La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja citó a declarar como investigados en la causa por la dana de Valencia a la exconsejera de Justicia y Emergencias Salomé Pradas y al exsecretario autonómico de ese departamento Emilio Argüeso.
Por otro lado, rechazó citar como imputado o testigo por ahora al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.
La causa judicial se centra en los posibles delitos de homicidios y lesiones cometidos por imprudencia grave porque, bajo el punto de vista de la jueza, los fallecimientos de las 227 personas se produjeron por una actuación negligente, tal como explicó en sus diversos autos.
La magistrada considera que el envío de la alerta masiva a los móviles fue "manifiestamente tardío y erróneo en su contenido" y por este motivo, cree, se multiplicaron las muertes.
De ahí que trate de averiguar por qué el ES-Alert no se envió antes y quién tenía la responsabilidad para decidir sobre ello.
Es-Alerta fue tardía y errónea
La jueza reitera en uno de sus autos que el aviso a la población por el sistema Es-Alert a las 20.11 horas del 29 de octubre "fue tardío y erróneo"; señala que la dana "no fue un fenómeno meteorológico imprevisto", ya que su avance y desarrollo fue anunciado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) "hasta el punto de que la Universitat de València acordó la suspensión completa de sus actividades", según informó el Tribunal Superior de Justicia en un comunicado.
A juicio de la magistrada, esas previsiones "debieron llevar a una convocatoria en la mañana" de ese día del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), "al objeto cuanto menos de avisar a la población".
El auto desgrana la información oficial y detallada sobre la alerta meteorológica que ofreció durante toda la jornada la televisión autonómica À Punt, incluidas diversas conexiones en directo desde localidades afectadas como Chiva o Utiel, donde se daba cuenta minutos después de las 15.00 horas del desbordamiento del barranco del Gallo (que toma caudal abajo el nombre del Poyo) o del río Magro, respectivamente.
"Demora para convocar el Cecopi"
Para la titular del juzgado, la convocatoria del Cecopi, a las 17.00 horas de ese día, "se llevó a cabo con una gran demora, a lo que ha de sumarse que la toma de decisiones por la Administración autonómica destinada a alertar a la población se produjo con un retraso todavía mayor".
Según la magistrada, el Cecopi "es un órgano de coordinación" en materia de emergencias con otras administraciones, pero "ello es completamente independiente de las decisiones que se pueden tomar en el ámbito de protección civil por quien ostenta no solo la competencia exclusiva, sino la posibilidad de llevar a cabo la comunicación a la población de las medidas de protección". Según la magistrada, el Cecopi "es un órgano de coordinación" en materia de emergencias con otras administraciones, pero "ello es completamente independiente de las decisiones que se pueden tomar en el ámbito de protección civil por quien ostenta no solo la competencia exclusiva, sino la posibilidad de llevar a cabo la comunicación a la población de las medidas de protección".
La jueza entiende que los anuncios sobre la "gravedad de la situación" se produjeron "en diversos ámbitos y con una antelación suficiente", a través de Aemet, las llamadas al teléfono de emergencias de la Generalitat 112, los medios de comunicación o la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
"El problema residiría no en la ausencia de información, la había sobrada, y por innumerables medios, en tiempo real, sino en el hecho de que ante dicha información, o bien se ignorara la misma, no se comprendiera su alcance o no se tomaran las decisiones pertinentes por quien tenía el poder de decisión", afirma. "El problema residiría no en la ausencia de información, la había sobrada, y por innumerables medios, en tiempo real, sino en el hecho de que ante dicha información, o bien se ignorara la misma, no se comprendiera su alcance o no se tomaran las decisiones pertinentes por quien tenía el poder de decisión", afirma.
Pradas fue destituida del cargo 22 días después de la tragedia que asoló la provincia de Valencia. Mazón procedió entonces a renovar su Gobierno. En su lugar, nombró como sucesor a Juan Carlos Valderrama, actual consejero de Emergencias.
Rechazo a la declaración de Mazon
En un segundo auto, la instructora decidió rechazar la declaración como testigo o investigado del presidente de la comunidad que habían solicitado la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud y otras dos acusaciones particulares, respectivamente, sin perjuicio de que "el mismo pudiera solicitarlo".
No obstante, a la vista de la instrucción realizada hasta el momento y de las peticiones de diligencias que han realizado algunas de las partes, la juez decidió comunicar al jefe del Consejo, que es aforado, la presente resolución para que tenga conocimiento de las actuaciones, conforme al artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y pueda solicitar su personación.
