La Junta de Extremadura accedió a otorgar una plaza conjunta en una residencia a un matrimonio con Alzheimer, luego de que su hijo, José Hernández, impulsara una campaña en la plataforma Change.org que reunió más de 95.000 firmas para evitar su separación.
"Me han dicho que nos ofrecen una plaza para los dos en la misma residencia y que entrarían de aquí a 15 días máximo", anunció Hernández tras reunirse con la jefa de la Unidad de Atención a las Personas Mayores del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD).
Aunque la residencia no se encuentra en Plasencia, ciudad donde residen, sino a cierta distancia, Hernández destacó que "lo importante es que estarán juntos y se despertarán en el mismo lugar, con mejores cuidados" de los que él puede proporcionarles dada la alta dependencia que presentan.
Una petición por el derecho a envejecer juntos
José Hernández inició la campaña en octubre con el objetivo de modificar los criterios de asignación de plazas en residencias para garantizar que los matrimonios ancianos puedan permanecer juntos.
"Mis padres tienen 84 y 80 años y se cogen de la mano como si tuvieran 14. Cuanto más mayores, más carantoñas", escribió en su petición. "Mis padres tienen 84 y 80 años y se cogen de la mano como si tuvieran 14. Cuanto más mayores, más carantoñas", escribió en su petición.
Desiderio y María Soledad, ambos diagnosticados con Alzheimer, requieren atención las 24 horas. "Mi madre, en cuestión de meses, ha pasado de cocinar y valerse por sí misma a estar inmóvil, incapaz de asearse sola, con la mirada perdida. Es muy duro verles así", explicó Hernández.
Cuando solicitó una plaza en una residencia pública de Extremadura, descubrió que los criterios de asignación valoraban a cada paciente individualmente, sin considerar su vínculo matrimonial. "Podrían asignarles residencias distintas, separándoles en sus últimos años después de haber pasado toda una vida juntos", denunció.
En su investigación, encontró que comunidades como Aragón y la Comunidad Valenciana ya cuentan con normativas que priorizan la reunificación de matrimonios en residencias pública, pero desde el Ministerio de Derechos Sociales aclararon que la decisión depende exclusivamente de cada región de España.
"Quién puede gastar 5.000 euros mensuales"
Hernández explicó que una solución inmediata sería optar por una residencia privada, pero los costos son inaccesibles: "Las plazas costarían cerca de 5.000 euros mensuales. ¿Quién puede gastar eso una vez al mes?", se preguntó.
El pasado jueves, Hernández entregó las firmas recabadas en la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, lo que derivó en una reunión con el SEPAD. Allí, le comunicaron que la administración les otorgaría una plaza conjunta y le dieron un plazo de 48 horas para aceptarla, tras lo cual se iniciarían los trámites administrativos.
A pesar de mostrarse agradecido por la resolución de su caso, Hernández insistió en que el objetivo final es lograr un cambio estructural en la normativa para que ningún otro matrimonio en situación similar tenga que atravesar el mismo proceso burocrático.
"Hay que adaptar la ley para garantizar que, igual que en otras comunidades, Extremadura tenga en cuenta siempre los lazos familiares a la hora de asignar residencias públicas. Esto no termina aquí. Volveremos a hablar con ellos en los próximos días y no pararemos hasta que nos confirmen que la ley nos respalda y que ni una pareja más en Extremadura correrá el riesgo de separarse por culpa de la burocracia", concluyó.
FUENTE: EUROPA PRESS
