Las FARC firmaron un tratado de paz en 2016, pero miembros de la organización se negaron a acatarlo. Así surgieron el Estado Mayor Central, que lucha en este momento por el control del Catatumbo y la facción Segunda Marquetalia. El ELN, por su parte, es la guerrilla más antigua del continente y también sufrió una división que dio origen a los Comuneros del Sur.
La defensora del pueblo Iris Marín relató, tras visitar la zona, que "continúan los secuestros y el amedrentamiento contra la población civil. Hay vulneración generalizada del principio de distención, ataques indistintos a combatientes y personas civiles que son señaladas de colaborar con un grupo o con el otro por el simple hecho de ser familiares o personas cercanas".
Petro suspendió el diálogo con el ELN, acusándolo de cometer “crímenes de guerra” en el Catatumbo, un paso que desnuda las grietas en su estrategia para acabar con la violencia en Colombia.
En qué consiste la paz total
Durante la campaña que lo llevó a la presidencia, Petro no hizo mayor énfasis en el tema de la paz. Sin embargo, en su discurso de posesión, lo convirtió en su principal oferta política: “Este es el gobierno de la vida, de la paz y así será recordado”, aseguró.
Para alcanzar la paz total, logró la aprobación de una ley que le permite pactar con los grupos armados a los que se les reconoce un carácter político y cuentan con territorios bajo control. Además, tiene libertad para negociar con organizaciones criminales de alto impacto a fin de lograr su sometimiento a la justicia.
El resultado no ha sido el esperado. El presidente colombiano no ha logrado un solo acuerdo duradero y las cifras desnudan que los grupos armados están extendiendo las operaciones.
En abril de 2024, el mandatario dejó ver su frustración al señalar que “la política de paz, que han llamado paz total —a mí no me gustó mucho el nombre, ahora me lo echan encima— pero la paz total sí, porque es acabar al final con todos los grupos de violencia. Pero es un proceso, un proceso más complejo de lo que creíamos”.
La expansión de los grupos armados en Colombia
El reporte de la organización Human Rights Watch correspondiente a 2024 es enfático al precisar que “los grupos armados siguen cometiendo graves abusos contra la población civil y expandiendo su presencia en todo el país”.
El documento se refiere en detalle a las operaciones del Clan del Golfo, un grupo de crimen organizado cuyos miembros provienen de distintas filas como paramilitares, fuerzas de seguridad y guerrilla. También hace hincapié en las operaciones de las disidencias de las FARC y el ELN.
En junio del año pasado “el Clan del Golfo tenía presencia en 392 municipios; el ELN, en 232; y los grupos disidentes de las FARC, en 299. Estas cifras representan un aumento de aproximadamente el 55 %, el 23 % y el 30 %, respectivamente, en comparación con 2022”, dice el informe de Human Right Watch.
En su estudio ¿Plomo es lo que viene?, la Fundación Paz y Reconciliación indica que el Clan del Golfo, que en su intento de ser considerado un grupo político ha comenzado a llamarse Autodefensas Gaitanistas de Colombia, “estaría compuesto por cerca de 5.000 integrantes, lo que evidencia un crecimiento en más de 1.500 efectivos, comparado con el último informe de inteligencia de 2023”.
Añade que el Clan del Golfo participa en actividades como la minería ilegal, narcotráfico, lavado de activos y el control de los migrantes que cruzan hacia Estados Unidos a través del Darién, cobrando un estimado de 125 dólares a cada migrante por el servicio de seguridad y protección en el trayecto.
Desde enero de 2023 hasta mayo de 2024, precisa el informe, el Clan del Golfo llevó a cabo “cerca de 256 acciones armadas, entre combates, ataques a la fuerza pública y ataques a la población civil”.
En el caso del Estado Mayor Central de las FARC, la Fundación indica que "según un reciente informe de inteligencia, cuenta con 3.480 integrantes, de los cuales 2.149 son personas en armas. Por su parte, la Segunda Marquetalia cuenta con 1.048 hombres en armas y el ELN dispone de 6.000 integrantes dentro de sus filas, de los cuales aproximadamente 1.000 se encontrarían en territorio venezolano".
Las dificultades del plan de paz de Petro
En un principio, el Gobierno logró frenar la escalada de violencia política, pero básicamente se debió al descenso en las hostilidades entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados. Los datos apuntan a que esta medida facilitó la expansión territorial y la competencia entre los grupos armados por el control de las actividades ilícitas.
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Un militar patrulla en las calles de Tibu, Norte de Santander
Schneyder Mendoza / AFP
Tiziano Breda, analista senior para América Latina en el Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED), explica que “varios grupos se han sentado a negociar con el Gobierno y al menos por un período de tiempo ha disminuido la confrontación armada contra el Estado, pero esto ha alimentado la competencia entre los grupos armados para expandirse y debilitar a sus rivales”.
Un elemento importante es que los pactos entre los grupos armados son volátiles. Breda destaca que el ELN y la facción de las FARC que actualmente combaten en el Catatumbo son aliados en la lucha contra el Clan del Golfo en otras zonas del país.
Agrega a la lista de problemas que los conflictos en las distintas zonas están interconectados: “Pareciera que el ELN lanza esta ofensiva en el Catatumbo porque al perder territorio en otras zonas por la expansión del Clan del Golfo busca asegurar su posición en la frontera con Venezuela”, dice el especialista.
La estrategia del Gobierno también influye. “El Gobierno comenzó un diálogo con Comuneros del Sur en el Departamento de Nariño que ha tenido buenos resultados en esa región, pero el ELN lo ha interpretado como un desafío a su autoridad central”, explica.
Ante la pregunta de si el Gobierno busca darle un tratamiento político a grupos armados que se han convertido en bandas criminales, indica que “es difícil dar una respuesta general sobre la naturaleza de estos grupos, falta mucho para entender esa mezcla entre lo delictivo y lo político”.
“Pareciera que hay una situación híbrida donde en estos grupos, dependiendo del nivel de mando y dependiendo de la zona tienen mayor o menor apego a los preceptos políticos e ideológicos de lucha armada”, añade.
Dado que las conversaciones con los grupos delictivos buscan su sometimiento a la justicia, grupos como el Clan del Golfo han buscado un ropaje político. Para Breda, por esta circunstancia es que “ese proceso no ha avanzado en nada”.
A Gustavo Petro le restan un año y diez meses en la presidencia, el tiempo se agota para alcanzar resultados concretos. “Es probable que la libertad de Petro para llegar a acuerdos significativos continúe reduciéndose a medida que se acerque el final de su mandato en 2026”, recuerda el especialista.
