El fiscal del caso contra Alberto González Amador, empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso, reactivó la causa por un presunto delito de fraude tributario, un día antes de que el Tribunal Supremo escuche a su predecesor, Julián Salto, y a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ambos involucrados en otro proceso relacionado por revelación de secretos.
El fiscal Diego Lucas Álvarez, subordinado de la fiscal provincial Pilar Rodríguez –coimputada en el Supremo–, presentó un nuevo escrito ante el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid solicitando citar "de manera urgente" a González Amador.
También propuso ampliar los delitos iniciales de fraude tributario y falsedad documental (este último descartado desde el principio por la Abogacía del Estado) para incluir administración desleal y corrupción en los negocios.
Cambio de postura en la Fiscalía
Este cambio contrasta con la postura adoptada por Lucas Álvarez en julio pasado, cuando rechazó, en dos ocasiones, investigar las denuncias presentadas por el PSOE y Más Madrid sobre las relaciones comerciales de González Amador con el Grupo Hospitalario Quirón.
En ese momento, la Fiscalía consideró que estos hechos no guardaban relación directa con la causa y que abrir nuevas líneas de investigación solo complicaría y retrasaría el proceso.
En ese momento el fiscal descartó la posibilidad de administración desleal argumentando que González Amador es el único propietario de las empresas investigadas, Maxwell Cremona y Masterman, y dijo que ese delito requiere demostrar un perjuicio concreto para un tercero, algo que, según consideró, no se acreditó.
Por su parte, el caso adquiere mayor complejidad al estar vinculado a un proceso en el Supremo donde se investiga a Julián Salto por presuntamente divulgar información confidencial de González Amador.
Este contexto no solo pone en el centro de atención al empresario, sino también a la Fiscalía y sus cambios de criterio.
La denuncia de González Amador contra Alegría
Por otro lado, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid solicitó un acto de conciliación con la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, previo a una posible querella por injurias y calumnias en la que reclamará una indemnización de 40.000 euros si no rectifica unas manifestaciones.
Los abogados de González Amador continúan con su ofensiva judicial contra diferentes cargos públicos que lo tildaron de delincuente confeso, y que llegó incluso hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, citado el 12 de febrero a otro acto de conciliación.
El empresario presentó una demanda de conciliación en la que busca que la ministra Pilar Alegría se retracte de las manifestaciones que realizó el martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La portavoz había indicado que "el origen del delito está donde está, está en la pareja de la señora Ayuso" y que "hace casi ya un año que conocimos por parte de su abogado que había cometido dos delitos fiscales", en relación al pacto ofrecido por la defensa de González Amador al fiscal.
