El régimen económico financiero del contrato de Arazatí
El proyecto Neptuno-Arazatí se firmó bajo la modalidad de Participación Público Privada (PPP), un instrumento de contratación a través del cual el Estado le encarga a un privado el diseño, la construcción, el financiamiento y el mantenimiento (o algunas de esas prestaciones) de un proyecto de infraestructura, por un determinado tiempo.
A cambio, la administración pública le paga por la disponibilidad de la infraestructura y servicios asociados. Se fija un máximo a pagar por una calidad definida y también se establecen descuentos si no se cumplen con ciertos estándares.
Según la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), algunas de las ventajas financieras del modelo PPP son que se pospone la carga presupuestal hasta la puesta en funcionamiento del proyecto; que se “diluye” el pago de esa inversión en el tiempo, generando así “equidad intergeneracional”, dado que los proyectos suelen ser a 20 o 30 años; que se ahorran recursos públicos en el largo plazo porque el riesgo se transfiere a los privados; y que permite también mejoras en la eficiencia de la gestión de la infraestructura.
Entre las críticas al modelo PPP, se suele señalar un alto costo de estructuración y demoras en la aprobación, implementación y/o concreción de los proyectos.
En el caso de Arazatí, el contrato firmado es por 20 años. Se acordó que OSE le pagará al consorcio un pago por disponibilidad (PPD) cuando las obras terminen. Una vez que la planta esté en funcionamiento, el Estado —a través de OSE— deberá pagar aproximadamente unos US$ 46 millones por año durante los próximos 17,5 años, lo que totalizan unos US$ 805 millones. Ese monto incluye el PPD además de unos US$ 5 millones por mantenimiento.
Además, OSE deberá aportar unos US$ 5 millones para expropiar los terrenos donde se construirá la planta, una responsabilidad que según lo acordado en el contrato, le corresponde al Estado.
Los pagos de OSE al consorcio, se harán a través de un fideicomiso de administración y garantía, al cual la empresa estatal deberá ceder parte de su recaudación de forma de asegurar, en todo momento, la disponibilidad de los fondos necesarios para el PPD.
El consorcio se hará cargo del financiamiento, el diseño, la construcción, la puesta en marcha y el mantenimiento de la planta potabilizadora. También será responsable de la gestión de la toma de captación de agua bruta, la estación de bombeo de agua bruta, la reserva de agua bruta y las obras conexas. En tanto, la operación del resto de los componentes estará a cargo de OSE.
También es responsabilidad de los privados conseguir las autorizaciones ambientales y todos los permisos, así como conseguir el financiamiento necesario para el cumplimiento del contrato.
Según se desprende del contrato, al que accedió El Observador, los riesgos vinculados con el financiamiento; con la obtención de permisos y habilitaciones ambientales; los riesgos sociales; los de diseño, construcción y mantenimiento; así como los riesgos por eventuales variaciones de precios y cambios en el costo del financiamiento, serán responsabilidad del consorcio privado.
¿Quién paga Arazatí? ¿Cómo se financian las obras?
Las obras costarán unos US$ 294 millones aproximadamente. Tal y como había informado El Observador, ese total se divide en unos US$ 46,5 millones por la toma, la estación de bombeo y la aductora hasta la planta; otros US$ 100 millones de la planta; US$ 21 millones el costo del pólder y la aductora de agua tratada y las obras conexas, los otros US$ 126,1 millones.
El financiamiento de esos casi US$ 300 millones provendrán de dos lugares: del banco de desarrollo de América Latina, CAF, que aportará de forma directa US$ 100 millones y los otros US$ 200 millones serán otorgados por el Fondo de Deuda para Infraestructura V, un fideicomiso financiero emitido en febrero del año pasado por CAF-AM, la gestora de fondos del banco CAF.
Ese fondo emitió 2.000 millones de unidades indexadas (UI), equivalentes a unos US$ 300 millones, en certificados de participación. El destino de ese dinero es el financiamiento para obras de infraestructura en el país en un plazo máximo de 30 años, incluido el proyecto Neptuno Arazatí.
Desde CAF-AM dijeron a El Observador que aproximadamente el 60% del dinero conseguido a través del fondo de deuda, se destinará a financiar Arazatí. Es decir que le dará ese dinero como préstamo al consorcio privado.
De los US$ 300 millones emitidos en certificados de participación, unos US$ 291 millones fueron adquiridos por grandes inversores institucionales: AFAPs, bancos y aseguradoras, mientras que los restantes US$ 9 millones fueron comprados por inversores minoristas.
Según pudo confirmar El Observador con actores involucrados en el proyecto, las cuatro AFAPs que operan en el país participarán del financiamiento de Arazatí, siendo República AFAP (conformada por el Banco República, el Banco de Previsión Social-BPS y el Banco de Seguros del Estado- BSE) la que adquirió mayor cantidad de certificados de participación en comparación con el BSE y los fondos de pensión privados.
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Archivo: Proyecto Neptuno
Foto: Diego Battiste
¿Cómo influyen en el financiamiento las alternativas planteadas?
Si bien en el memorando de entendimiento el consorcio presentó cuatro alternativas para eventuales modificaciones que el gobierno electo quiera realizar en el futuro, fuentes vinculadas con CAF dijeron a El Observador que eso no es un problema dado que no cambiará sustancialmente la estructura financiera del proyecto.
En ese sentido, mencionaron que dos de las alternativas planteadas reducen el costo final de las obras, mientras que las otras dos lo encarecen pero tampoco significativamente.
Según consta en los documentos firmados entre el consorcio y el Poder Ejecutivo, OSE y las empresas privadas podrán establecer modificaciones al proyecto por acuerdo mutuo, siempre y cuando haya transcurrido un año desde la firma del contrato y siempre que se tenga el consentimiento de los acreedores financieros.
En ese sentido, una de las cláusulas expresa que “la modificación del contrato no podrá realizarse sin el acuerdo expreso de los acreedores financieros”.
Si bien la estructura del financiamiento aún no se ha firmado, las fuentes vinculadas al proyecto indicaron que los eventuales cambios que están sobre la mesa no provocan grandes cambios al proyecto y que es frecuente que este tipo de obras sufra modificaciones. Si eso ocurriera, se precisa que la mayoría de los titulares de certificados de participación, los inversores, esté de acuerdo con realizar cambios en el prospecto de emisión original.
“Se ajusta el financiamiento y no hay problema, si se tienen que hacer ampliaciones (es decir, se precisa más dinero) se hace, como ocurrió con el proyecto del Ferrocarril Central. Lo importante es si los proyectos son financiables, no si se queda corto el fondo”, explicaron.
