El Salvador cerró el 2024 con la tasa de homicidios más baja en más de diez años. Frente a los 6.656 asesinatos de 2015, este último año el país registro hasta diciembre sólo 114 homicidios, reduciendo el índice en un 98%. Estos resultados llegan en el segundo año completo de estado de excepción que ha dado al gobierno poderes extraordinarios y recortado algunos derechos fundamentales. El presidente Nayib Bukele celebró la noticia y calificó a El Salvador como "el país más seguro del hemisferio occidental".
Las nuevas cifras anunciadas por la Fiscalía General del país centroamericano -inferiores per cápita a las de EE.UU., a pesar de que allí también se ha producido un importante descenso- marcan un notable giro para el país que en su día tuvo la tasa de homicidios más alta del mundo.
En base a tales métodos y estadísticas, el presidente de El Salvador pasó de la izquierda radical a ser el referente de Donald Trump y el ídolo de los conservadores en EEUU
Bukele celebró lo que denominó un logro histórico y aseguró que diciembre se convirtió en el mes más seguro en toda la historia del país. "Si todos los meses del año hubieran sido como este último, la tasa de homicidios sería de 0.2, colocándonos en posición de competir por ser el país más seguro del mundo", publicó en su cuenta de X.
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No todas las naciones habían publicado sus totales anuales de homicidios de 2024, pero el 1,9 homicidios por cada 100.000 habitantes que Bukele dijo que se había logrado lo pondría por debajo de lo que cualquier país latinoamericano había reportado en 2023. Cabe aclarar que el total oficial de El Salvador no incluye los asesinatos de cinco presuntos pandilleros en tiroteos con las fuerzas de seguridad.
Resultados, críticas y abusos del estado de excepción dispuesto por Bukele
En marzo de 2022, las poderosas bandas callejeras de El Salvador mataron a 62 personas en cuestión de horas. El Congreso concedió al gobierno de Bukele un "estado de excepción" solicitado para reprimir a las bandas, que incluía la suspensión de algunos derechos constitucionales y la concesión a la policía de más poderes para detener y encarcelar a sospechosos.
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La puesta en pausa de algunas libertades civiles le permitió a Bukele encarcelar a más de 81.000 pandilleros.
AFP
Los poderes de emergencia permitieron las detenciones masivas y sin cargos, encarcelando a más de 83.000 personas -alrededor del 1% de la población total del país- sin el debido proceso, mientras que al menos 354 han muerto bajo custodia del gobierno. Aunque el gobierno ha liberado a 8.000 detenidos por falta de pruebas, los grupos de derechos humanos afirman que miles siguen encarcelados sin justificación.
"¿Dónde estaban estos grupos de derechos humanos cuando perdíamos 30 salvadoreños al día en nuestro país?". "¿Dónde estaban estos grupos de derechos humanos cuando perdíamos 30 salvadoreños al día en nuestro país?".
A pesar de la preocupación internacional, las mejoras en la seguridad han contribuido a la altísima popularidad de Bukele y sus políticas gozan de un fuerte apoyo interno. Durante años, muchos salvadoreños vivieron atemorizados por las bandas que controlaban franjas del país, extorsionando, matando y reclutando a la fuerza. Reelegido con más del 80% de los votos, Bukele defendió sus medidas de línea dura, preguntando: "¿Dónde estaban estos grupos de derechos humanos cuando perdíamos 30 salvadoreños al día en nuestro país?".
En 2015, El Salvador registró 6.656 homicidios, lo que lo convierte en uno de los países más mortíferos del mundo. En 2023, hubo 214 homicidios. Los avances han planteado inevitablemente la cuestión de si el estado de excepción puede seguir justificándose, a lo que Bukele y sus ministros han respondido oblicuamente que aún no han conseguido todo lo que desean.
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Nayib Bukele pasó de la izquierda radical a ser el referente de Donald Trump y el ídolo de los conservadores en EEUU.
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Organismos como el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana de El Salvador criticaron en el pasado las cifras del gobierno al considerar que no hay certeza de que incluyan las muertes de presuntos pandilleros en enfrentamientos con la policía o las ocurridas bajo custodia estatal.
Grupos como Human Rights Watch y Amnesty International denunciaron 308 muertes, torturas, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso. También señalaron que miles de personas inocentes terminaron en la cárcel sin medio judicial. "140 muertes por año en una población carcelaria de más de 100.000 presos es una tasa a niveles latinoamericanos bajísimas e incluso más baja que la de Estados Unidos", argumenta Bukele.
