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17 de diciembre 2024 - 5:00hs

Días atrás, la Cámara de Comercio organizó una actividad sobre negociación colectiva y mercado de trabajo, con el foco puesto en el sector pero también para intercambiar conceptos generales.

El economista de CPA Ferrere Nicolás Cichevski fue el encargado de exponer sobre la reducción de la jornada laboral en Uruguay. Expresó que el principal costo de la medida es que aumenta el salario por hora. Pero aclaró que no es el único. “No es lo mismo contratar dos trabajadores con cuatro horas cada uno, que uno que trabaje ocho. Los costos de tener dos trabajadores en plantilla no son necesariamente los mismos”, dijo.

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Cichevski tomó como referencia dos ejemplos internacionales. Por un lado Portugal, donde se flexibilizó el horario y eso permitió una distribución de las horas. El otro ejemplo fue el de Francia. “Fue una solución más pragmática, pero más costosa. Se otorgaron subsidios y compensaciones en materia de contribuciones salariales”, comentó. El costo de aplicar la reducción superó los US$ 800 millones.

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Oficina de trabajo
Oficina de trabajo

Desde su visión, la experiencia internacional no muestra un consenso sobre la eventual mejora de la productividad a través de la reducción de la jornada laboral. Entonces, el objetivo debería centrarse en el primer punto.

Hay que mejorar la forma de medir la productividad y contemplarla en la negociación colectiva; considerar los diferentes sectores y regiones de la economía. Y en todo caso, la jornada laboral será un aspecto más de toda esa discusión”, dijo.

“Pero a nivel de ley parece muy poco probable; no parece beneficioso una iniciativa de este tipo”, añadió.

La reducción de la jornada laboral es una vieja aspiración de la central sindical, impulsada -en primera instancia- por la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) para algunas áreas de producción en Fábricas Nacional de Cerveza (FNC), y luego por la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines (Untmra) en empresas del sector.

Ignacio Umpiérrez del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) se refirió al empleo y al sistema de negociación colectiva. Sobre el primer punto expuso que era previsible que la pandemia del covid-19 provocara un impacto en el mercado de trabajo y una posterior evolución con rezagos. Pero sin embargo eso no sucedió en Uruguay, ya que el mercado de trabajo mantuvo niveles de desempleo comparables con los de 2015 o 2016, aclaró. “Quizás el mercado de trabajo no es tan rígido, es la regulación que está atrás; le corre de atrás a la realidad”, sostuvo.

En ese sentido mencionó la posibilidad del descuelgue salarial como un aspecto para flexibilizar esa rigidez.

Para el economista, la próxima ronda de negociación colectiva será uno de los temas más trascendentes que deberá afrontar el nuevo gobierno en materia laboral. Y allí tendrá un escenario más desafiante. “Hay un ciclo económico que lentamente podría revertirse y que probablemente estos niveles de empleo sean difíciles de mantener”, indicó.

Por eso será necesario mantener la prudencia en la negociación salarial. “Cuando los salarios crecieron a mayor ritmo que la economía, el ajuste al mercado de trabajo vino por el lado del empleo”, advirtió.

Trabajo calificado

Uno de los problemas que observa Umpiérrez es el empleo de baja calificación. Actualmente se requieren trabajadores especializados, pero la oferta no acompaña esa demanda. “Hay un cuello de botella importante, porque hay sectores que están apuntalando el empleo pero no están teniendo una oferta suficiente”, expresó.

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El flujo y la concentración en el trabajo
El flujo y la concentración en el trabajo

Para contemplar, en parte, esa realidad marcó la necesidad de la reconversión laboral a través de programas del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).

Otro desafío es la generación de empleo para la franja más joven de trabajadores. Sobre ese tema contrastó que Uruguay tiene una de las tasas más bajas de desocupación general de la región, pero una de las más altas de desempleo juvenil.

La situación es más difícil para aquellos que no tienen el ciclo secundario terminado, ni experiencia laboral en el mercado. “Hablamos de 40.000 o 45.000 jóvenes en esa situación de desempleo estructural o más bien itinerante. Ahí hay un desafío importante”, señaló.

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