Aunque Clavijo dejó abierta la posibilidad de que Cataluña y País Vasco acojan menores, asegurando que aún no están definidos los cupos concretos de cada comunidad, el pacto apunta a excluir a ambas comunidades, lo que disparó este viernes reacciones diversas entre las autoridades regionales y la oposición.
El reparto de menores migrantes enfrenta a PSOE y PP
El Partido Popular rechazó de plano el acuerdo, considerándolo "asimétrico e injusto", y denunció "criterios políticos" en la distribución, como si las regiones de Cataluña y el País Vasco "no fueran España".
"Sin una política migratoria efectiva para el control de fronteras y la lucha contra las mafias, esta medida no resuelve el problema de Canarias y agrava la situación de comunidades ya sobrecargadas", indicaron a medios desde el PP.
En tanto, la secretaria de Política Económica del PSOE, Enma López, reivindicó el acuerdo y reclamó a los 'populares' que dejen de "abrazar" a Vox y se vuelvan a sentar en la mesa para llegar a un acuerdo que reforme el artículo 35 de la Ley de Extranjería, "que es la clave dentro del reparto de menores".
Las comunidades autónomas no tardaron en reaccionar al pacto de Moncloa con Canarias, desde el rechazo de plano de Madrid, Galicia, Aragón y Baleares, al apoyo de Asturias.
Madrid: "Moneda de cambio" con los independentistas
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, exigió al Gobierno central que no utilice "como moneda de cambio" a los menores migrantes para "pagar peajes" a los independentistas.
"Conocimiento no tenemos. La verdad que todo esto es el ejemplo de que en realidad no tenemos Gobierno en España, lo que tenemos es simplemente una máquina pagadora de los partidos independentistas", dijo el también portavoz del Ejecutivo autonómico.
"Madrid, desde luego, no se va a callar y va a denunciar todo ese atropello que se está produciendo, que se viene produciendo. Nosotros lo que le pedimos al gobierno central es que ponga fin a este caos migratorio, que controle las fronteras", exigió García Martín.
Murcia: Una decisión "de espaldas" a las CCAA
En tanto, el presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, lamentó que Sánchez haya llegado a un acuerdo "con los de siempre" y haya tomado esa decisión "de espaldas" al resto de comunidades autónomas.
"Esta es la tónica del Gobierno de España, de Pedro Sánchez: tomar decisiones de espaldas a aquellos que estamos gestionando el territorio y cuestiones tan importantes para los españoles", lanzó el jefe regional.
Cantabria: "Una imposición"
"Eso es imposición. Eso no es diálogo ni es acuerdo", dijo, por su parte, la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, que se niega "en redondo" a los criterios consensuados entre el Ejecutivo central y el archipiélago canario para el traslado de MENAs.
"Llegaremos hasta donde tengamos que llegar para impedir que esos criterios conduzcan al objetivo que persigue el Gobierno, que es que haya comunidades autónomas excluidas de este reparto", sentenció Buruaga, que también alertó que los criterios que regulan el pacto podrían hacer "colapsar" la red y el sistema regional de protección de menores. "Llegaremos hasta donde tengamos que llegar para impedir que esos criterios conduzcan al objetivo que persigue el Gobierno, que es que haya comunidades autónomas excluidas de este reparto", sentenció Buruaga, que también alertó que los criterios que regulan el pacto podrían hacer "colapsar" la red y el sistema regional de protección de menores.
En este sentido, detalló que Cantabria cuenta con 212 plazas, de las que 36 son para menores migrantes solos y 22 de ellas están ya cubiertas. "Tendríamos margen para coger en esas proporciones, pero desde luego no más", indicó.
Galicia: "Incumple la Ley de Extranjería"
La consejera de Política Social e Igualdad de la Junta de Galicia, Fabiola García, expresó su disconformidad con el acuerdo y acusó al Gobierno de "incumplir la Ley de Extranjería" al incidir en que el reparto tiene que ser "voluntario" entre las distintas regiones, "tal y como recoge la normativa".
Baleares: "Una broma de mal gusto"
Lo mismo argumentó el Gobierno de Baleares que dejó claro que no aceptará "en ningún caso" el reparto de menores migrantes no acompañados y consideró "una broma de mal gusto" incluir al archipiélago en esa distribución.
"Excluir a Catalunya y País Vasco y no a Baleares sería un insulto", afirmó el portavoz del Ejecutivo balear, Antoni Costa.
Por su parte, la Comunidad Autónoma de Aragón no participará en la acogida de menores migrantes si Cataluña y País Vasco quedan fuera del acuerdo de reparto por considerar que, este hecho, "rompe el criterio de solidaridad interterritorial", dijo el Departamento de Bienestar Social y Familia liderado por la consejera Carmen Susín.
El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, aseguró que su Ejecutivo analizará el reparto de menores migrantes no acompañados "con cautela", pero adelantó que "esta es una tierra de acogida".
Junts: "Cataluña no puede formar parte de este café para todos"
"En un momento en que estamos intentando acabar el traspaso integral de las competencias en materia de inmigración, Cataluña no puede formar parte de este café para todos", dijo el secretario general de Junts, Jordi Turull, en declaraciones a los medios tras conocerse el pacto que selló el Gobierno con Canarias, y excluye a Cataluña y País Vasco.
Tras reivindicar que Cataluña lidera la "solidaridad" en la acogida de menores migrantes, cree que decisiones así deben responder a unos criterios determinados para que no sean siempre las mismas comunidades las que lo aseguren.
Según Turull, desconocen los términos del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Canarias y también si el Ejecutivo central está preparando una ley orgánica que permita a las comunidades gestionar la acogida migratoria pero no las fronteras.
Que considera el modelo de reparto de MENAS
El modelo de reparto adoptó criterios como población, dispersión territorial, PIB y tasa de desempleo, aunque resta abordar el tema de la financiación.
Clavijo se reunirá con la vicepresidenta de Hacienda, María Jesús Montero, el 12 de febrero para definir los fondos que el Estado asignará a las comunidades receptoras.
En un borrador del decreto, se menciona que "se adoptarán las medidas necesarias para una financiación suficiente", sin detallar montos ni mecanismos.
Por ello, Clavijo exigió que constara explícitamente que la financiación sería asumida por el Estado, ya que si se cumple ese punto se podría lograr un consenso mayoritario para aprobar el decreto.
En caso contrario, el PP en el Congreso y el Gobierno de Coalición Canaria podrían oponerse.
