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Contexto
¿Qué motivó el recurso de Madrid ante el Tribunal Constitucional?
El recurso fue interpuesto debido a que el Gobierno regional considera que el decreto aprobado por el Ejecutivo central el 18 de marzo infringe varios preceptos de la Constitución. El decreto establece un reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas, y Madrid lo impugna por invadir competencias que corresponden a las autonomías, especialmente en lo relativo a la acogida y tutela de menores extranjeros no acompañados. Además, se cuestiona la legitimidad de que el reparto se realice de manera "discrecional", sin justificación adecuada y sin consultar a las comunidades afectadas.
¿Qué establece el decreto aprobado por el Consejo de Ministros?
El decreto aprobado en marzo ordena el traslado de 4.400 menores migrantes a diferentes comunidades autónomas, siendo Canarias y Ceuta los principales puntos de llegada de estos menores no acompañados. También se establece que Cataluña deberá acoger solo una treintena de estos menores, lo que ha generado la controversia, ya que comunidades como Madrid se ven obligadas a asumir una parte importante del reparto sin tener una participación en su planificación.
¿Por qué la Comunidad de Madrid considera inconstitucional este decreto?
Madrid sostiene que el decreto vulnera varios principios constitucionales. En primer lugar, la región alega que el reparto de menores migrantes atenta contra su autonomía en la protección de los menores, pues la ley establece que las competencias sobre la acogida de menores migrantes recaen en las comunidades autónomas que tengan esta responsabilidad de forma estatutaria. Además, se denuncia que el reparto no está justificado ni se ha realizado de acuerdo con el principio de solidaridad y lealtad entre administraciones.
¿Cuál es la postura del Gobierno de Madrid respecto a la gestión de los menores migrantes?
El Gobierno madrileño asegura que ha estado gestionando la acogida de menores extranjeros no acompañados desde 2019, habiendo atendido a un total de 10.618 menores hasta la fecha. En 2025, la Comunidad de Madrid ha atendido a 937 menores, y la administración regional defiende que su capacidad de acoger a más menores no debe verse limitada por criterios ajenos a su propia organización de recursos y políticas.
Cómo sigue
El recurso presentado por la Comunidad de Madrid será evaluado por el Tribunal Constitucional, que deberá decidir si procede con su aceptación y si el decreto aprobado por el Gobierno central es compatible con la Constitución.
Mientras tanto, el reparto de los menores migrantes continúa según lo estipulado en el decreto, con la aplicación de los criterios establecidos en la normativa impugnada.
Si el Tribunal Constitucional falla a favor de Madrid, podría obligar a revisar el decreto y sus disposiciones, lo que podría alterar la distribución de los menores entre las comunidades autónomas.
Imagen del centro de menores inmigrantes de Fuenlabrada en obras.
FUENTE: El Observador - Europa Press
