Jessica Rodríguez, ex pareja de José Luis Ábalos, compareció como testigo en el Tribunal Supremo, donde reveló detalles sorprendentes sobre su contratación en dos empresas públicas gestionadas por el Ministerio de Transportes, Ineco y Tragsatec. Rodríguez admitió que, aunque fue contratada en ambas compañías como auxiliar administrativo, nunca fue llamada a trabajar. A pesar de ello, percibió un salario mensual de 1.600 euros en Ineco, el cual correspondía al salario mínimo interprofesional.
Según su declaración, su contratación la gestionó Joseba García, hermano de Koldo García, un exasesor cercano a Ábalos. Aunque se entrevistó para el puesto, nunca recibió instrucciones de trabajo y únicamente utilizó el ordenador de empresa para realizar un curso de riesgos laborales y fichar semanalmente. En Tragsatec, su segundo empleo, ocurrió algo similar: Rodríguez no asistió nunca a trabajar, pero continuó percibiendo el salario mínimo interprofesional.
"¿Sabes leer y escribir?", estás contratada
Un mes antes de iniciar su contrato en Ineco, en febrero de 2019, Jessica Rodríguez pasó por una entrevista de trabajo que, fue bastante inusual. Acompañada por Koldo García, exasesor de Ábalos, la entrevista se desarrolló de manera atípica. Koldo García intervino durante las preguntas de los responsables de Recursos Humanos, preguntando a Rodríguez: "¿Tú sabes leer y escribir?", a lo que ella respondió afirmativamente. "Pues ya está, contratada", sentenció García, asegurando la incorporación de Rodríguez a la empresa. La contratación, según la versión de Rodríguez, fue gestionada directamente por Ábalos, quien habría dado la orden a Vázquez Torrón, presidente de Ineco, para que la colocaran en el puesto de auxiliar administrativo de Joseba García, hermano de Koldo.
¿Quién pagaba su piso en Madrid?
Una de las revelaciones más sorprendentes de Jessica Rodríguez fue su desconocimiento sobre quién pagaba el piso en el que residió entre marzo de 2019 y septiembre de 2021, un inmueble en la Plaza de España en Madrid. Según su testimonio, no tenía idea de quién se encargaba de los 2.700 euros de alquiler, aunque sospechaba que Ábalos podía estar cubriéndolo. En ocasiones, el exministro le entregaba dinero en efectivo sin especificar para qué, lo que alimentaba su presunción.
Rodríguez también explicó que, en caso de tener problemas con la vivienda, debía contactar a Luis Alberto Escolano, socio de Víctor de Aldama, un empresario involucrado en la trama de fraude en hidrocarburos. Sin embargo, Koldo García, hermano de su supuesto benefactor, le indicó que contactara directamente con él para cualquier gestión relacionada con el alquiler.
Los viajes oficiales con Ábalos
Durante su testimonio, Rodríguez abordó los viajes oficiales en los que acompañó a Ábalos, el exministro de Transportes. Según su declaración, ella participó en estos viajes como su pareja, sin que se le ofreciera ninguna función o trabajo oficial. La UCO (Unidad Central Operativa) documentó 16 viajes en los que estuvo presente, y Rodríguez explicó que, aunque los boletos eran pagados inicialmente por Koldo García, el exministro luego los reintegraba.
Este tipo de viajes, según se deduce de su declaración, fueron parte de los beneficios derivados de su relación con Ábalos, lo que pone en entredicho la naturaleza de su vínculo profesional o institucional con el Ministerio de Transportes.
Jessica vivio en el piso luego de la separación
Aunque su relación con Ábalos terminó en noviembre de 2019, Rodríguez continuó residiendo en el piso hasta marzo de 2022, casi dos años después. Al ser preguntada por esta situación, explicó que el exministro le ofreció permanecer en la vivienda mientras terminaba sus estudios universitarios, un gesto que interpretó como una compensación por no haberse divorciado públicamente de su esposa.
Sin embargo, esta situación llegó a su fin cuando, a finales de 2021, los propietarios del piso le notificaron que debía abandonar la propiedad de inmediato debido a una deuda de cuatro mensualidades de alquiler. Aunque intentó aclarar el asunto con Koldo García y Ábalos, no recibió ninguna explicación concreta, lo que la llevó a negociar con los propietarios para conseguir un plazo de 60 días antes de abandonar el inmueble.
