Durante toda la semana, el litio ocupó los titulares de los principales medios de Bolivia. En medio de una fuerte polémica por dos contratos millonarios firmados por el Gobierno con empresas extranjeras, de Rusia y China, para la explotación del recurso, el presidente Luis Arce advirtió que el tiempo para aprovechar el auge del litio se le puede "escapar de las manos" al país. En simultaneo la oposición, organizaciones ambientales y líderes locales cuestionan los proyectos al considerar que pueden generar, además de pérdidas millonarias, impactos en el ambiente a gran escala.
La gran promesa del litio es hace años la esperanza de Bolivia para pasar de ser proveedor de materia prima a un exportador de manufactura. Sin embargo, luego de más de doce años de proyectos, cambios de rumbo en la estrategia y millones de dólares invertidos sin retorno, las negociaciones para la explotación del metal estratégico para la transición energética parecen estar estancadas y según el presidente del país integrante del triángulo con la mayor reserva mundial, Bolivia se queda atrás en la competencia internacional.
Este viernes en un evento en el departamento de Tarija, Luis Arce sostuvo que el surgimiento de nuevas tecnologías puede poner en riesgo la industrialización del litio en el país. "El tiempo del litio se nos puede escapar de las manos. Cuidado que mañana ya aparezcan las baterías de hidrógeno, las baterías de sodio y reemplacen al litio como una fuente fundamental de electricidad", afirmó.
"Hay intereses extranjeros que no quieren que avancemos"
“El litio es de nosotros los bolivianos y queremos industrializarlo para beneficiar a nuestros propios hermanos y hermanas bolivianas", dijo el Presidente en Uriondo al XVI aniversario de la Asociación Departamental de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable de Tarija y lamentó que no se pueda avanzar con el tema.
"Nosotros queremos apurarnos, pero hay intereses extranjeros que no quieren que avancemos", agregó Arce y exhortó "a todo el pueblo" a informarse "debidamente" para tomar las "mejores decisiones" sobre los contratos que el Gobierno firmó con empresas chinas y una rusa para aplicar la extracción directa del litio (EDL) en los salares bolivianos.
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El presidente de Bolivia, Luis Arce.
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En qué situación se encuentran los contratos
El Gobierno asegura que Bolivia tiene una de las mayores reservas de litio en el mundo, estimadas en unos 23 millones de toneladas, según un estudio estatal. La mayor parte de estas reservas están en Uyuni, en la región andina de Potosí, y también hay litio en menor proporción en los salares de Pastos Grandes, en el mismo departamento, y Coipasa, compartido entre el departamento de Oruro y Chile.
El Ejecutivo boliviano, a través de la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), firmó en 2023 acuerdos para la implementación de la tecnología EDL con las compañías chinas CATL BRUNP & MOC (CBC) y Citic Guoan y en 2024 con la empresa rusa Uranium One Group para el diseño y construcción de plantas de carbonato de litio.
El año pasado se formalizaron los acuerdos con Uranium One Group y CBC mediante la firma de contratos que fueron enviados al Legislativo para su análisis y aprobación. La semana pasada, el contrato con el consorcio chino estuvo en el ojo público debido a que fue aprobado en la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados y se preveía que en los próximos días sería tratado en el pleno. No obstante, por el rechazo de organizaciones potosinas y la decisión del Gobierno de socializar el contrato, el presidente del órgano cameral, Omar Yujra, paralizó su tratamiento.
El proceso de "socialización" de los contratos que anunció el gobierno se trata de una serie de exposiciones por parte de representantes de YLB para explicar el contrato y dialogar con ciudadanos y delegados de comunidades potosinas sobre el mismo. Arce aseguró que en la socialización se explicarán “todas las características de los contratos de industrialización, no de regalo”.
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Historia del litio en Bolivia
Ya durante la primera gestión del exmandatario Evo Morales, la construcción de una infraestructura capaz de obtener el litio y el consiguiente desarrollo de una industria que elabore baterías a partir de la materia prima, era una prioridad central para el Gobierno. En ese momento se implementó una infraestructura industrial para producir carbonato de litio a través de un sistema de evaporación solar y en paralelo se creó una planta piloto de cátodos para la elaboración de baterías.
Fue en el año 2012, cuando se construyeron piscinas de evaporación de litio para obtener la materia prima, un proceso que consiste en la evaporación de la salmuera para que se separen los elementos químicos a ser procesados, a unos 85 kilómetros desde el municipio de Colcha K, en Potosí, dentro del Salar de Uyuni. Estos fueron 160 depósitos construidos sobre 22.000 hectáreas, donde además se levantó una planta de cloruro de potasio y una planta de carbonato de litio.
Las fallas que presentaron las piscinas en su diseño, construcción e implementación, hicieron que al momento no todas estén operables. En ese sentido Omar Alarcón, el nuevo presidente de YLB, aseguró que el error estuvo en la concepción del proyecto porque las condiciones del salar de Uyuni, que sufre inundaciones durante una buena parte del año, no son las adecuadas para este sistema porque ralentiza el proceso.
Con el funcionamiento de esas pocas piscinas, Bolivia ahora puede exportar litio, pero no en grado batería sino en una calidad menor, lo que relega también el proyecto de generar manufactura a partir del metal.
A raíz de estos problemas con el sistema de evaporación, en 2021, con Arce ya a la cabeza, el Gobierno decidió cambiar de estrategia y pasó de la tecnología de evaporación a la Extracción Directa de Litio (EDL), que extrae la salmuera a través de un proceso distinto. En ese momento realizó dos convocatorias internacionales para darle un nuevo rumbo a la industria del litio y el año pasado firmó los contratos con el consorcio chino CBC Hong Kong Investment Corporation, cuya casa matriz es la empresa china CATL, la productora de baterías de litio más grande del mundo, y la empresa rusa Uranium One Group. Ambos contratos, frenados en el Legislativo, contemplan la construcción y puesta en marcha de tres plantas y suman una inversión aproximada de 1.030 millones de dólares.
Argumentos en contra
Con manifestaciones por todo el país, pero principalmente en el departamento de Potosí, la oposición, organizaciones civiles y ambientales y dirigentes locales salieron a rechazar los proyectos del Gobierno cuestionando su rentabilidad, la repercusión ambiental y el porcentaje de regalías para el departamento donde se encuentra la principal reserva del metal.
"Quieren aprobar los contratos sin importar lo que pensamos los cívicos, el Gobierno está engañando al pueblo potosino y boliviano, son millones de dólares que van a afectar al país", dijo el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Alberto Pérez, a EFE en medio de las protestas de la semana pasada.
Protestas en Bolivia - EFE.webp
EFE
Más de 50 profesionales de la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí (UATF) realizaron una investigación sobre los contratos con las empresas extranjeras y concluyeron que los proyectos "son inviables y riesgosos financieramente", informó el medio boliviano Erbol.
“Analizando las conclusiones de las diferentes mesas de trabajo, los contratos son inviables hasta que no se supone superen todas Las observaciones y se tomen en cuenta las recomendaciones”, dice el resumen del análisis explicado este lunes por el rector de la UATF, Pedro López.
El informe hace un análisis legal, económico, ambiental y social de los contratos. Sobre la base legal advierte que los contratos vulneran la Constitución Política del Estado por lo que no podrían ser aprobados por la Asamblea Legislativa. Al respecto de la cuestión económica advirtieron sobre “un alto riesgo” debido principalmente a la ausencia de datos claros sobre los costos de inversión y operativos de las plantas que se instalarían para el litio.
Además, sostiene que la ausencia de un estudio de prefactibilidad limita la capacidad de demostrar la viabilidad financiera del contrato y que la vulnerabilidad del proyecto se ve agravada por la fluctuación del precio del litio en los mercados Internacionales.
En el tema ambiental, la UATF observa la falta de mecanismos claros de fiscalización, monitoreo ambiental y gestión de residuos peligrosos, además de que la sobreexplotación del recursos hídrico podría afectar el equilibrio ambiental del Salar de Uyuni. Y en el área social, identificó que “ninguno de los contratos incluye una consulta previa legítima y documentada”, lo cual “podría generar conflictos sociales y resistencia de las comunidades locales”.
