Joe Biden ha caído en la trampa de Raúl Castro

Hasta el momento, los excarcelados han recibido libertad condicional, lo que quiere decir que en cualquier momento durante el tiempo restante de la sanción prevista podrían volver a prisión, si así lo considera la autoridad, con lo que siguen siendo reos a merced de los designios de la dictadura en Cuba.

Esta negociación entre el Gobierno de Estados Unidos y el régimen de La Habana, facilitada por la mediación del Vaticano, se llevó a cabo de espaldas a las fuerzas democráticas y a la sociedad civil cubanas.

Ni siquiera los familiares de los presos políticos o la Iglesia Católica cubana conocían lo que estaba ocurriendo.

Aún a estas horas, la mayoría de las familias de los presos desconocen qué sucederá, lo que muestra el desprecio por parte de los negociadores —la saliente administración de Joe Biden, el Vaticano y el régimen castrista— de la mayoría oprimida que ha decidido oponerse a la tiranía, y que se ha organizado como sociedad civil y oposición política. Un gesto que sería inconcebible e inaceptable en cualquier país del mundo.

Entre las concesiones otorgadas al castrismo por Biden se encuentra la exclusión del régimen cubano de la lista de países patrocinadores del terrorismo; la suspensión del Capítulo III de la Ley Helms-Burton, y el levantamiento de restricciones a empresas vinculadas con el conglomerado militar GAESA, directamente asociado al Ministerio del Interior, a las Fuerzas Armadas y a las sistemáticas violaciones de derechos humanos.

El impacto de estas medidas polémicas

Ser incluido en la lista de países patrocinadores del terrorismo tiene un peso simbólico y práctico significativo.

Reconoce al régimen como un actor que promueve o facilita actividades terroristas, lo cual refuerza su aislamiento internacional y limita su capacidad de acceder a recursos financieros y apoyo diplomático.

La exclusión de esta lista no solo desdibuja la responsabilidad del régimen en actividades como el apoyo a grupos insurgentes en América Latina como las FARC y el ENL, así como el amparo de criminales internacionales, sino que también envía un mensaje peligroso: las violaciones flagrantes pueden ser ignoradas en aras de la "diplomacia".

Al ser eliminado de esta lista, el régimen cubano recupera el acceso a instituciones financieras internacionales y mejora su posición ante posibles inversiones extranjeras.

Esto ocurre en un momento en el que su economía está al borde del colapso, no por el embargo estadounidense, como intenta argumentar la propaganda oficial, sino por la corrupción endémica, la mala gestión y la represión brutal que bloquea cualquier iniciativa ciudadana.

Este alivio financiero es una tabla de salvación para un sistema que se tambalea, pero que no duda en utilizar estos recursos para reforzar su aparato represivo.

El Capítulo III de la Ley Helms-Burton permite a los ciudadanos estadounidenses, incluidos los cubanos nacionalizados, demandar a empresas extranjeras que se beneficien de propiedades confiscadas por el régimen tras 1959.

Su suspensión garantiza la impunidad de las expropiaciones realizadas sin compensación, un acto de despojo masivo que afectó a miles de familias y empresas.

Al suspender esta disposición, el Gobierno de Estados Unidos facilita que los oligarcas cubanos y sus socios extranjeros continúen explotando propiedades confiscadas sin temor a consecuencias legales.

Esta medida no solo perpetúa una injusticia histórica, sino que también premia a un régimen que ha utilizado estas propiedades como base para enriquecer a una élite privilegiada, mientras la mayoría de los cubanos vive en la pobreza.

Además, fortalece el control del Estado sobre los sectores estratégicos de la economía, como el turismo, gestionado mayoritariamente por empresas militares, y perpetúa la exclusión de los ciudadanos cubanos de participar en su propia economía.

Un conglomerado militar al servicio del régimen cubano

El conglomerado militar GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.) es el eje económico del régimen cubano. Controla una amplia gama de sectores, desde el turismo y el comercio minorista hasta las telecomunicaciones y la banca.

GAESA no es una entidad económica convencional, es una herramienta del aparato militar y represivo. Su funcionamiento financia actividades que incluyen la vigilancia masiva, la represión de disidentes y el control social.

El levantamiento de restricciones a las empresas vinculadas con GAESA permite que estas continúen operando en el mercado internacional sin obstáculos, atrayendo inversiones y divisas que serán utilizadas para mantener el status quo represivo.

Esto no solo perpetúa las violaciones de derechos humanos, sino que también bloquea cualquier posibilidad de empoderamiento económico para la ciudadanía cubana.

En un contexto donde las pequeñas empresas privadas enfrentan restricciones asfixiantes, fortalecer a GAESA equivale a reforzar el monopolio estatal-militar sobre la economía.

Estas tres concesiones no son gestos aislados; son un salvavidas político y económico para un régimen que enfrenta un descontento popular sin precedentes.

En lugar de debilitarlo, lo refuerzan en su capacidad para reprimir y controlar. En un momento en que las protestas en Cuba han demostrado la voluntad del pueblo de luchar por su libertad, estas medidas internacionales socavan directamente sus esfuerzos.

Además, estas concesiones tienen implicaciones más amplias para la región. Refuerzan la influencia de un régimen que ha exportado su modelo de represión y control a otros países de América Latina, como Venezuela y Nicaragua.

A la vez que envía una señal preocupante a otros regímenes autoritarios: la presión internacional puede ser neutralizada mediante negociaciones que ignoran a las víctimas y priorizan los intereses geopolíticos.

De nuestras parte, recibiremos a los presos políticos excarcelados con los brazos abiertos, y no perderemos de vista que las excarcelaciones no pueden convertirse en el pretexto para justificar acuerdos que perpetúen el ciclo opresor de la tiranía y su permanencia en el poder. La libertad no es una concesión del régimen.

Mientras el saliente gobierno de Estados Unidos negocia en nombre de la estabilidad, la sociedad cubana sigue enfrentando una dictadura que utiliza la represión como su principal herramienta de control.

Los gobiernos y las organizaciones internacionales deben comprender que negociar con dictaduras no es un camino hacia la paz y la estabilidad.

No se trata solo de liberar a un grupo de presos políticos, sino de garantizar que no haya más detenciones arbitrarias, que las violaciones de derechos humanos no queden impunes y que la sociedad civil tenga el espacio para construir su futuro.

Los cubanos seguiremos dando la pelea. Sabemos que la libertad no se regala ni se negocia, la libertad se conquista. No serán los designios de Washington o de Bruselas, ni las concesiones del régimen lo que defina el destino de Cuba.

(*) Carolina Barrero vive en Madrid: es historiadora, y activista por la libertad en Cuba. Esta columna se publico en Diario de Cuba.