El Gobierno está estudiando rediseñar totalmente el denominado impuestazo energético para que, en lugar de que recaiga sólo sobre los mayores grupos (Repsol, Cepsa, Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP, Acciona y Disa) se extienda a todo el sector o a un abanico mucho más amplio de empresas.
Además, para consolidarlo como permanente, baraja que la tasa sea un porcentaje sobre los beneficios operativos, en lugar de un porcentaje sobre las ventas, que es como se ha aplicado a las mayores energéticas.
En paralelo, estudia fórmulas para que las compañías puedan desgravar parte de esa carga fiscal, pero siempre a cambio de reinversión de ganancias en proyectos de transición ecológica y economía sostenible, y con un tope, en concreto, por un máximo del 30% de la base imponible.
Así lo aseguran distintas fuentes involucradas en estos momentos en las intensas negociaciones a nivel político y empresarial que se están produciendo en España, y que se han convertido en una maraña de intereses económicos. Ese impuesto fue ideado hace dos años por el actual Gobierno del PSOE y afecta a grandes energéticas y bancos.
El argumento del Gobierno fue el de redistribuir parte de las ganancias que estaban obteniendo las grandes empresas por la subida de los precios de energía y de los tipos de interés.
En el caso de las energéticas, el gravamen se calculaba tomando como referencia grupos con más de mil millones de facturación.
La tasa supone un 1,2% de las ventas, independientemente de los beneficios, a liquidar en 2023 y 2024 contra los ejercicios de 2022 y 2023, respectivamente. En 2023, las empresas que más pagaron (Repsol, Cepsa, Iberdrola, Endesa o Naturgy), abonaron 1.355 millones. En 2024, fueron 1.055 millones. Repsol es la que más paga (un tercio), por eso es la que más se queja. Pero se dan paradojas como Cepsa, que a pesar de entrar en pérdidas, también paga. El impuesto fue concebido como temporal. De no hacer nada, el 31 de diciembre de este año decaería, tal como hubiera deseado una parte del Gobierno.
La primera que anticipó esta circunstancia fue Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, muy sensible con respecto a las empresas energéticas. Pero para cuadrar las cuentas presupuestarias, el Gobierno quiere hacerlo ahora permanente, porque necesita dinero para Hacienda.
Evitar un aluvión de pleitos
Lo que está analizando es cómo evitar que las demandas judiciales, que ya han empezado, se conviertan en un aluvión de pleitos desde las empresas. O casi peor: que deriven en el bloqueo por parte de partidos como PNV y Junts, que son aliados parlamentarios del Gobierno, pero que también defienden a las empresas de sus territorios. Iberdrola tiene sede en el País Vasco y Repsol tiene refinerías en esa comunidad y en Cataluña, donde también tiene inversiones multimillonarias paradas desde hace meses como protesta. Al margen de intereses cruzados a nivel político, también está el fuego a discreción entre energéticas.
Peleas entre energéticas
Las grandes no entienden por qué son sólo ellas las que soportan esa tasa. Consideran que es discriminatorio, lo que les da munición legal. Entre las grandes también hay rencillas. La tasa merma inversión de las eléctricas, dicen éstas, que añaden que son los motores de la transición ecológica frente a grupos como Repsol, que por mucho que se empeñen en "vender" que son verdes siguen produciendo hidrocarburos contaminantes". Iberdrola tiene un litigio contra Repsol por greenwashing (ecopostureo). Además, extender el gravamen en el tiempo sobre las ventas también daría munición legal a las empresas, porque el Gobierno habría convertido una tasa en un impuesto, lo que vulnera la normativa europea.
FUENTE: EXPANSIÓN-RIPE
