España: más de 236 mil desplazados de Ucrania reciben prorroga de protección temporal hasta 2026

Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en 2022, la Unión Europea ha implementado la Directiva de Protección Temporal para dar refugio a los desplazados. Esta protección se concedió inicialmente por un año y ha sido prorrogada sucesivamente ante la continuidad del conflicto. España, como parte de la UE, sigue aplicando estas extensiones de manera automática.

¿Cuáles son los derechos que otorga la protección temporal?

Los beneficiarios tienen derecho a residencia y, en el caso de los mayores de edad, a trabajar legalmente en España. Además, pueden utilizar sus permisos de conducir en el país y circular libremente por el espacio Schengen durante periodos limitados. También pueden acceder a servicios públicos esenciales como salud y educación.

¿Cómo afecta esta medida a otros países de la UE?

Al tratarse de una decisión basada en una normativa europea, la prórroga en España se enmarca en un marco más amplio de protección dentro de la UE. Los desplazados ucranianos pueden viajar a otros Estados miembros bajo las condiciones de estancia establecidas, lo que implica un desafío logístico y político para los países receptores.

¿Esta prórroga es definitiva o habrá más extensiones en el futuro?

La duración de la protección está ligada a la evolución del conflicto en Ucrania. La UE ha ido renovando estas medidas anualmente y es posible que, si la guerra continúa, se sigan extendiendo en el futuro. Sin embargo, no se ha definido aún un plan a largo plazo para los refugiados que permanecen en territorio europeo.

Cómo sigue

La prórroga de la protección hasta 2026 brinda estabilidad a los desplazados ucranianos en España, garantizando su acceso a trabajo, residencia y servicios básicos. Sin embargo, el futuro de estos refugiados sigue ligado a la evolución del conflicto en su país y a las decisiones que tome la Unión Europea sobre su situación.

A medida que se acerca 2026, el Gobierno español y las instituciones europeas deberán evaluar si es necesario un nuevo período de extensión o si se implementarán mecanismos para la integración a largo plazo de estos ciudadanos en sus países de acogida. Mientras tanto, la medida asegura que los beneficiarios no enfrenten incertidumbre legal en el corto plazo.