La guardia de Finanza de Treviso y la fiscalía de la República de Italia inició una investigación sobre la concesión de la ciudadanía italiana efectuda a un conjunto de solicitantes que habrían obtenido el beneficio por medio de documentos falsos utilizados para justificar la residencia.
La pesquisa, centrada inicialmente sobre 10 casos ocurridos entre 2018 y 2022 mediante un proceso acelerado disponible en el municipio de Crocetta del Montello, involucra también el accionar de tres exagentes de policía local y propietarios de inmuebles.
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"La clave del fraude consistió en declarar residencias ficticias en Italia, lo que permitió a los solicitantes cumplir los requisitos legales para obtener la ciudadanía", informó el portal Infocivitano.com. De comprobarse, el país peninsular podría avanzar con la anulación del derecho.
¿Quiénes podrán perder la ciudadanía italiana en 2025?
El epicentro de la investigación se centra en el municipio de Crocetta del Montello, distrito que entre 2018 a 2022, fue escenario de la adquisición de al menos 160 ciudadanías italianas concedidas a solicitantes brasileños. Según la Justicia, se habrían utilizado documentos falsos para justificar la residencia.
"Estas direcciones potencialmente se utilizaban como lugar de 'residencia habitual', un requisito indispensable para solicitar la ciudadanía. Sin embargo, los solicitantes solo permanecían en Italia por unos días, de acuerdo a lo investigado, antes de regresar a Sudamérica, esperando desde allí el desenlace del trámite", amplió Infocivitano.com.
La colaboración de los policías de ese entonces habría sido crucial para efectuar el delito. Ahora será la fiscalía quien determine la acusación de los implicados bajo la caráctula de “falso ideológico”. Las penas para quienes cometen este accionar en Italia pueden incluir prisión, multas y la anulación de los documentos obtenidos.
Además, aquellos que facilitaron las condiciones, podrían ser inhabilitados para ejercer funciones públicas o actividades relacionadas con el caso. Estas medidas podrían implementarse en 2025, después de que los procesos judiciales concluyan.
