El mercado ve con recelo el plan de condonación de deuda autonómica que el Ministerio de Hacienda ha puesto sobre la mesa, por sus carencias y potenciales efectos secundarios adversos. La agencia de calificación de riesgos S&P emitió ayer una primera evaluación de la propuesta en la que advierte de que la medida supondría un mero parche "temporal" para la situación financiera de las comunidades autónomas, cuyo reequilibrio exigiría una reforma estructural del sistema de financiación, pendiente desde 2014.
Los analistas, de hecho, asumen que "no evitaría nuevos déficits", sino que podría generar un "problema de riesgo moral" al desincentivar el control de la deuda públicaL.
Los analistas de S&P recuerdan que la propuesta presentado esta semana por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pasa por que el Estado asuma 83.000 millones de euros de la deuda de las comunidades autónomas de régimen común (País Vasco y Navarra quedan al margen como territorios forales), lo que supone descargarlas del 26% de su endeudamiento.
La fórmula de cálculo de las quitas, destaca S&P, da un peso significativo al reparto de la población, pero también incorpora otras variables como el "esfuerzo fiscal", en términos de aumentos de la presión del IRPF; e infrafinanciación de los territorios. El volumen de condonación previsto es "significativo para todas las regiones", aunque supondrían "distintos niveles de alivio" dada su dispar situación. Así, el Estado asumiría cerca de la mitad de la carga de deuda de regiones como Canarias o Andalucía, pero solo el 19% de la de las regiones más endeudadas, caso de Cataluña y Comunidad Valenciana, ilustra el documento.
"En nuestra opinión, la intensidad del apoyo no se correlaciona directamente con los niveles relativos de financiación" existentes, destacan los analistas, recordando que la mejora para las regiones se materializará progresivamente según se vayan produciendo los vencimientos. Además, apuntan, sigue sin estar claro cómo se asistiría a regiones sin deuda con el Estado, como Madrid.
"La medida se ha vuelto políticamente controvertida, con varias regiones anunciando su oposición, al igual que el principal partido de la oposición a nivel nacional, el Partido Popular, que gobierna en la mayoría de regiones", destaca S&P, que ya daba por hecha, en todo caso, la aprobación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el voto ponderado reservado para Hacienda hacía que solo necesitase el apoyo de una región para sacarla adelante.
Aprobación, en duda
Con todo, desde la agencia de calificación de riesgos cuestionan que la medida vaya a terminar siendo aprobada. El proyecto, recuerdan, implica "un largo proceso" que, tras su aprobación ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, requiere la aprobación de un anteproyecto de ley por parte del Consejo de Ministros; "la emisión de varios informes obligatorios por diferentes instituciones"; el visto bueno definitivo del Gobierno para su remisión al Parlamento; y el respaldo allí de una mayoría absoluta a la reforma de la Ley Orgánica de Estabilidad Financiera. Finalmente, agrega, será cada región quien deba solicitar su adhesión voluntaria a la condonación.
El propio Gobierno admite que el proceso podría alargarse, al menos, hasta finales de 2025 y S&P apostilla que eso sería "siempre que no surjan dificultades políticas". Obstáculos previsibles en vista de que Junts ha cuestionado ya su apoyo a un plan que considera "café para todos" y que fue una cesión del Gobierno a ERC.
En consecuencia, S&P descarta modificar aún sus calificaciones autonómicas, si bien asume que de acabar aprobándose, "es probable" que la nota de las regiones beneficiadas pasen de un tono "neutral a positivo".
Reforma del sistema
Sin embargo, concluye el análisis, la quita de la deuda autonómica "solo aborda las consecuencias de desequilibrios presupuestarios previos". "Sin una reforma estructural del sistema de financiación regional, la absorción de deuda solo podría mejorar temporalmente la situación de las regiones, pero no evitaría nuevos déficits", advierten sus analistas.
Más allá, desde la agencia crediticia señalan que la iniciativa "también podría generar un problema de riesgo moral al reducir los incentivos de las regiones para controlar el crecimiento de la deuda, ante la expectativa de medidas similares en el futuro" que alivien la situación de las cuentas peor gestionadas.
FUENTE: RIPE - EXPANSIÓN
