Contexto
¿Qué prácticas están siendo investigadas?
El Ministerio investiga si algunas inmobiliarias cobran comisiones ilegales por la gestión del arrendamiento, obligan a los inquilinos a contratar seguros o servicios no solicitados, y trasladan a los inquilinos gastos de gestión inmobiliaria y de formalización de contratos, lo cual está prohibido por la Ley de Vivienda.
¿Quién ha denunciado estas prácticas?
Denuncias sobre estas prácticas han sido presentadas por varias organizaciones, como el Sindicato de Inquilinas-CECU, Facua, y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), las cuales alertaron al Ministerio sobre estas posibles infracciones.
¿Cuáles son las implicaciones legales?
La Ley de Defensa de los Consumidores establece que las cláusulas que obligan a los inquilinos a asumir estos gastos pueden ser calificadas como infracciones graves o muy graves. Si se consideran graves, las multas podrían alcanzar hasta 100.000 euros, y si son muy graves, hasta un millón de euros, con la posibilidad de que las sanciones superen estas cantidades en función del beneficio ilícito obtenido.
¿Cómo afecta esta investigación a la política de vivienda del Ministerio?
La acción está alineada con el compromiso del Ministerio de proteger los derechos de los consumidores, especialmente en el ámbito del acceso a la vivienda. Además de las investigaciones actuales, el Ministerio ha impulsado acciones informativas a los operadores del mercado para evitar conductas abusivas en los contratos de alquiler.
¿Qué otros procedimientos se han abierto en este ámbito?
Este expediente se une a otros expedientes recientes relacionados con el sector de la vivienda. Por ejemplo, se abrió un procedimiento sancionador a una plataforma de alquiler de viviendas turísticas por mantener anuncios de alojamiento que fueron considerados publicidad ilícita. Además, en febrero, el Ministerio abrió expedientes a empresas que administran viviendas turísticas por prácticas engañosas en los anuncios.
Cómo sigue
El expediente sancionador iniciado contra la inmobiliaria en cuestión continuará su curso, y el Ministerio de Consumo analizará si las prácticas investigadas son constitutivas de infracciones graves o muy graves. Si se confirman las irregularidades, se procederá a imponer las correspondientes sanciones económicas, que podrían ser sustanciales dependiendo de la magnitud de los beneficios ilícitos obtenidos por las inmobiliarias. La investigación también podría extenderse a otras agencias del sector inmobiliario si se detectan más comportamientos abusivos.
De manera paralela, el Ministerio podría continuar su lucha contra las prácticas engañosas en el mercado de alquiler y en el sector de las viviendas turísticas, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las leyes que protegen tanto a los inquilinos como a los consumidores en general. Las acciones futuras también podrían involucrar nuevas medidas de control y de difusión de las normativas sobre los derechos de los inquilinos, en un esfuerzo por regularizar el mercado y evitar más abusos. Sin embargo, el resultado final del expediente sancionador dependerá de los resultados de la investigación que sigue en curso.
