El juez de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil nuevas diligencias en el caso que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos.
La decisión se toma después de que el análisis de sus dispositivos móviles no arrojara mensajes correspondientes a los días en que se habría producido la filtración de datos confidenciales del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
El magistrado ha solicitado a la UCO que identifique los números de teléfono y códigos IMSI/IMEI asociados a las tarjetas de los dispositivos móviles incautados durante el registro del despacho de García Ortiz el pasado 30 de octubre. También se requiere confirmar las titularidades vinculadas a esos números.
Borrado de mensajes: ¿práctica de seguridad o destrucción de pruebas?
El informe pericial presentado por la UCO destaca dos circunstancias que dificultaron la recuperación de mensajes: un cambio de terminal por parte de García Ortiz y el borrado masivo de datos en sus aplicaciones de mensajería.
Según fuentes cercanas al fiscal general, esta eliminación se realizó como parte de las medidas de protección de datos establecidas en 2019 en el Ministerio Fiscal, asegurando que se trata de una práctica rutinaria para prevenir accesos no autorizados en caso de pérdida o robo del dispositivo.
Sin embargo, voces dentro del Ministerio Público han rechazado esta explicación, afirmando que la instrucción citada no contempla el borrado masivo de información y argumentan que esta acción podría considerarse como una destrucción de pruebas en una investigación judicial.
Qué pide la Asociación de Fiscales
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif), que ejerce la acusación en este caso, ha solicitado al juez Hurtado que se amplíen los cargos contra García Ortiz para incluir los delitos de prevaricación y apoderamiento ilícito de información.
En su escrito, la Apif también ha reclamado la citación inmediata del fiscal general ante el Alto Tribunal y una investigación para determinar si utilizó otros dispositivos distintos al incautado durante los días de la presunta filtración.
La estrategia de González Amador
La defensa de Alberto González Amador ha presentado un escrito pidiendo la imputación del teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, mano derecha de García Ortiz, argumentando su posible implicación en los hechos investigados.
El caso mantiene en vilo al Ministerio Fiscal y plantea interrogantes sobre la protección de datos, las responsabilidades institucionales y la posible destrucción de pruebas clave.
El avance de la investigación del Supremo podría marcar un precedente en el tratamiento de estas situaciones dentro del sistema judicial español.
