La lucha de estos grupos por el control de zonas clave para el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el lavado de activos, entre otras actividades ilegales, deriva en masacres, desplazamientos forzados, homicidios selectivos y el confinamiento de miles de colombianos en sus casas.
Además, la Defensoría del Pueblo ha detectado otros diez focos de emergencia humanitaria en regiones como Chocó, Nariño, Cauca, Tolima, Arauca y Putumayo donde ha cuantificado “el desplazamiento forzado de 5.452 personas, el confinamiento de 11.896 y 27 homicidios”.
“Hemos evidenciado que los reacomodos, fraccionamientos, expansiones y rupturas de pactos de coexistencia entre los grupos armados han provocado graves afectaciones a la población civil”, dice el informe de la Defensoría del Pueblo.
El Gobierno de Petro centró su estrategia en la política de paz total, orientada a alcanzar acuerdos con el ELN y las disidencias de las FARC. Asimismo, pretendía la entrega y sometimiento de las bandas criminales más relevantes del país, con el objetivo de estabilizar y pacificar las regiones afectadas por el conflicto.
Pero el resultado no ha sido el esperado. “El 73% de los municipios del país están bajo la influencia de grupos armados ilegales. En los últimos cinco años, han logrado expandirse y fortalecer su accionar”, dijo la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, en un comunicado.
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En el Catatumbo la lucha por el control territorial entre el ELN y las disidencias de las FARC hasta ahora ha provocado 50.000 desplazados y 60 muertos.
EFE
Guerra entre el ELN y el Clan del Golfo
La Defensoría del Pueblo destaca entre los focos de conflicto la guerra entre el ELN y el Clan del Golfo por el control de zonas del departamento de Chocó, al noroeste del país.
Desde el 4 de febrero, la subregión del San Juan ha sido escenario de enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo, que busca su expansión territorial en la zona”, indica la Defensoría. Agrega que ha recibido reportes que indican que disidencias de las FARC, al mando de alias “Mordisco”, se han unido al Clan del Golfo para combatir al ELN.
La Fundación Paz y Reconciliación, dirigida por León Valencia, experto en el conflicto armado, indica en su estudio "¿Plomo es lo que viene?" con datos al cierre de 2024, que el Clan del Golfo “actúa como holding criminal en tanto es una estructura delictiva que, similar a un holding empresarial, no se dedica únicamente a actividades delictivas operativas, ni su único propósito es la dedicación a rentas ilícitas, sino que gestiona y coordina a diversos grupos delincuenciales”.
El estudio precisa que el Clan del Golfo cuenta con 5.000 hombres y sus actividades incluyen narcotráfico, extorsión, minería ilegal, lavado de activos y “ejercen control sobre la comercialización de medicamentos, licor, madera y crédito informal, tanto a pequeña como mediana y gran escala”.
En regiones donde el estado es débil o tiene poca presencia el Clan del Golfo “llena ese vacío, asumiendo roles gubernamentales y controlando diversos aspectos de la vida social y económica”, dice el informe de la Fundación.
Respecto al ELN el estudio explica que cuenta con 6.000 integrantes, “de los cuales aproximadamente 1.000 se encontrarían en territorio venezolano”.
El enfrentamiento entre el Clan del Golfo y el ELN por el control de zonas del departamento de Chocó ha derivado en suspensión de la navegación en la zona “así como la presencia de minas antipersona cerca de caseríos y escuelas. Hasta ahora, al menos 1.600 personas han sido afectadas por desplazamientos masivos y confinamientos en la región”, dice el informe de la Defensoría del Pueblo.
El pasado 19 de febrero la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, afirmó en un encuentro de mandatarios regionales con el presidente Gustavo Petro que “jamás había visto las vías de mi territorio selladas con banderas y pipetas, con cilindros bomba. Nunca había visto el territorio completo sellado en una crisis humanitaria como la que tengo”.
Explosivos en centros urbanos
En lo que aparenta ser una estrategia para extender el conflicto y complicar la actuación del Ejército y la policía, los grupos armados han comenzado a actuar en centros urbanos como Cúcuta, la ciudad fronteriza con Venezuela.
El pasado 19 de febrero, cinco atentados con explosivos en Cúcuta y su área metropolitana, presuntamente colocados por el ELN, obligaron a las autoridades a declarar el toque de queda. Los explosivos dejaron totalmente inservible un peaje, dañaron sedes de la policía e hirieron a seis personas.
El entonces ministro del interior, Gustavo García, afirmó en un comunicado que aumentaría el número de policías en la zona y pondría en marcha una mayor articulación entre las instituciones para conservar el orden público.
El 25 de febrero una motocicleta cargada de explosivos explotó en la población de Morales, al suroeste del país en el departamento del Cauca, hiriendo a 19 personas. Este atentado fue atribuido por las autoridades a las disidencias de las FARC.
“En este atentado terrorista infortunadamente registramos inicialmente 17 personas heridas, 12 de ellas con afectación por aturdimiento y 5 con afectación por esquirlas, entre ellas una menor de edad”, dijo a Blu Radio el secretario de gobierno del Cauca, Miller Hurtado.
El nuevo ministro de la defensa
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Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, el nuevo ministro de Defensa de Colombia.
Por primera vez en los últimos 33 años un hombre proveniente de las Fuerzas Armadas tomará las riendas del Ministerio de la Defensa. Desde 1991, cuando César Gaviria designó a Rafael Pardo Rueda, un civil, esta había sido la tradición en Colombia.
En medio de los problemas de orden público, Gustavo Petro nombró al general Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, como nuevo encargado de la defensa del país. Para no alterar la línea de mando, ya que 29 generales tienen mayor antigüedad, Pedro Sánchez solicitó la baja.
“El Gobierno tuvo una mano bondadosa con la paz total, buscando que los grupos armados ilegales se reincorporaran a la sociedad. Sin embargo, estos aprovecharon la oportunidad para fortalecerse y expandirse, mientras la Fuerza Pública reducía su ritmo operacional. Cuando la situación explotó, nos encontramos con un enemigo más fuerte y una capacidad de respuesta debilitada”, dijo Sánchez a Blu radio.
“Hay que fortalecer la inteligencia, la contrainteligencia y la capacidad operativa de la Fuerza Pública. También es clave depurar la institución, porque no podemos permitir que existan criminales dentro de la Fuerza”, agregó.
