El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, cuestionó este miércoles al Tribunal Supremo por la citación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el caso de presunta revelación de secretos que afecta a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En declaraciones a la prensa, Bolaños calificó la resolución del magistrado Ángel Hurtado como sorprendente y aseguró que no existe "ninguna base probatoria, ninguna prueba, ninguna evidencia" que implique a García Ortiz o a la Presidencia del Gobierno en la filtración.
La resolución del Supremo, que se conoció este lunes, acusa a García Ortiz de presuntamente dirigir la filtración de un correo electrónico comprometedor del empresario Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso.
Según el auto, el correo en el que la pareja de Ayuso reconocía una infracción tributaria, habría salido de la Fiscalía General del Estado con destino a la Presidencia del Gobierno.
Bolaños, sin embargo, expresó confianza en que "la verdad se abrirá paso" y que finalmente se demostrará que García Ortiz "cumplió su función, persiguió el delito y contó la verdad", en declaraciones durante la inauguración del curso selectivo de la 63ª promoción de acceso a la Carrera Fiscal, a la que también asistió García Ortiz.
Críticas del Gobierno al Supremo
Las palabras de Bolaños se suman a las críticas de la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quien en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros acusó al juez Ángel Hurtado de basarse en "elucubraciones" para señalar a Moncloa y de citar al fiscal general sin pruebas concretas.
Reforma de la acusación popular
En paralelo, Bolaños defendió la propuesta del PSOE para limitar la figura de la acusación popular en los procesos judiciales.
Según el ministro, actualmente esta herramienta está siendo utilizada por grupos "ultras" como Hazte Oír y Vox para publicitarse y acorralar políticamente al entorno del presidente Pedro Sánchez.
"Es imprescindible regular la acusación popular para evitar que perviertan por completo esta figura", afirmó, destacando que España y Andorra son los únicos países de Europa donde existe esta herramienta.
Asimismo, criticó que el Partido Popular haya denunciado la propuesta del PSOE ante la Comisión Europea y aseguró que la medida busca alinear el sistema judicial español con el resto de Europa.
