon y TCP se repartían -prácticamente en partes iguales- toda la operativa de carga y descarga de contenedores. Durante los años anteriores la molestia había estado en el otro bando: Katoen Natie aseguraba que su competidor oficiaba como una terminal de contenedores, pero trabajando en áreas públicas del puerto y sin haber efectuado grandes inversiones.
Incluso, la multinacional belga le había comunicado al anterior gobierno que también recurriría al Ciadi, esta vez con un arbitraje por US$ 1.500 millones. La intención quedó atrás cuando se concretó la extensión del contrato.
Hace meses, las autoridades portuarias comenzaron a elaborar un nuevo reglamento de atraque para el puerto de Montevideo. El texto fue aprobado por el Directorio de la ANP y el MTOP. Ahora espera la promulgación de Presidencia.
La nueva reglamentación mantiene sin cambios la potestad para otorgar prioridad de atraque de buques y barcazas con contenedores a TCP. También que podrá enviarlos a los muelles multipropósito en caso que la terminal especializada se encuentre sin espacio.
Según supo El Observador, el contenido del documento fue aceptado por el Centro de Navegación (Cennave). En la comisión directiva del centro hay representantes de TCP y Montecon.
En setiembre de 2021, el Directorio de la ANP aprobó el decreto que reglamentó la prioridad de atraque. Mediante una resolución indicó que cada 90 días priorizaría un servicio adicional (de contenedores) mientras la terminal especializada tuviera disponibilidad para recibirlo.
Hace dos meses, TCP comunicó a la ANP -mediante una carta dirigida al presidente, Juan Curbelo- que no habría cambios en la disponibilidad de muelles “hasta que quede operativo el nuevo puesto de atraque en construcción dentro de la terminal especializada de contenedores”.
“A los efectos del correcto cumplimiento del reglamento de atraque, informamos a la ANP que no tenemos disponibilidad para atender buques de los servicios que actualmente se están atendiendo en los muelles públicos”, añadió.
Una resolución de la ANP de este martes mencionó que el protocolo de 2021 había sido elaborado con el objetivo de “alcanzar un punto de equilibrio donde la ocupación de la terminal especializada fuera la adecuada para su infraestructura actual”.
Expuso que la gradualidad operativa propuesta en el protocolo se relacionaba con la “migración progresiva y ordenada a TCP de los servicios que operan en los muelles públicos”.
Pese a eso tomó en cuenta la falta de disponibilidad de la terminal de contenedores para absorber nuevos servicios hasta no incrementar su capacidad operativo y decidió entonces dejar sin efecto la resolución que había otorgado la prioridad de atraque a TCP.
