España negará la nacionalidad española a los solicitantes que hayan iniciado el trámite 12 meses antes y no obtuvieron respuesta alguna.
Se trata del silencio administrativo. Entendido como la ausencia de resolución ante una petición presentada ante la Administración del Estado, puede adquirar el carácter negativo como positivo, según el caso.
¿Cómo impacta el silencio administrativo en la obtención de la nacionalidad española?
El Ministerio de Justicia de España estipula un plazo de hasta 12 meses para examinar y resolver las solicitudes de nacionalidad: si no hay respuesta durante este tiempo, la petición puede considerarse desestimada por silencio administrativo negativo.
¿Cuáles son los requisitos para obtener la nacionalidad española?
La solicitud de nacionalidad española se aprobará o rechazará en función del cumplimiento de los requisitos y no del tiempo de evaluación.
Entre los problemas más comunes se destacan:
- No estar en España durante un determinado periodo de tiempo.
- Tener antecedentes penales.
- No aprobar exámenes como el CCSE y/o el DELE.
¿Cómo acelerar la tramitación de la nacionalidad española?
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Una de las chances para acelerar el proceso y obtener antes una respuesta sobre la solicitud de la nacionalidad española, refiere a la vía judicial mediante la presentación de un Recurso Contencioso-Administrativo.
Los recursos contencioso-administrativos para obtener la nacionalidad española son procedimientos en los que un tribunal revisa una decisión adoptada por la administración. Esto ocurre cuando la administración deniega una solicitud de nacionalidad o tarda más de un año en dictar resolución. Así lo establece el artículo 11.3 del Real Decreto 1004/2015, por el que se establecen las normas para la obtención de la nacionalidad española por residencia.
Una vez interpuesto y admitido, el documento suele concederse en unos 3 - 6 meses en la mayoría de los casos, sin tener que pasar por todos los trámites normales del proceso. No obstante, al tratarse de un procedimiento judicial, deberá llevar consigo un abogado y un procurador que represente ante los tribunales durante el procedimiento.