La Constitución venezolana establece que el próximo período presidencial comienza el 10 de enero de 2025, por lo que este viernes será un día clave para Venezuela. Mientras que Nicolás Maduro se prepara para confirmar su tercer mandato en el Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento unicameral venezolano, su principal rival en las elecciones, Edmundo González Urrutia, exiliado desde septiembre y candidato por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), también anunció que estará presente para reivindicar el cargo.
Más de cinco meses después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, existen dos versiones contradictorias de los resultados: mientras que el Consejo Nacional Electoral (CNE), afín al oficialismo, anunció que Maduro había obtenido la reelección con un 51,95% de los votos, las actas electorales presentadas por la oposición y verificadas por expertos y organizaciones internacionales, advierten que ganó González Urrutia con el 67% de los votos. Frente a este panorama, la toma de posesión de este año se desarrollará en un clima de extrema tensión en el país.
Horas antes del comienzo del acto formal de toma de posesión, el caos envuelve a Venezuela. La ciudad de Caracas, capital del país, se encuentra blindada con presencia policial y militar. La céntrica avenida Urdaneta, la cual conduce al Palacio presidencial de Miraflores, permanece cortada al tráfico vehicular desde hace días y por la zona del Palacio Federal Legislativo, donde tendrá lugar la posesión de Maduro, la seguridad fue reforzada con decenas de uniformados que recorren en motos y patrullas las calles. Las medidas forman parte del "despliegue por la seguridad" anunciado el 2 de diciembre por el coronel Alexander Granko Arteaga, jefe de la Dirección de Acciones Especiales de la Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Habiendo cumplido con el trámite constitucional de jurar su cargo ante los diputados de la Asamblea Nacional, Maduro se prepara para iniciar un controvertido tercer mandato de seis años como presidente de Venezuela, en medio de fuertes dudas y denuncias de fraude avaladas por organismos internacionales sobre la legitimidad de su reelección.
Luego de las elecciones, el presidente del CNE, el exdiputado chavista Elvis Amoroso, proclamó a Maduro como ganador y señaló en el segundo boletín que el mandatario había obtenido 6,4 millones de votos mientras que Edmundo González tendría 5,3 millones. Sin embargo, hasta la fecha el Consejo no publicó ninguna de las actas que respaldarían las cifras anunciadas por Amoroso. Además, la página web oficial del CNE (www.cne.gob.ve) no funciona desde el 29 de julio de 2024, por lo que tampoco hay acceso a los resultados desagregados por mesa electoral.
Por su parte, la oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, recolectó y digitalizó más del 85% de las actas de escrutinio y aseguran que González Urrutia ganó con más de 7,4 millones de votos (67%), mientras que Maduro obtuvo 3,4 millones de votos (30%). La veracidad de las actas fue corroborada por el Panel de expertos electorales de la ONU, expertos electorales de la OEA, el Centro Carter y la organización colombiana Misión de Observación Electoral. Además, medios de comunicación como AP, CNN, The New York Times y The Washington Post realizaron verificaciones independientes. El 8 de enero Machado anunció que la totalidad de las actas recabadas por la oposición habían sido entregadas al gobierno de Panamá para que permanecieran bajo custodia del Banco Nacional de ese país.
El triunfo del PUD fue reconocido por Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Panamá, Perú, y Uruguay, entre otros. Por su parte, México, Colombia, y Brasil no reconocieron a González como presidente electo pero solicitaron al régimen de Maduro que publique las actas que demostraran su triunfo, cosa que no sucedió. Por otro lado, la Unión Europea tampoco ha reconocido a González como presidente electo, pero en diciembre de 2024 sus miembros se comprometieron a utilizar “todos los instrumentos a su disposición para apoyar la democracia y una transición pacífica e inclusiva” en el país.
La oposición prepara una toma de posesión alternativa
Desde la oposición anunciaron que el 10 de enero González Urrutia, quien se encuentra fuera de Venezuela desde septiembre de 2024, se hará presente para celebrar una toma de posesión alternativa, pero no dieron detalles de cómo entrará al país ni cómo se llevará a cabo la ceremonia.
Además, llamaron a marchar el jueves 9 de enero para protestar contra el régimen de Maduro. En la movilización se hicieron presentes miles de venezolanos y varios líderes opositores, entre ellos Corina Machado, quien rompió la clandestinidad de los últimos meses y reapareció en Caracas para encabezar una manifestación.
En medio de las protestas, la oposición denunció que Machado había sido interceptada por chavistas, que la retuvieron a la fuerza y la obligaron a grabar videos. Hora y media después, aseguraron que la líder opositora había sido liberada.
El Comando ConVzla, de la oposición, publicó un comunicado donde aseguraron: "Se la llevaron retenida por la fuerza. Durante el período de su secuestro fue forzada a grabar varios vídeos y luego fue liberada. En las próximas horas ella se dirigirá al país para explicar los hechos".
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En el medio del caos, el chavismo, por su parte, calificó lo sucedido como un "invento" y una "mentira".
El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo: "Querían alarmar a toda Venezuela y al final terminan con la ridiculez de las ridiculeces, mintiendo, diciendo que el gobierno había capturado a María Corina", dijo Cabello en el canal estatal VTV durante una marcha del chavismo. "Ella está loca por que nosotros la capturemos (...). Un invento, una mentira".
Venezuela en estado de alerta hace meses
Venezuela se encuentra hace meses en estado de extrema tensión. En agosto de 2024, tras las protestas que ocurrieron posterior a la elección presidencial, el gobierno de Maduro afirmó que había 2.229 arrestados y anunció la creación de cárceles de “reeducación”. De acuerdo con los datos de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, para agosto de 2024, la cifra alcanzaba los 2.400.
Desde entonces se han llevado a cabo algunas excarcelaciones, pero según datos de Foro Penal, organización de abogados que defienden a presos políticos en Venezuela, para el 30 de diciembre de 2024 todavía había 1.794 presos políticos en el país.
De acuerdo con un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicado el 7 de enero, "antes, durante y después de la elección presidencial del 28 de julio, el régimen implementó una estrategia represiva coordinada, con tres etapas, para perpetuarse ilegítimamente en el poder". La CIDH afirmó que "se ejecutaron prácticas de terrorismo de Estado que tuvieron como propósito impedir la participación política de la oposición, obstaculizar el desarrollo de una contienda electoral libre, justa, competitiva y transparente, y sembrar terror en la ciudadanía". Hechos que, según el informe, sólo pudieron llevarse a cabo, sin ningún control, debido a la cooptación de los distintos poderes del Estado, registrada en las últimas dos décadas.