¿Qué establece exactamente el proyecto de ley aprobado por el Gobierno?
El proyecto de ley reduce la jornada laboral máxima legal de las actuales 40 horas a 37,5 horas semanales. Además, introduce una reforma del sistema de control horario, garantiza el derecho a la desconexión digital y endurece las sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de jornada laboral.
¿Qué argumentos presenta el Gobierno para impulsar esta medida?
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendió que la reducción de jornada responde a una necesidad de mejorar las condiciones laborales y garantizar el descanso efectivo de los trabajadores. Díaz destacó que, si bien se ha logrado reducir las horas extraordinarias no remuneradas, aún persisten prácticas que vulneran los derechos laborales.
¿Cómo ha sido la reacción de los empresarios ante el proyecto?
Los empresarios se desmarcaron del acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, argumentando que la medida podría afectar negativamente a sectores específicos y a las pymes. Plantean que estos temas deberían tratarse en el marco de la negociación colectiva y no mediante imposiciones legislativas.
¿Qué papel están desempeñando los sindicatos?
Los sindicatos consideran la reducción de la jornada una de sus principales reivindicaciones y la han convertido en un eje central de sus demandas en el Primero de Mayo. Están ejerciendo presión sobre todos los grupos parlamentarios para que apoyen el proyecto de ley y logren su aprobación.
¿Qué obstáculos enfrenta el Gobierno en el Congreso?
Aunque el proyecto cuenta con el respaldo del Gobierno, la obtención de los votos necesarios en el Congreso no está asegurada. Especialmente incierto es el apoyo de formaciones como Junts, que podrían ser decisivas en la votación final.
¿Qué medidas complementarias contempla la propuesta?
El texto incluye un sistema de control horario "objetivo, fiable, accesible e interoperable" para garantizar el cumplimiento del tiempo de trabajo. Además, contempla sanciones más severas: por cada trabajador afectado por irregularidades en el registro horario se impondrán multas individuales, y los incumplimientos graves en materia de tiempo de trabajo que afecten a la salud laboral podrán sancionarse con multas de entre 1.000 y 10.000 euros.
¿Qué plazos se establecen para que las empresas adapten sus convenios?
Las empresas tienen hasta el 31 de diciembre de 2025 para modificar sus convenios colectivos y garantizar que cumplen con las nuevas disposiciones relativas a la jornada laboral.
Cómo sigue
La tramitación del proyecto de ley en el Congreso promete ser intensa y compleja. El Gobierno deberá negociar activamente con diversos grupos parlamentarios para lograr los apoyos necesarios, en un escenario donde la oposición empresarial y las dudas de algunas formaciones políticas amenazan con dificultar su aprobación. Mientras tanto, los sindicatos seguirán presionando públicamente para fortalecer el respaldo social y parlamentario a la iniciativa. Si se aprueba, las empresas deberán empezar a preparar los ajustes necesarios para adaptar sus convenios antes de la fecha límite establecida, mientras se implementan nuevos sistemas de control horario y mecanismos de garantía de la desconexión digital.
