La reciente decisión del Ayuntamiento de Barcelona de abandonar X reaviva el debate sobre el rol de las instituciones públicas en las redes sociales.
Desde su adquisición por Elon Musk en 2022, la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, fue objeto de polémicas relacionadas con la moderación de contenido, el discurso de odio y la propagación de desinformación.
Estos factores llevaron a varios países y gobiernos a abandonar o restringir oficialmente el uso de esta red social. El último en hacerlo fue el Ayuntamiento de Barcelona.
En agosto de 2024, el Tribunal Supremo de Brasil ordenó la suspensión inmediata de X. Según el juez Alexandre de Moraes, la plataforma se había convertido en un espacio que "facilitaba el extremismo y el discurso antidemocrático".
Esta decisión se produjo después de que Elon Musk se negara a acatar órdenes judiciales que exigían el bloqueo de perfiles vinculados al bolsonarismo. La medida generó una migración masiva de usuarios brasileños a alternativas como Bluesky.
El gobierno venezolano anunció en 2024 una prohibición indefinida de X, acusando a la plataforma de incitar al odio y promover discursos contrarios al gobierno. Este movimiento se enmarca en una política más amplia de control gubernamental sobre las plataformas digitales en el país.
Tras el inicio de la invasión de Ucrania en 2022, el gobierno ruso comenzó a limitar el acceso a Twitter, una medida que ha continuado tras su rebranding como X. Según Moscú, la plataforma es una herramienta de desinformación occidental que socava los intereses nacionales.
Desde 2009, China bloquea el acceso a Twitter (ahora X). El gobierno mantiene un estricto control sobre las plataformas de redes sociales, favoreciendo alternativas locales como WeChat o Weibo, que están bajo su supervisión directa.
En el mismo año que China, Irán prohibió Twitter como respuesta a las protestas postelectorales. El gobierno sigue considerando la plataforma una amenaza, al ser utilizada para organizar manifestaciones y difundir contenido opositor.
En Corea del Norte, donde el acceso a internet está severamente restringido, X no solo está prohibido, sino que es prácticamente desconocido para la mayoría de los ciudadanos. Solo una pequeña élite tiene acceso controlado a internet.
Similar al caso de Corea del Norte, Turkmenistán prohíbe X como parte de su estrategia de censura y control absoluto sobre la información que circula en línea.
La reciente decisión del Ayuntamiento de Barcelona de abandonar X reaviva el debate sobre el rol de las instituciones públicas en las redes sociales. Mientras que algunos gobiernos buscan restringir o eliminar el acceso a la plataforma, otros argumentan que estas decisiones limitan la libertad de expresión.