La obra tiene un costo de US$ 294 millones. OSE la pagará durante 17 años y medio una vez que esté en funcionamiento (en total pagará más de US$ 800 millones).
La suscripción había sido adelantada por Lacalle Pou a Orsi en la primera –y única– reunión que tuvieron, pero igual motivó que el presidente entrante lo llamara y le enviara una carta cuestionando la “oportunidad”.
A su vez, el futuro ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, consideró que era un “importante error” que desestimaba “reparos académicos, políticos, sociales y legales”.
Señaló que la empresa pública quedaba en una “situación financiera crítica que afecta su capacidad para prestar los servicios de agua, saneamiento en todo el país y realizar obras estratégicas como Casupá”.
En el gobierno electo pretenden analizar todos los números para evaluar cómo será la asistencia financiera que tendrán que darle a OSE desde Rentas Generales, ya que la empresa pública dispone de unos US$ 70 millones para inversiones anuales, los cuales quedarán comprometidos por otros proyectos asumidos –como el saneamiento–, que también empezarán a pagarse durante este período.
También estudiarán las propuestas de cambios ofrecidas por el consorcio.
El ida y vuelta de Bustillo
Dos días antes, la administración de Lacalle Pou había tomado otra decisión que hizo ruido en el Frente Amplio ya que envió una venia para designar al excanciller Francisco Bustillo como nuevo embajador en Perú.
La izquierda cuestionó que el nombre no había formado parte de una lista de venias conversada con el Poder Ejecutivo en diciembre y señaló que no la votaría debido a su participación en el “caso Marset”.
Bustillo dejó la cancillería luego de que Carolina Ache denunciara ante la Justicia que, en el marco del caso de la entrega del pasaporte al narcotraficante, intentó ocultarle información al Parlamento y al propio Poder Judicial. Si bien la investigación por la entrega del pasaporte fue archivada, el fiscal Alejandro Machado abrió una pieza aparte para investigar el ocultamiento de la información y la destrucción de documento público.
Este viernes, luego que Vamos Uruguay comunicara que Carmen Sanguinetti no votaba la venia, con lo que la coalición no tenía votos suficientes para aprobarla, Lacalle Pou se comunicó con la vicepresidenta Beatriz Argimón y la senadora Graciela Bianchi para transmitirles que el Poder Ejecutivo retiraba la venia.
La decisión supone que el nuevo equipo de la Cancillería, con Mario Lubetkin y Valeria Csukasi al mando, tenga que resolver acerca del futuro del excanciller, ya que es embajador de carrera.
Los militantes en ASSE
En medio de la discusión por Bustillo, el gobierno saliente tomó otra decisión polémica. Los directores de la coalición en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) aprobaron presupuestar a 481 personas que habían sido contratadas mediante Comisión de Apoyo o Comisión Nacional de Apoyo a la Salud Mental (exPatronato del Psicópata).
La votación fue rechazada por los dos directores de los trabajadores (Pablo Cabrera) y usuarios (Natalia Pereyra), que cuestionaron irregularidades.
Entre los presupuestados hay unas ochenta personas que no realizan tareas médicas. Decenas de ellos son cargos políticos y han sido asesores de los directores, ocupado lugares de confianza o incluso de asistencia.
La presupuestación de funcionarios políticos fue rechazada por el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), que emitió un comunicado en el que consideró que “decisiones de esta magnitud”, tomadas a tan pocos meses del cambio de autoridades, generan “dudas sobre la transparencia al desconocerse los criterios y fundamentos adoptados en el proceso”.
La decisión también había sido cuestionada –en diciembre– por la futura ministra Cristina Lustemberg.
“Lo correcto sería acordar con la administración entrante la ocupación de los cargos presupuestales con personas que cumplen con los requisitos —en tiempo y función relevante— y no en aquellos que se contrataron para funciones específicas del Directorio y sobre todo en calidad de personal de confianza política”, afirmó.
Pese a esto, las futuras autoridades de ASSE transmitieron a El Observador que no preveían dar marcha atrás con la decisión.
La flexibilización de la reforestación
Poco después de ser designado como próximo ministro de Ganadería, Alfredo Fratti anunció que iba a analizar la normativa vinculada con el sector forestal para hacerle cambios similares a los que habían sido votados por el Frente Amplio y Cabildo Abierto en una ley vetada por Lacalle Pou.
Tras esto, el gobierno publicó un decreto que flexibilizó la normativa para las reforestaciones, lo que fue leído como un guiño a los productores ya que les permite seguir plantando por tres ciclos forestales (unos 30 años) en tierras que no son de prioridad forestal.
Fratti consideró “inoportuno” que se firme un decreto cuando hay otro gobierno que ya está en transición. “Aparece en enero, cuando todo el mundo está distraído en otra cosa. No sé cuál es la urgencia que parece que se está firmando todo en enero. Me llama la atención, creo que no es la práctica habitual”, expresó.
Quien también se mostró en contra fue Ortuño, que dijo que lo revisarían y le auguró un “vuelo corto”.
“Entendemos que es formalmente una potestad, pero es inconveniente que un gobierno que se está yendo tome estas decisiones sobre temas fundamentales para el desarrollo del país y que comprometen a futuro. Tienen derecho de hacer y el nuevo gobierno tiene el derecho de revisarlo y de tener una opinión crítica como la tengo”, expresó.
La negociación de la vía
Aunque el tema no está definido, las futuras autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) siguen de cerca la resolución a una controversia entre el gobierno y el grupo Vía Central que construyó el ferrocarril.
El caso le fue informado la semana pasada a Lucía Etcheverry por parte de José Luis Falero durante la reunión de transición que mantuvieron.
En ese encuentro, el ministro saliente le dijo que estaban “estudiando” un informe de arbitraje ante el reclamo de US$ 100 millones por parte del grupo privado. El informe fue realizado por técnicos externos.
El consorcio alega que la vía estuvo habilitada desde una fecha, mientras que el gobierno dice que el “hito” se cumplió más adelante, tal como había informado Búsqueda.
Fuentes del gobierno entrante señalaron que esperaban recibir más información durante la transición y desearon que no se resuelva sin participarlos.
Nuevo comandante en la Fuerza Aérea
En las próximas horas, el gobierno de Lacalle Pou prevé ingresar una nueva venia al Parlamento para designar al brigadier general aviador Fernando Colina como nuevo comandante en jefe de la Fuerza Aérea.
A diferencia de la situación de Bustillo, esta venia será enviada en acuerdo con Orsi, ya que la futura ministra de Defensa, Sandra Lazo, fue quien trasladó el nombre a su par Armando Castaingdebat.
Colina es actualmente el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea.
Lo habitual es que los nuevos comandantes asuman los primeros días de marzo –después que se instala el nuevo gobierno– pero este caso deberá adelantarse ya que el general del aire Luis Heber de León pasa a retiro el 1° de febrero.
Colina era “el de la derecha” –el más antiguo– ya que tiempo atrás el brigadier general José Martín Medina había anunciado que pasaría a retiro de forma voluntaria también el 1° de febrero. Tras asumir, Orsi deberá disponer el ascenso de dos coroneles a brigadieres generales.
Lazo ya se reunió con todos los comandantes. El general del Ejército, Mario Stevenazzi, seguirá al mando de esa fuerza mientras que en la Armada habrá relevo aunque aún no se definió quién será el sucesor del almirante Jorge Wilson.
