Contexto
¿Por qué el Gobierno quiere limitar la compra de viviendas por extranjeros no residentes?
El objetivo principal es combatir la emergencia habitacional y frenar la especulación inmobiliaria. Los extranjeros no residentes compran un número significativo de viviendas cada año, particularmente en zonas costeras, lo que contribuye al aumento de precios y a la dificultad de acceso a la vivienda para los residentes.
¿Cuántas viviendas compran los extranjeros no residentes en España?
En 2023, los extranjeros no residentes adquirieron unas 55.000 viviendas, lo que representa el 62% de las viviendas nuevas construidas en ese año. Esto significa que más de la mitad de las casas construidas terminan en manos de no residentes.
¿Qué tipo de medidas está considerando el Gobierno?
El Gobierno de España planea implementar un recargo fiscal, posiblemente mediante un aumento en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) o un impuesto especial que podría alcanzar el 100% del valor del inmueble. Estas medidas buscan desincentivar la compra de viviendas con fines especulativos.
¿Qué ejemplos internacionales respalda esta propuesta?
El presidente Pedro Sánchez mencionó que países como Dinamarca y Canadá ya aplican restricciones similares. En estos casos, las medidas han buscado proteger el acceso a la vivienda para los ciudadanos locales y residentes permanentes.
¿Qué regiones de España serían más afectadas?
Zonas como Baleares, Comunidad Valenciana, Canarias, Murcia, Cataluña y Andalucía, donde las compras de extranjeros representan una parte significativa del mercado inmobiliario, experimentarían un mayor impacto.
¿Quiénes serán los más afectados?
Los británicos, debido a su condición extracomunitaria tras el Brexit, lideran las compras de extranjeros no residentes y serían los más impactados. También se verían afectados compradores de Rusia, China, y los de América Latina, entre los que se encuentran argentinos, uruguayos, colombianos, venezolanos y mexicanos no residentes.
¿Cómo reaccionan las comunidades autónomas a esta medida?
Dado que el ITP es gestionado por las comunidades autónomas, estas podrían adaptar o limitar su aplicación.
Algunas regiones gobernadas por partidos de oposición podrían resistirse a implementar el aumento fiscal propuesto por el Ejecutivo central.
Cómo sigue
El Gobierno continuará definiendo los detalles técnicos de la medida, buscando cumplir con la legislación europea que prohíbe discriminar a ciudadanos de la Unión Europea.
El Parlamento será clave para aprobar la propuesta, lo que podría enfrentar resistencias tanto políticas como regionales.
En paralelo, se espera un impacto inmediato en las decisiones de compra de extranjeros, con posibles paralizaciones ya derivadas del anuncio de la medida.
Las discusiones con las comunidades autónomas serán cruciales, ya que su colaboración determinará el alcance real de la política.
En el plano internacional, las reacciones de mercados como el británico y el ruso podrían influir en el debate y la implementación final del plan.
