A pocos días de la toma de posesión del 10 de enero, Nicolás Maduro ha dejado en claro que, para afianzar su permanencia en la presidencia de Venezuela y revivir la idea de transformación, relanzará el proyecto de las comunas, heredado de Hugo Chávez, y pondrá en marcha una reforma de la Constitución.
A diferencia del plano económico, donde el fracaso de la economía controlada y estatal obligó a relajar controles, en lo político el rumbo es tejer una estructura que aumenta la conexión con la presidencia y debilita a los alcaldes y gobernadores. Además, Maduro se propone acabar con lo que denomina “el viejo concepto de la democracia liberal burguesa occidental, de la democracia de élite”.
De acuerdo con la reforma de la Ley del Poder Popular, aprobada en junio de este año, la comuna es “un espacio socialista” que pretende impulsar el autogobierno. Las comunas están integradas por distintos “consejos comunales”. Su funcionamiento depende de un registro bajo control del gobierno.
“Sobre la base de la organización y reingeniería de todo el proceso de comunas y circuitos comunales, nosotros en el 2026 deberíamos llegar a por lo menos 5.000 comunas consolidadas, organizadas, empoderadas”, puso como meta Maduro el pasado 21 de octubre y explicó que ya están formadas unas 3.500.
Nicolás Maduro - AP.webp
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El plan, adelantó Maduro, es avanzar en un esquema donde las comunas mediante transferencia directa del gobierno administren 70% del presupuesto nacional. En lo inmediato ya se estableció un fondo con 800 millones de dólares, que se destinarán a proyectos elegidos por las comunas.
La ley del Poder Popular contempla que los estados y municipios transfieran funciones de “gestión, administración, control de servicios y ejecución de obras” a las comunas.
No es plural
Abogados consultados señalan que el proyecto no es compatible con la Constitución vigente, ya que no reconoce el principio del pluralismo político, porque la comuna sólo puede ser socialista.
Otro elemento relevante es que la transferencia de dinero y funciones a las comunas debilitará el poder de los alcaldes y gobernadores que son elegidos a través del voto de todos los ciudadanos.
La ONG Acceso a la Justicia advierte en un análisis que “el modelo del Poder Popular sustrae competencias a los municipios, y los nuevos órganos del Estado comunal dependen del Ejecutivo nacional, lo que en realidad aleja el poder del ciudadano y centraliza aún más al país”.
Añade que la idea es “fortalecer la instauración de organizaciones del Poder Popular que actúan bajo la rectoría del Poder Ejecutivo, de quien depende incluso el otorgamiento del registro que permite su funcionamiento”.
El pasado 17 de diciembre Maduro afirmó que “los recursos van directos, sin intermediarios, sin gestores, para que la comunidad construya las obras que necesita, recuperación de escuelas, centros de salud, muros de protección”.
En paralelo
La Constitución vigente, destaca Acceso a la Justicia, no contempla al Poder Popular ni a ninguna de las figuras que crea, como las comunas y los consejos comunales.
La idea de las comunas fue impulsada por Chávez. Después de que el proyecto de reforma constitucional fuera derrotado en las urnas, el ex mandatario optó por introducirlo a través de leyes. De esta forma, creó una especie de Estado paralelo.
Chávez no tuvo tiempo de consolidar el proyecto, pero incorporó a las organizaciones comunitarias a sus campañas electorales, generando una relación estrecha entre el partido y los voceros de las comunidades.
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La idea de las comunas fue impulsada por el fallecido presidente Hugo Chávez
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Líderes opositores en zonas populares indican que Maduro quiere utilizar y reforzar este vínculo para aumentar el control.
“Las comunas son el chavismo en el barrio y están para defender a Maduro y su plan de permanecer en el poder a toda costa, no les importa que sean minoría”, dice un dirigente del partido opositor Primero Justicia en la Vega, una zona de clase baja en Caracas, a El Observador USA.
Economía amorfa
En el plano económico no está claro si el gobierno buscará reimpulsar la idea de nuevas estructuras, pero la reforma de la Ley del Poder Popular contempla como sistema económico a “organizaciones socio productivas bajo formas de propiedad colectiva y propiedad social comunal”.
Además, define al “modo de producción de trabajo asociado” como la “organización de las trabajadoras y trabajadores que se asocian en igualdad de condiciones, basado en el esfuerzo propio y la ayuda mutua; toman decisiones democráticamente para producir y distribuir los excedentes de manera equitativa entre las trabajadoras y trabajadores directos y el resto de la sociedad”.
Acceso a la Justicia señala que “las autoridades no han renunciado a la idea de imponer un sistema socialista, a pesar de las medidas liberalizadoras que han aplicado en los últimos años en la economía y que han permitido superar la hiperinflación o acabar con la escasez de alimentos y medicinas”.
Otra Constitución
Maduro se dispone a impulsar a su vez una reforma de la Constitución. El pasado 19 de diciembre afirmó en un acto político que creó “un equipo con grandes asesores internacionales y nacionales para pensar junto a nuestro pueblo en una gran reforma constitucional que democratice aún más la sociedad venezolana”.
No ha añadido detalles, pero lo previsible es que el proyecto intente introducir el concepto de Poder Popular y comunas. Al mismo tiempo, buscaría centrar el debate en la reforma y restarle protagonismo a su cuestionada reelección en las elecciones de julio de este año.
Maduro ya utilizó la idea de una reforma constitucional para apuntalarse en el poder. En 2017, en medio de protestas a raíz de que el Parlamento con mayoría opositora elegido en 2015 había sido desconocido en la práctica, convocó a una Asamblea Constituyente que se declaró plenipotenciaria y cesó sus funciones en 2020 sin haber cambiado la Constitución.
La Asamblea Constituyente de 2017 solo tuvo como finalidad sustituir al Parlamento y aprobar una serie de normas, como la ley contra el odio, que aumentaron la represión.
