La respuesta estaba clara después de escuchar su intervención. Sánchez fue al Congreso, como resumió el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, a contar “una milonga” porque su “mujer está investigada” y necesita buscar apoyo de francotiradores de su coalición “progresista” (socialistas, comunistas, independentistas y defensores de ETA) para apuntar y disparar contra lo que llama pseudomedios o tabloides digitales.
¿Cuáles son? Los que han denunciado los casos de corrupción y tráfico de influencias que le imputan a Begoña Gómez, la consorte que ya conoce lo duro que es sentarse en el banquillo de los acusados.
Es la misma persona por la que la Complutense le ha pedido al juez que aclare si cometió un delito al patentar como propio un software de la Universidad.
Para ellos es el “plan de acción” de Sánchez. Para esos medios que también destaparon los puestos a dedo, sin dar un palo al agua ni hacer acto de presencia en un despacho inexistente en la Diputación de Badajoz, a David (Sánchez) Azagra, alías de su hermano que vive en Portugal (lo del cargo en el Real también tiene tela).
En definitiva, la “propuesta” del Presidente era y es para esos “pseudomedios” que, a pulmón y con periodistas que cumplen con su trabajo, desenmascararon los negocios sucios del Ejecutivo hasta con la venta durante la pandemia de mascarillas inservibles, por toneladas, a administraciones regionales del PSOE.
El paraguas de la Unión Europea
“Europa, Europa.. la Comisión europea, Bruselas, Estrasburgo …”. Sánchez se escudó en la Unión Europea para justificar ese plan de censura y de acoso y derribo contra la prensa que publica documentos con las huellas dactilares de Begoña Gómez -en forma de firma de su puño y letra-, contra los que reproducen archivos y sirven en bandeja a los jueces las pruebas para que la justicia española no pierda el juicio y cumpla con su obligación.
Pero los tiros en Europa van en otra dirección. La UE lo que tiene, con la larga mano cibernética de Vladimir Putin en el objetivo, es un reglamento que España y todos los países miembros tienen que cumplir y por cierto, está en vigor. No hace falta añadir más.
Pedro Sánchez emuló al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, al distinguir entre medios buenos y malos, y señaló los castigos que tiene preparados y que pretende imponer a todas las comunidades autónomas (en la mayoría gobierna el Partido Popular). Punto y final a la financiación oficial que no cumpla con sus requisitos.
Dio pistas, pero no los concretó, aunque es fácil adivinar: los medios que no respondan a sus gustos, ideología y necesidades. El modelo recuerda también al que intentó Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, apuesta frustrada finalmente por la Corte Suprema de Justicia argentina.
En estos tiempos, el presidente Javier Milei se encuentra abocado a reconvertir la agencia oficial Telam (la Efe argentina), y la televisión pública en otra cosa. En paralelo, metió la motosierra a la "pauta oficial" de los medios y no renovó la acreditación en Casa de Gobierno de algunos periodistas que le resultan "incómodos" como la experimentada profesional Silvia Mercado.
En ese contexto, Pedro Sánchez reclamó unas estadísticas de circulación en el ciberespacio fiables que es lo mismo que decir de su confianza. Y en esa línea, anunció como novedad que pretende “reforzar” lo que ya existe: los delitos de derecho al honor, rectificación, calumnias e injurias.
La oposición pensó mal y probablemente acierte: por ese camino pretende anular los delitos de injurias a la Corona a la que vacía de contenido en cuanta ocasión tiene. Una última observación que nadie discute: la propiedad de los medios debe ser clara, pública y transparente.
“Hegemonía”, “mentiras” y otros términos conocidos cuando la viuda de Néstor Kirchner cocinaba en la Argentina durante el año 2013 su ley de medios, un traje a medida para liquidar al grupo Clarín, se atravesaban en el “sermón” (expresión de Alberto Núñez Feijóo) de Sánchez que amplió el repertorio con la denuncia de, “técnicas de desinformación”, la fábrica de “bulos”, (expresión de Umberto Eco, al que no citó, pero sí mencionó a Ryszard Kapuscinski) y las “fake news”.
Todo lo malo lo vinculó a “la ultraderecha”, a “los enemigos de la democracia”.
Porque toda esa escenificación en el Congreso era, se supone, para mejorar la democracia mientras sacudía al Partido Popular y a Vox con este y otros asuntos.
Los carnets de contabilidad periodística
El cazador que empuñaba el arma de su Plan de Acción por la Democracia se vestía de cordero para abogar por “trasparencia, independencia, pluralismo y protección” e insistir, falazmente, en que todo “nos lo demanda Bruselas”.
Inmune a la realidad que le beneficia Sánchez llegó a pedir de lo que más tiene, que “no haya partidos políticos que compren líneas editoriales con el dinero de todos los contribuyentes”.
La oposición le recordó que al frente de la agencia Efe ha colocado al secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, que censuraba las preguntas de los periodistas durante la pandemia y en RTVE a la militante socialista Concepción Cascajosa.
Como si los españoles estuvieran cortos de inteligencia advirtió que son incapaces de “diferenciar los medios de los que no lo son” y que ahora no distinguen entre verdad y mentira, como no se distingue “la lejía en un balde de agua”.
Sánchez dijo: “La intención del gobierno no es repartir carnets de fiabilidad entre unos y otros medios”. De nuevo la sombra del carnet de la patria de Nicolás Maduro sobrevoló.
Este Pedro Sánchez, impertérrito cuando le reprochaban sus contradicciones, “mentiras” y “difamaciones” que le recordó el líder del PP, tuvo que tragarse algún que otro sapo y una última verdad de Núñez Feijóo: “El bulo, es usted”.
La retórica o el verso del presidente del gobierno de España vino acompañado de reveses certeros a VOX por prohibir a periodistas críticos su acceso a ruedas de prensa.
También con un tirón de la manta de Núñez Feijóo cuando estaba al frente de la Xunta de Galicia y la televisión gallega se rendía a sus pies.
Toma y daca entre unos y otros y Sánchez, con risotadas, repartía sin acusar recibo de la cuestión de fondo: su intención de imponer una ley mordaza, de las de verdad, y no la que hoy existe.
