El Gobierno español adjudicó un total de 46 contratos a empresas de la industria militar israelí por un valor total de 1.044 millones de euros desde el pasado 7 de octubre de 2023, cuando el grupo terrorista Hamás atacó territorio israelí, lo que derivó en la ofensiva en Gaza.
Así lo revela un informe del Centre Delàs d'Estudis per la Pau, que publica este viernes un adelanto con datos recopilados hasta el 24 de abril de 2025.
Según la investigación, diez de estos contratos todavía no fueron formalizados, entre ellos dos de gran envergadura: la adquisición de lanzacohetes SILAM por 576,4 millones de euros y la compra de misiles Spike por 237,5 millones.
También se incluyen acuerdos con empresas como IMI Systems LTD, Netline Communications Technologies Ltd y Guardian Homeland Security S.A.
El informe denuncia que estas adjudicaciones ocurrieron a pesar de las reiteradas declaraciones del Ejecutivo en medios de comunicación y en sede parlamentaria negando la continuidad de relaciones comerciales militares con Israel tras el inicio del conflicto en Gaza.
Los contratos "aumentan la dependencia" de la industria israelí
El Centre Delàs advierte además que, si bien algunas adjudicaciones corresponden a mantenimiento y modernización de armamento adquirido en el pasado, otras representan nuevos compromisos que podrían "aumentar la dependencia" de la industria militar israelí.
La organización señala también que el hecho de que varios contratos impliquen participación de empresas españolas favorece la complicidad con las compañías israelíes, facilitando la adjudicación de estos proyectos y estrechando los lazos industriales entre ambos países.
En este contexto, el Centre Delàs reclama la cancelación inmediata de todos los contratos en ejecución o formalizados que, a su juicio, "contribuyen a mantener, legitimar o impulsar el genocidio y los crímenes de guerra cometidos por Israel contra la población civil palestina en Gaza y Cisjordania".
El informe cuestiona además la veracidad del anuncio realizado por el Ministerio del Interior en relación a la revocación de un contrato para la compra de munición israelí destinada a la Guardia Civil.
Según el Centre Delàs, no se llegó a iniciar ningún procedimiento administrativo para ello, limitándose el Gobierno a estudiar si la revocación era jurídicamente viable.
En su análisis, la entidad sostiene que un embargo integral de armas a Israel —que incluyera prohibiciones a la importación y contratación con empresas del sector— habría impedido la celebración de estos contratos. "Si existiera voluntad política, el Gobierno podría establecer dicho embargo mediante un decreto ley en la próxima reunión del Consejo de Ministros", concluye el documento.
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Pedro Sánchez y Yolanda Díaz
La presión de la izquierda a Pedro Sánchez
Los partidos de izquierda que integran la coalición de gobierno que encabeza Pedro Sánchez pusieron esta semana al jefe del Ejecutivo en apuros tras conocerse un contrato de compra de balas a la empresa israelí IMI Systems por más de seis millones de euros y amenazaron incluso con una ruptura.
Izquierda Unida, que integra Sumar, el partido que encabeza la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fue la voz más dura entre quiénes presionaron para romper ese contrato.
Finalmente, Sánchez desautorizó a su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y rescindió de manera unilateral ese contrato con la industria militar israelí, lo que aflojó la tensión dentro de su coalición pero puso en pie de guerra a la oposición, con el líder del PP, Alberto Núnez Feijóo, anunciando que lo denunciará ante el Tribunal de Cuentas.
Queda por ver cuál será la reacción de la dirigencia más radical ante la lista de adquisiciones a empresas de Israel desde el inicio del conflicto en Gaza que se divulgó este viernes.
