De hecho, sus orígenes se remontan a la década de 1930. Sin profundizar en demasiados detalles históricos, entre finales de los años 50 y 60 se creó la institución que hoy está en el centro de las tensiones: el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el punto focal del conflicto entre la industria cinematográfica y el gobierno de Milei.
2003: un cambio radical
Desde la llegada del kirchnerismo al poder en 2003, la cultura y sus representantes se alinearon decididamente con el Estado y el gobierno. Esto no era lo habitual, salvo en los años del primer peronismo durante la década de 1940.
Esta nueva relación entre la industria del cine y la política estatal se debió, en parte, al giro hacia la izquierda que se extendió por América Latina y al uso de la cultura como herramienta política, siguiendo la tradición gramsciana, característica del entonces llamado socialismo del siglo XXI.
Otra razón fue la inédita cantidad de recursos políticos y económicos que el gobierno argentino destinó para generar consenso en torno a sus políticas y liderazgos. Los años de bonanza de los commodities fueron fundamentales para el desarrollo institucional del cine argentino.
El INCAA, en colaboración con otras agencias gubernamentales, organizaba festivales, creaba señales de TV, y financiaba producciones de todo tipo para asegurar el empleo de técnicos, guionistas, actores y demás miembros de la industria. También cubría los gastos de pasajes para asistir a festivales y subsidiaba una gran cantidad de películas de directores emergentes.
Además, gestionaba salas y escuelas de cine en todo el país, promovía observatorios sobre diversidad y empleo en el sector, y se implementaban leyes y normativas favorables corporativamente para los distintos sectores de la industria cinematográfica.
Los defensores del INCAA argumentan que esto no cayó en las espaldas del Estado e insisten en que es un ente público no estatal y que –formalmente- se sostiene mediante varios impuestos, como los aplicados a las entradas de cine, a la venta de "videogramas grabados" y por la facturación de canales de televisión, servicios de cable y telefonía celular.
De esta manera, hasta la llegada de la pandemia, la industria cinematográfica vivió una época dorada.
Sin embargo, el relato que hemos estado describiendo en estas líneas sigue el guion oficial, y las críticas a este modelo se han vuelto crecientes.
La otra película
Desde 2003, en Argentina, el Estado ha avanzado sobre la sociedad civil, cooptando sus espacios y utilizándolos para consolidar los relatos ideológicos y políticos que sustentaban el proyecto kirchnerista. Este fenómeno impactó notablemente en la industria del cine.
Muchos de los directores, guionistas, productores y actores más destacados fueron favorecidos por estas políticas, lo que los llevó a comprometerse con el gobierno y sus ideas. Sin embargo, así como el Estado otorgaba beneficios, también los negaba.
Aquellos que formaban parte de la industria pero no adherían al kirchnerismo no solo quedaban excluidos de estos privilegios, sino que en algunos casos fueron cancelados o perseguidos.
Así, se configuró un cine homogéneo, vinculado a las personas y los relatos afines al Estado y al kirchnerismo.
Las agendas artísticas se impregnaron de temas que interesaban al oficialismo: derechos humanos vinculados a la última dictadura militar, organizaciones sociales, grupos armados de los años 70, la resistencia a los años 90 y los perjudicados por las políticas neoliberales.
Abundaron las biografías, documentales y revisiones históricas y las Malvinas no estuvieron ausentes. Lo mismo con los temas identitarios de género, y una prolífica producción sobre las figuras de Perón y Evita.
El INCAA no consiguió que el cine argentino, pese a los cuantiosos recursos invertidos, se convirtiera en el más visto del país. De hecho, ocurrió lo contrario. La mayoría de las películas producidas no llegaron siquiera a los mil espectadores, y muchas tuvieron aún menos. Sin embargo, a la industria no le iba mal. Paradojas argentinas.
Además de conformarse un cine sin público, el financiamiento original se fue reduciendo debido a los cambios en las audiencias y las tecnologías sobre las que se sostenían los impuestos.
La crisis y las protestas del sector no comenzaron con Javier Milei; ya en el último gobierno kirchnerista la industria empezó a exigir más recursos y a mostrar síntomas de abstinencia de apoyo estatal.
El Estado entonces comenzó a inyectar (imprimir) cada vez más dinero en un contexto de aumento descontrolado de la pobreza y la inflación y una sociedad harta de gastos discrecionales.
El futuro, la asignatura pendiente de los argentinos
El próximo Festival de San Sebastián promete un nuevo enfrentamiento entre argentinos que, al no encontrar una solución consensuada, seguirán en una disputa interminable.
Tarde o temprano, el gobierno de Milei deberá reconocer que el cine es una industria con nuevas vías por explorar.
Argentina cuenta con una tradición cinematográfica especial, por lo que será esencial encontrar formas, no solo de evitar su desaparición, sino también de impulsar su crecimiento de manera sustentable.
Por su parte, la corporación del cine deberá hacer una autocrítica y renovar sus liderazgos. Debería comprometerse ante la sociedad a no repetir los vicios del pasado, garantizando que las formas autoritarias de selección de personas y temas no se perpetúen.
Hay que reconocer que no es sostenible seguir exigiendo la impresión de dinero en medio de una crisis de inflación y pobreza, que es necesario adaptar los convenios laborales a los cambios tecnológicos y que será imprescindible dialogar con el gobierno para encontrar formas modernas de promover el cine.
Esto puede sonar a film de ciencia ficción, pero cualquier otra alternativa sería recorrer nuevamente caminos que Argentina ya conoce, con un final que no satisface a ningún espectador.
